La Junta Directiva Insular del Partido Popular en La Palma, ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de Santa Cruz de La Palma, una demanda civil con la que tratan de frenar la expulsión decretada desde la dirección nacional de Mariano Hernández Zapata, ya nuevo presidente del Cabildo, además de dos de sus consejeros Carlos Cabrera Matos y Raúl Camacho.
Los populares palmeros demuestran su unidad, tras la reunión urgente de su máximo órgano colegiado entre congresos, y en un intento por desarmar las formas del Comité Nacional de Derechos y Garantías de los conservadores “incumpliendo de forma flagrante los estatutos”. Es solo parte de una profusa argumentación jurídica en la que se pide a la autoridad judicial la readmisión de los tres consejeros como medida cautelar, y en tanto se desarrolla este proceso, cuyo antecedente más cercano se sitúa en 2013 y en la guerra entre la federación nacional de los socialistas y los progresistas palmeros con una expulsión que finalmente resultó anulada por los tribunales.
Hernández Zapata dedicó parte de su discurso presidencial, una vez investido y tras posar con el bastón de mando de la corporación insular, a defender su pertenencia y la de sus consejeros al Partido Popular. El combate jurídico está abierto, pero los populares palmeros aseguraron ayer en declaraciones a DIARIO DE AVISOS que “nuestro criterio, de forma clara y nítida, es abrir lo antes posible una vía de diálogo con la dirección nacional del Partido Popular, nuestro partido”. Es un intento, en paralelo a la vía civil abierta en el partido judicial de Santa Cruz de La Palma, para “invitar a la reflexión” de quienes, entienden, “han dado pábulo a las voces de Coalición Canaria” que, aseguran, han tenido más peso y consistencia, durante este largo mes transcurrido desde la celebración de las elecciones, en los despachos de la madrileña calle Génova. El PP palmero no entienden la estrategia de su dirección nacional. Recuerdan la disciplina que siempre ha primado en una formación política que, desde su máximo órgano colegiado a nivel insular y entre citas congresuales, decidió que “el mejor pacto para La Palma y para los intereses de los palmeros era censurar a Nieves Lady Barreto y tener un presidente del Partido Popular”.
Dicen fuentes autorizadas de la Junta Directiva insular de los populares que “el expediente y su resolución, sin estudiar ni resolver las alegaciones presentadas, sin período de prueba, ha vulnerado todas las garantías de los afiliados, y por tanto del que hoy es ya presidente del Cabildo y de sus consejeros”. Agregan que “además de esos incumplimientos, figuran otros en los plazos y las garantías que deben amparar a los afiliados”.
La petición de los populares en el juzgado pide que se declare la nulidad de las resoluciones que impuestas a Mariano Hernández Zapata, Carlos Cabrera y Raúl Camacho.
La lucha por parte de los nacionalistas también se evidenció en el plano local. Apenas horas antes del debate de la moción de censura contra Lady Barreto y sus consejeros, el grupo municipal de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane, recurría el pleno extraordinario en el que Noelia García aprobó el nombramiento y la retribución de Hernández Zapata, en calidad de concejal delegado del área de Hacienda, con un sueldo de 2.800 euros mensuales netos y 14 pagas anuales. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian este recurso de los nacionalistas, mientras la alcaldesa, Noelia García Leal, explicaba que la pretensión de los nacionalistas en el consistorio no tiene consistencia jurídica alguna.
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