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Canarias se desmarca de la vía catalana para reclamar los atrasos

Román Rodríguez considera que es necesario que el Ejecutivo central busque una fórmula para que las comunidades autónomas reciban las entregas a cuenta de la financiación
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, cree que la solución judicial es “poco eficaz desde la inmediatez”. EP
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, cree que la solución judicial es “poco eficaz desde la inmediatez”. EP
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, cree que la solución judicial es “poco eficaz desde la inmediatez”. EP

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, admite que es necesario que el Ejecutivo central habilite una fórmula para que las comunidades autónomas reciban las entregas a cuenta de la financiación autonómica que se han retrasado y que en el caso del Archipiélago ascienden a 223 millones de euros. Rodríguez es más partidario de que desde el Gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez se busque una vía para resolver esta cuestión, incluso desde el propio Congreso de los Diputados, que a reclamarlo judicialmente, como ha anunciado la Generalitat de Cataluña.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez argumenta que, si bien considera “legítima” la vía judicial, “es lenta” y “poco eficaz desde la inmediatez” a su entender, aunque supone que Cataluña lo haría como “vía de presión”. De todos modos, entiende las exigencias de las comunidades autónomas. En su reunión del 14 de agosto, el Consejo de Gobierno de Canarias reclamó al Ejecutivo central los 223 millones de euros de entregas a cuenta, así como 150 millones de los fondos europeos que, primeramente adelantó, y para recibirlo tiene que certificarlos; además de 49 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial. A ello se añade la solicitud de 41,6 millones de euros, de la adenda del convenio de carreteras 2006/2017, además de instar a los ministerios de Fomento y de Hacienda a liquidar una parte de la sentencia del Tribunal Supremo de la deuda de aproximadamente 500 millones de euros que la Administración General del Estado tiene con Canarias por los incumplimientos del convenio de carreteras durante la época de crisis, y que cifran en al menos 144 millones de euros, sin que compute en la regla de gasto.

En relación a la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2020, Rodríguez reconoce que se ha iniciado su elaboración “a ciegas”, ya que, al no haberse celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 2019, las comunidades no conocen el límite de gasto ni las notificaciones de las cantidades a cuenta. Aun cuando para la elaboración de las cuentas de 2019 sí se contaba con esta información, que fue notificada por el Ministerio de Hacienda en julio de 2018 y en el caso de Canarias se contaba con esos 223 millones de euros que ahora se reclaman, para preparar las del año 2020 no disponen de tales datos, lo que califica de “grave inconveniente”. Por ello, apunta que si ninguna de estas cuestiones que demanda Canarias se resolviera, unido al riesgo de déficit excesivo del Presupuesto autonómico actual -diseñado por el Gobierno regional anterior, de CC-, el proceso de preparación de las próximas cuentas será “preocupante”.

Al ser preguntado si ha contestado al documento de la AiReF en el que advertía a Canarias de caer este año en un déficit excesivo, Román Rodríguez respondió que lo están preparando y que en él expondrán las medidas que ha adoptado el nuevo Gobierno regional para reorientar la situación, entre las que se encuentran las retenciones por importe de 170 millones de euros del Presupuesto de 2019. Así, se desvían créditos como el que el anterior equipo tenía previsto para las obras del puerto de Agaete (Gran Canaria) para pagar fundamentalmente las nóminas del personal tanto de Sanidad como de Educación. En esta última área se ha decidido que la desviación presupuestaria debe estar sobre los 70 millones de euros, mientras que en Sanidad estaba prevista en unos 118 millones de euros y se ha rebajado hasta los 108 millones de euros. Los capítulos de personal de ambos departamentos alcanzan casi los 3.000 millones de euros de gasto entre los dos.
El vicepresidente aclara que las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional de estabilidad presupuestaria no implica ningún tipo de recortes en las cuentas públicas.

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