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La jueza activa al fin el caso Reparos contra Clavijo y Díaz

Se cita como testigos, tras año y medio de espera, al denunciante, Santiago Pérez, y al interventor lagunero, Gerardo Armas, por presuntas ilegalidades en las contrataciones municipales
Santiago Pérez abandona los juzgados laguneros tras presentar la denuncia por el caro reparos en enero de 2018. DA
Santiago Pérez abandona los juzgados laguneros tras presentar la denuncia por el caro reparos en enero de 2018. DA

La titular del Juzgado Número 4 de La Laguna ha activado al fin, año y medio después de presentada la denuncia, el llamado caso Reparos, que versa sobre presuntas ilegalidades en las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de La Laguna a pesar de las advertencias realizadas a este respecto por la Intervención Municipal, cuyos reparos fueron levantados sistemáticamente por el equipo de gobierno.

Hay que tener en cuenta que este asunto puede implicar más problemas judiciales para los exalcaldes laguneros Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, imputados ya por el llamado caso Grúas y responsables de la mayor parte de los referidos levantamientos de reparos.

Respecto a la tardanza en activarse este caso, es menester recordar que este juzgado, el Número 4 de Instrucción de La Laguna, es el que ha comandado durante este año y medio las pesquisas realizadas para el esclarecimiento del asesinato del empresario Carlos Machín, y que han culminado en la detención de siete personas, cinco de las cuales han ingresado provisionalmente en prisión.

Ahora, el citado juzgado ha procedido a llamar en calidad de testigos tanto al denunciante, el concejal Santiago Pérez (Avante La Laguna), como al propio interventor municipal, Gerardo Armas, si bien aún no hay fecha prevista para su comparecencia.

Documentación

Además, la jueza ha ordenado que se libre un oficio al Ayuntamiento de La Laguna “a fin de que remitan los expedientes que constan en el escrito presentado por Santiago Pérez en Fiscalía y los del anterior escrito de febrero de 2019, así como las actas de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de 2017 y 2018 en los que figure en el orden de día la dación de cuenta de los decretos y resoluciones dictadas levantando los reparos de la Intervención General”, tal y como se recoge en una providencia cuya copia obra en poder de DIARIO DE AVISOS y que está fechada el pasado martes.
Para hacerse una idea de la importancia que puede llegar a tener este caso Reparos, hay que tener en cuenta que las adjudicaciones de contratos por parte del Ayuntamiento de La Laguna que su propio interventor municipal considera ilegales rondan, en su conjunto, la impresionante cifra de 50 millones de euros.

Conceptualmente hablando, dicho caso es muy similar al de las Grúas, pero multiplicado de forma exponencial, ya que el caso Reparos versa sobre la presunta comisión de más de un centenar de delitos de prevaricación por la prolongación de servicios municipales adjudicados por contratos que, en realidad, ya están extinguidos.

Estas prácticas son consideradas ilegales por la Intervención del Ayuntamiento lagunero, pero desde el grupo de gobierno se levantaron los reparos interpuestos sistemáticamente, a tal punto que si en el caso Grúas se investiga la presunta ilegalidad de la promulgación de tres decretos, en el caso Reparos ya son, según ha recopilado Santiago Pérez, más de 120 decretos.

Curiosamente, para eludir los controles propios de una adjudicación pública se alega una supuesta urgencia que, en realidad, provocaba el propio Ayuntamiento, al no preparar con tiempo el nuevo procedimiento. Por si fuera poco, esa supuesta urgencia es admisible de forma excepcional, pero la Corporación local de la Ciudad de los Adelantados lo convirtió, durante la época de Clavijo y Díaz como alcaldes, en un modus operandi a la hora de contratar servicios.

Cuando se presentó la denuncia del caso Reparos en enero de 2018, el dinero desembolsado desde las arcas municipales a través del procedimiento descrito superaba los 18 millones de euros, concretamente 18.134.406,2 euros. Pero el monto completo, o sea, el importe original de estos contratos, era de 45.723.133,82 euros. A esos 45 millones hay que sumarle casi ocho (exactamente 7.896.373,50 euros), que es el coste de la ampliación de la concesión a Urbaser por el servicio de limpieza, una prórroga concedida desde el día 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de este año. Tal prórroga, contra la que el interventor, una vez más, presentó reparos que también fueron levantados, no estaba permitida por el contrato original, cuya duración inicial era de ocho años más otros dos de prórroga, como denunció Pérez en una ampliación de su denuncia.

Resta recordar que el concejal denunciante ha solicitado la personación en estas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, que ya interviene en el caso Grúas.

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