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El Consejo de Estado, en contra de aforar en casos como el de Clavijo

Ya el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) impulsó en 2018 un anteproyecto para reformar la Constitución y limitar el aforamiento a “delitos cometidos en el ejercicio de su cargo”
Informe del Consejo de Estado sobre la abortada reforma constitucional del Ejecutivo central sobre los aforamientos. DA
Informe del Consejo de Estado sobre la abortada reforma constitucional del Ejecutivo central sobre los aforamientos. DA
Informe del Consejo de Estado sobre la abortada reforma constitucional del Ejecutivo central sobre los aforamientos. DA

El uso que pretende dar el expresidente de Canarias Fernando Clavijo a su aforamiento como senador, cargo para el que será nombrado hoy en el Parlamento de Canarias, está radicalmente en contra del parecer que, sobre este asunto, tiene el Consejo de Estado, que ya informó sobre este tipo de casos el año pasado a raíz de un anteproyecto de ley promovido desde el Gobierno de Pedro Sánchez (España) y que finalmente no se convirtió en parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente al decaer la anterior legislatura.

En concreto, lo que el Consejo de Estado reprueba es que no se limite el aforamiento a “delitos cometidos en el ejercicio de su cargo”, como es el caso de Clavijo, quien en la actualidad está imputado (ahora investigado) por el llamado caso Grúas, que versa sobre delitos que presuntamente cometieron Clavijo y otros cuando el coalicionero era alcalde del Ayuntamiento de La Laguna (2014).

Aunque los dictámenes del Consejo de Estado solo son vinculantes cuando así lo disponga expresamente la ley, lo cierto es que se trata del organismo asesor más importante que existe en España, a tal punto que, después de que emita su informe el Consejo de Estado, siempre se trata del último trámite, el que concluye la tramitación del expediente, tal y como se contempla en el artículo 2.2, párrafo tercero de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Tras el mismo, solo cabe la resolución por parte de la autoridad consultante, que, además, tiene que especificar si se está conforme con el dictamen del Consejo de Estado o si se aparta de él (artículo 2.2, párrafo quinto de la ya citada Ley Orgánica del Consejo de Estado).

Retornando al caso que nos ocupa, cuando el Consejo de Ministros requirió un informe al Consejo de Estado sobre la limitación de los aforamientos (lo cual era preceptivo, al tratarse de una futura reforma constitucional que afectaría a los artículos 71, apartado 3, y 102, apartado 1, de la Carta Magna), la repuesta no pudo ser más clara, y se recogió en un escrito aprobado en Pleno reunido el 18 de noviembre de 2018.

En sus conclusiones, los miembros del Consejo de Estado proponen al Gobierno de España que la redacción del anteproyecto de ley para limitar los aforamientos en España incluya esta nueva redacción en la Constitución: “En las causas contra diputados y senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Respecto a cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora, en cuanto el Juzgado de Instrucción Número 2 (caso Grúas) o el Número 4 (Caso Reparos) de La Laguna pretendan realizar algún trámite en el que esté involucrado Clavijo, deberá remitir las diligencias al Tribunal Supremo. A su vez, este alto tribunal verificará en el Senado la condición de parlamentario del afectado y, si se va a proceder, le pedirá un suplicatorio (suerte de permiso para que el senador de turno sea juzgado, y que solo se niega si la Cámara Alta entiende que se trata de una persecución ideológica, es decir, siempre se concede y se concederá en el caso de Clavijo).

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