El Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado viernes la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. La Ley, que ya tenía asignación presupuestaria en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2019, supone, entre otras medidas, que “en torno a 11.000 familias con hijos a cargo, que cumplan los requisitos contemplados en la Prestación Canaria de Inserción, podrán solicitar la permanencia en el sistema”, confirmó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, que se mostró sorprendida por las declaraciones de las diputadas Pepa Luzardo (PP) y Teresa Cruz (PSOE), quienes criticaron que el Gobierno de Canarias haya guardado en la gaveta la norma desde el 26 de marzo, fecha en la que fue aprobada en el Parlamento, y aseguraron que el Ejecutivo carece de recursos para aplicarla. Valido cree que es “muy feo que las dos traten de desprestigiar el trabajo enorme de los profesionales del Parlamento para ordenar y pulir la ley sin generar posteriores problemas de carácter jurídico”. La consejera cree que “con sus declaraciones, Luzardo y Cruz han puesto en tela de juicio a los servicios jurídicos del Parlamento sin sonrojarse, a sabiendas de que la Ley tenía numerosas modificaciones que había que perfilar antes de que fuera publicada en el BOC”.
“Tras la publicación de la Ley en el Boletín Oficial de Canarias, se abre un periodo de generación de las disposiciones transitorias para regular la aplicación de la nueva normativa, así como de adaptación de los aplicativos y gestores informáticos compartidos con los ayuntamientos y procedimientos administrativos y presupuestarios necesarios para hacer efectiva su aplicación”. No obstante, la consejera recordó que en el presupuesto de 2019 había una partida de 56 millones de euros para su desarrollo.
El viernes quedó constituida la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Esta comisión tiene como misión avanzar en los diferentes reglamentos previstos así como establecer un calendario de trabajo.
Además, las diferentes direcciones generales deberán desarrollar las instrucciones transitorias dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en el propio marco normativo de la Ley, de tal forma que se garanticen los derechos de las personas y de las entidades en el ámbito de esta normativa.
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