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La Ley de Servicios Sociales entra en vigor sin recursos para poder aplicarla

Teresa Cruz (PSOE) y Pepa Luzardo (PP) lamentan que el Gobierno de Canarias haya guardado en la gaveta esta norma desde el 26 de marzo, fecha en la que se aprobó por unanimidad en el Parlamento
Teresa Cruz (PSOE) y Pepa Luzardo (PP) lamentan que el Gobierno de Canarias haya guardado en la gaveta esta norma desde el 26 de marzo, fecha en la que se aprobó por unanimidad en el Parlamento
Teresa Cruz (PSOE) y Pepa Luzardo (PP) lamentan que el Gobierno de Canarias haya guardado en la gaveta esta norma desde el 26 de marzo, fecha en la que se aprobó por unanimidad en el Parlamento
Teresa Cruz (PSOE) y Pepa Luzardo (PP) lamentan que el Gobierno de Canarias haya guardado en la gaveta esta norma desde el 26 de marzo, fecha en la que se aprobó por unanimidad en el Parlamento

La Ley de Servicios Sociales de Canarias, que incorpora mejoras tales como la modificación de la normativa por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o las relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con su consiguiente entrada en vigor. Sin embargo, la citada ley que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Canarias el pasado 26 de marzo, había sido dejada en la gaveta por el Gobierno desde entonces.

Así lo denuncian tanto la diputada del PSOE Teresa Cruz como la diputada del PP, Pepa Luzardo. La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “leyes que se aprobaron en ese mismo pleno se han publicado en el BOC con mucha más celeridad, lo que ha provocado la inquietud de todos los colectivos afectados”.
Cruz reconoció que “no sabemos a qué obedece esa demora, aunque todo hace indicar que el Gobierno canario actual ha dejado en el tejado del próximo Ejecutivo que salga de las urnas ponerla en funcionamiento, porque tenían que hacer desembolsos económicos, por ejemplo, en el nuevo perfil de la PCI y en las personas dependientes, y puede ser que los fondos de la comunidad autónoma ahora mismo en el área social sean escasos”.

La diputada insistió en que “los socialistas estaríamos orgullosos de ponerla en marcha y no demorarla ni un segundo más, haciendo las modificaciones presupuestarias pertinentes para asumir desde el minuto uno la entrada en vigor de esta ley”.

En la misma línea se mostró la diputada del PP Pepa Luzardo quien remarcó al DIARIO que “hay que hacer una serie de adaptaciones, incluso transitorias, porque ahora a la PCI se le quita el límite temporal y hay familias con menores a su cargo que la podrían solicitar”, por lo que “hay que darle la información a las familias sobre este proceso de cómo se va a hacer y es obvio que la partida presupuestaria del Gobierno de Canarias también tendrá que adaptarse”.

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno de Canarias tiene los fondos necesarios, Luzardo enfatizó que “la propia consejera lo ha reconocido porque hay que hacer esas modificaciones y no se podrá hacer sobre la marcha y eso es evidente”.

Versión oficial

Por su parte, La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido (CC), explicó ayer que la entrada en vigor de la nueva Ley supone, entre otras medidas, que en torno a 11.000 familias con hijos a cargo que cumplan los requisitos contemplados en la PCI podrán solicitar la permanencia en el sistema.

Tras la publicación de la Ley en el BOC se abre un periodo de generación de las disposiciones transitorias para regular la aplicación de la nueva normativa, así como de adaptación de los aplicativos y gestores informáticos compartidos con los ayuntamientos y procedimientos administrativos y presupuestarios necesarios para hacer efectiva su aplicación. Este proceso, según puntualizaron tanto Luzardo como Cruz se pudo haber llevado a cabo en estos dos meses que han pasado desde su aprobación.

Ayer se constituyó la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Esta comisión tiene como misión avanzar en los diferentes reglamentos previstos, así como establecer un calendario de trabajo.

Según Cristina Valido, “la entrada en vigor de la nueva Ley nos permitirá mejorar la calidad en la prestación de los servicios y ampliar la cifra de personas y familias atendidas, así como ampliar el perfil de ciudadanos que podrían ser beneficiarios de la PCI”.

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