El bloqueo político deja a las regiones un agujero de más de 6.000 millones

Las comunidades autónomas denuncian que la situación política de bloqueo que afronta el país, sin Gobierno y con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, ha provocado una disminución de sus ingresos que puede llevarlas a incumplir el objetivo de déficit público comprometido, del 0,1%. El agujero en las cuentas de trece de ellas, según las cifras facilitadas por sus consejerías, supera los 6.000 millones de euros.

Las comunidades están recibiendo este año de Hacienda lo que les corresponde del sistema de financiación autonómica de acuerdo a los Presupuestos de 2018, porque el Ejecutivo no ha logrado aprobar nuevas cuentas y no se han actualizado las cantidades. El proyecto para 2019 preveía 4.700 millones más en entregas a cuenta que no están recibiendo, pero con el que las comunidades autónomas contaban, así como otros 2.500 por un ajuste del IVA de 2017.

Varios gobiernos han denunciado su situación, pero la Generalitat de Cataluña ha dado el paso esta semana de anunciar un recurso contra el Gobierno por no pagarle lo que entiende que le corresponde. En su caso, 1.317 millones de euros, a decir de las cuentas de la consejería de Economía y Hacienda: 874 millones por las entregas a cuenta sin actualizar y otros 443 millones por el IVA. Otras autonomías han puesto cifra al agujero y reclaman al Gobierno que busque una fórmula que le permita pagarles, pero la mayoría ha descartado apoyar en los tribunales la demanda catalana en buena medida por la deriva independentista de la Generalitat. “No cuente con nosotros para rebeliones”, resumió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Con demanda judicial o sin ella, las comunidades explican que la ausencia de Presupuestos del Estado para 2019 les ha generado un desajuste en sus cuentas. Si Cataluña reivindica 1.317 millones, la Comunidad de Madrid calcula que le faltan 1.237 millones, en palabras de su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), que reclama el pago del dinero a todas las comunidades pero denuncia que se quejen “los que reniegan de España” y apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Desde los gobiernos socialistas se admite igualmente el problema, aunque se confían en encontrar una fórmula legal que les permita recibir estas cantidades. Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten, sin embargo, en que sin Presupuestos, no es posible. Desde el Ejecutivo balear de Francina Armengol se confía en “la vía política y del diálogo” para ingresar 177 millones de euros de recursos pendientes: 99 por las entregas a cuenta y 78 del IVA. En el caso de la Generalitat Valenciana, conforme a los datos consultados por Europa Press, la no actualización de las entregas a cuenta suponen 450 millones de euros, a lo que se suman otros 237 millones por IVA que no van a recibir en este ejercicio. El Ejecutivo de Ximo Puig es desde hace años uno de los más reivindicativos en materia de financiación y espera que haya “un Gobierno con competencias y capacidad”.

A diferencia de otros gobiernos, la Xunta de Galicia (PP) no descarta la vía judicial para reclamar los 700 millones de euros que, según sus datos, no va a recibir este ejercicio: le faltan 330 de las entregas a cuenta del sistema de financiación, 200 millones del IVA de 2017 y otros 170 de incentivo a las comunidades cumplidoras con los objetivos de estabilidad. El viceportavoz del PP en el Parlamento gallego, Miguel Tellado, ha apostado por un frente común de las autonomías para que el Gobierno utilice algún mecanismo para desbloquear estos fondos.

Desde Andalucía, fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno transmiten que desconocen qué va a ocurrir con las entregas a cuenta de este año, cifras que no detallan, ni con los 400 millones de euros que esperaban recibir por el IVA. Las cifras facilitadas por otras comunidades son las siguientes: Asturias reclama 200 millones; Castilla-La Mancha, 360 millones; Cantabria, 135; Canarias, 223 millones; Castilla y León, 420 millones. El Ejecutivo de Aragón calcula su déficit de las entregas a cuenta en 400 millones de euros. Entre las trece que han ofrecido datos superan los 6.200 de euros.

En Canarias, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sugiere al Ejecutivo central que busque una fórmula para que las comunidades autónomas reciban las entregas a cuenta de la financiación que se han retrasado. Rodríguez es más partidario de que desde el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se explore una vía para resolver esta cuestión, incluso desde el Congreso de los Diputados, a reclamarlo judicialmente. A su entender, la “legítima” vía judicial “es lenta” y “poco eficaz desde la inmediatez”.

En el Consejo de Gobierno del 14 de agosto, Canarias reclamó los 223 millones de euros de entregas a cuenta, así como 150 millones de euros de los fondos europeos que, primeramente adelantó, y para recibirlo tiene que certificarlos; además de 49 millones del Fondo de Compensación Interterritorial. A ello se suman 41,6 millones de la adenda del convenio de carreteras 2006/2017. Asimismo, insta a los ministerios de Fomento y de Hacienda a liquidar una parte de la sentencia del Tribunal Supremo de la deuda de aproximadamente 500 millones de euros por los incumplimientos del convenio de carreteras durante la crisis económica: al menos, 144 millones de euros.