La Fiscalía ve indicios de delito en la gestión de la carretera del Norte

El Ministerio Fiscal ha asumido las tesis del Grupo Parlamentario Podemos Canarias y ha acordado presentar denuncia contra el exconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en el periodo de 2011 a 2015, Domingo Berriel (CC), como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación, al tiempo que ha solicitado su declaración en calidad de investigado. Así lo aseguró ayer el diputado Manuel Marrero, de Podemos, que en marzo de 2018 presentó una denuncia en nombre de su grupo parlamentario en relación con las irregularidades detectadas en la obra de la carretera del Norte de La Palma (C-830).

Según Marrero, “tras la solicitud por parte de la Fiscalía de los correspondientes expedientes administrativos a la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, el Ministerio Fiscal ha observado que estas irregularidades pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”. Al respecto, la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, afirmó que “con esto queda demostrado que CC ha hecho de la corrupción una forma de gobierno”.

Opacidad

En parecidos términos, Marrero incidió en que “cuando un Gobierno, como el actual, que preside Fernando Clavijo, y como los anteriores de CC, no es transparente con el ejercicio del dinero público, y desde el Parlamento se pide información y no la remite, es un Gobierno obstruccionista”. Hay que recordar que Podemos también solicitó en la denuncia que se pudiera incluir en la investigación de la Fiscalía al actual responsable del área, Pablo Rodríguez, por haber dejado caducar el expediente de oficio por nulidad, algo que no ha estimado la Fiscalía.

Según recogía la denuncia, el contrato fue adjudicado el 7 de mayo de 2007 a la UTE Acciona Infraestructuras-Horpa-Lopesan asfaltos y construcciones por 32,4 millones y un plazo de ejecución de 40 meses, con inicio de las obras en agosto.

Posteriormente, el 22 de marzo de 2010, el órgano de contratación autorizó un primer modificado que elevaba el presupuesto hasta los 38,8 millones (el 19,8% más), y el 23 de noviembre de 2011 se adjudicaron a la misma UTE obras complementarias por el sistema de negociado sin publicidad por importe de 15,4 millones.

Según la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, este no era el procedimiento adecuado y sería nulo de pleno derecho, ya que había una modificación clara del contrato inicial.

De hecho, el 31 de mayo de 2012 se autoriza la redacción de un segundo proyecto modificado -aprobado finalmente el 16 de junio de 2014- que reduce el ámbito de la obra el 33,2%, de los 23,5 kilómetros iniciales a 15,7 kilómetros, si bien el presupuesto se mantiene igual y el plazo límite de finalización de obras, en el 31 de diciembre de 2014.

Así, según un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la suma de los dos proyectos modificados más las obras complementarias suma un sobrecoste del 67,4%, se han fijado precios incorrectos y “no es posible” analizar la relación entre las obras y su abono. “De todo ello se extrae la conclusión de que las distintas modificaciones no debieron ser aprobadas y que lo correcto hubiese sido la resolución del contrato y la realización de otro concurso acorde a un nuevo proyecto de obra”, reza el informe.

No obstante, analizado el expediente por el diputado Marrero, se constata que lo que se ha pagado finalmente por esta obra reducida en un tercio se eleva al 96,5% del presupuesto inicial. “Estamos satisfechos de que el Ministerio Fiscal haya confirmado que íbamos en la dirección adecuada en nuestros indicios, porque el dinero público es sagrado y su uso debe ser transparente y no se puede malgastar”, concluyó Marrero.