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Estados fallidos

Un concepto importante en la Ciencia Política contemporánea es la noción de Estado fallido

Un concepto importante en la Ciencia Política contemporánea es la noción de Estado fallido. Se trata de organizaciones que son reconocidas como Estados por la comunidad internacional, es decir, que, por convención, son aceptadas como sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito internacional, pero que, sin embargo, constituyen meras ficciones jurídicas, porque no cumplen ninguna de las funciones que un Estado de verdad debe llevar a cabo respecto a sus ciudadanos y los otros Estados. En esos supuestos Estados no existe nada parecido a una Administración Pública, ni políticas públicas ni servicios públicos. Sus Gobiernos solo controlan una parte de su territorio, y el resto está en manos de poderes de hecho, señores de la guerra, piratas y delincuentes. La educación, la sanidad, el transporte, las comunicaciones y demás áreas similares, si existen, están en manos privadas y extranjeras. Sus Ejecutivos, Parlamentos, embajadas, ejércitos y policías, cuando existen, no representan a nada ni a nadie, y son detentados por élites corruptas, que extorsionan y saquean a una población indefensa e, incluso, viven fuera de sus fronteras. Son los denominados Estados fallidos, supuestos Estados como Somalia, Sudán del Sur y otros similares.

En los Estados fallidos no se cumple el contrato social, por el que los ciudadanos renunciamos a una parte de nuestra libertad originaria y de nuestro patrimonio en aras de unos poderes públicos que, a cambio de nuestra autonomía y de nuestros tributos, estructuran el orden social, protegen nuestra convivencia y garantizan nuestros derechos. Un pacto social que, se supone, se cumple plenamente en los Estados democráticos y de Derecho como el nuestro. No obstante, en muchas ocasiones, Estados como España se convierten en Estados coyunturalmente fallidos, y ahora lo estamos comprobando en Cataluña. Las masas independentistas paralizan de vez en cuando los transportes y las comunicaciones en todo el territorio catalán; miles de ciudadanos se ven atrapados y detenidos en contra de su voluntad, sufren graves quebrantos económicos y de todo orden, y tienen que soportar que sus derechos fundamentales y su libertad sean gravemente conculcados. Pues bien, el Estado español en muchas ocasiones es incapaz de evitarlo y de garantizar a sus ciudadanos sus derechos y libertades, como es su obligación. Y siempre resulta patética la imagen del ministro del Interior o del delegado del Gobierno de turno asegurando que puede acreditar numerosas intervenciones policiales para restablecer el orden y la Ley en toda Cataluña.

El problema es que a esos mismos ciudadanos a los que el Estado es incapaz de proteger y garantizar sus derechos y libertades, ese mismo Estado les exige con rigor extremo su contrapartida. Y, por ejemplo, una diferencia de unos euros en su declaración de Hacienda daría lugar a recargos y sanciones. Sería muy conveniente que reflexionáramos sobre esta cuestión y, en particular, que lo hiciera el Estado.

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