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Puerto Rico, a la deriva

Consecuencias para las elecciones de 2020 en Estados Unidos

Durante más de una semana cientos de miles de manifestantes irrumpieron en las calles de San Juan, exigiendo que el gobernador de Puerto Rico renunciara. Ahora que ha aceptado marcharse, nadie sabe quién lo reemplazará. El vacío gubernamental en la isla caribeña podría tener consecuencias para Estados Unidos que nadie aún puede anticipar.

La situación de Puerto Rico

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898, cuando fue anexado al final de la Guerra Hispanoamericana como protectorado. Con los años, el Congreso de Estados Unidos ha ido cediendo autonomía a Puerto Rico, que ahora opera como un cuasi-estado. Tiene un Gobierno local electo independiente, pero no todo el poder y los beneficios de ser un estado como los demás de la unión americana, incluida la falta de representación real en el Congreso.
Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero Puerto Rico no tiene representación en el Colegio Electoral, por lo que los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones generales de Estados Unidos a menos que vivan en uno de los 50 estados, aunque sí pueden hacerlo en las primarias presidenciales.
La isla tiene una población elevada, con una mayor densidad de ciudadanos estadounidenses viviendo en Puerto Rico que en estados como Nevada, Montana o Maine. Por lo tanto, los votantes que viven en la isla envían una buena cantidad de delegados a las convenciones y se estima que superan en número a los de más de la mitad de los estados de EE.UU.
En muchos sentidos, el Gobierno federal espera que Puerto Rico actúe como un estado de EE.UU. Los residentes y las empresas puertorriqueñas deben cumplir con las leyes federales, con pocas excepciones, por lo que el FBI tiene jurisdicción en la isla.
El estatus político está estrechamente vinculado a la identidad puertorriqueña y ha dividido a los puertorriqueños durante décadas: una mayoría favorece la estadidad (es decir, la integración como un estado más de Estados Unidos), seguidos de aquellos, en menor número, que preferirían la independencia total.
Si bien los puertorriqueños han estado luchando por su estatus político durante décadas, el Congreso ha mostrado poco interés en cambiar la situación. Los legisladores de Washington han presentado más de 130 proyectos de ley para resolver el estado político de Puerto Rico, y ninguno ha conseguido avanzar. Eso se debe en parte a que no existe un proceso definido para la estadidad, sin embargo, la aguda crisis económica de Puerto Rico requiere soluciones urgentes.
Puerto Rico enfrenta una especie de crisis existencial agravada por las secuelas del huracán María, y la forma en que los isleños se han visto abocados a resolver los problemas añadidos de corrupción política, han dejado al territorio en una posición delicada.
Después de 12 días de protestas masivas contra el Gobierno, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia, representando un momento histórico para Puerto Rico al ser la primera vez que un gobernador es expulsado de su cargo sin una elección. Sin embargo, la candidata natural para reemplazarlo, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, rechazó la oportunidad, dejando pocas alternativas y mucha incertidumbre sobre la mesa.

¿Por qué echaron a su gobernador?

A principios de este mes, el FBI arrestó a dos exfuncionarias del gabinete en el Gobierno de Rosselló como parte de una investigación de corrupción sobre su manejo de 15 millones y medio de dólares en contratos posteriores al huracán. La ex secretaria de Educación Julia Keleher y Ángela Ávila-Marrero, exjefa de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, están acusadas de canalizar los contratos del Gobierno a empresas con las que tenían vínculos personales.
Tres días después, reporteros de investigación en la isla publicaron mensajes filtrados de la aplicación Telegram que exponían a Rosselló y su círculo íntimo bromeando sobre las víctimas del huracán María y ridiculizando a sus rivales políticos con un lenguaje violento, homófobo y sexista, según publicaron varios medios. Desde entonces, más funcionarios del Gobierno que formaron parte de la conversación han renunciado, dejando puestos clave sin cubrir.
Los incidentes desencadenaron las protestas gubernamentales más grandes en la historia moderna de Puerto Rico, destapando décadas de ira pública acumulada contra los dos principales partidos políticos de la isla. El Nuevo Partido Progresista pro-estadista de Rosselló y su rival, el Partido Popular Democrático, antiestadista.
Todas las acusaciones de corrupción también están afectando al público. Los funcionarios electos en Puerto Rico han estado involucrados en tantos escándalos de corrupción que son difíciles de seguir. Innumerables líderes gubernamentales se han declarado culpables de cargos que los acusan de aceptar sobornos y otorgar contratos a las empresas que favorecen.
Exigir la renuncia de Rosselló fue, en cierto sentido, una demanda de respeto y un Gobierno ético.
Según la Constitución de Puerto Rico, el secretario de Estado es el siguiente en la línea de sucesión, pero esa oficina también ha sido desocupada. Luis Rivera Marín renunció a su puesto la semana pasada por su papel en el escándalo de chat filtrado, dejando un vacío que nadie sabe cómo llenar.

La economía de Puerto Rico

Puerto Rico está en peor situación que cualquier estado de los Estados Unidos. El desempleo es del 7,7%, y aunque aquí nos parecería ridículo, es casi el doble de la tasa nacional. Por otra parte, el 44% de los residentes viven en la pobreza.
Al presidente Donald Trump le gusta mencionar que Puerto Rico ya era un desastre antes del huracán María, y se podría afirmar que tiene razón. El Gobierno estaba completamente en bancarrota, y aunque los líderes de Puerto Rico merecen la culpa legítima por la corrupción y los problemas financieros de la isla, también los legisladores en Washington son culpables al haber creado numerosas exenciones fiscales para la inversión en Puerto Rico, para luego derogarlas aumentando su deuda. Ese movimiento, que coincidió con la Gran Recesión, colapsó la base impositiva del territorio y llevó al Gobierno puertorriqueño a emitir aún más bonos y acumular una deuda masiva para pagar sus cuentas. 

La isla aún no se ha recuperado

Rosselló solicitó una protección similar a la bancarrota en 2017 después de incumplir los pagos a los acreedores de Wall Street (Puerto Rico tenía una deuda de 74.000 millones de dólares en bonos). Luego llegó el huracán María en septiembre y empeoró todo. La tormenta causó alrededor de 94.000 millones de dólares en daños en la isla, cerró algunos negocios para siempre y destruyó temporalmente su valiosa industria turística. El Gobierno todavía está operando bajo estricta supervisión fiscal federal como parte de la bancarrota, que ha traído medidas de austeridad punitivas, y aunque el turismo se ha ido recuperado nuevamente, no está cerca de levantar la economía lo suficiente para pagar las deudas del Gobierno. 

La enemistad de Trump con Puerto Rico

El presidente Trump todavía está muy molesto porque los puertorriqueños no le han mostrado el respeto que cree que se merece después del huracán María en 2017. Más importante aún, culpa a los puertorriqueños por la cobertura negativa de los medios que recibió después del huracán, que a menudo comparó su reacción con la respuesta fallida de George W. Bush al huracán Katrina en Louisiana.
Los vientos de la categoría 4 del huracán María arrasaron casas en todo Puerto Rico y dejaron a todos sin electricidad, causando el mayor apagón en la historia de los Estados Unidos. Muchas personas se quedaron sin comida y agua en cuestión de días. Trump no visitó la isla hasta tres semanas después de la tormenta, y una vez que estuvo allí, minimizó la gravedad del asunto y acusó a Puerto Rico de costarle al Gobierno demasiado dinero. 
Lo cierto es que el Gobierno federal ha tratado a las víctimas de desastres en Puerto Rico de manera muy diferente a otras víctimas de desastres de Estados Unidos, tratando a sus habitantes como ciudadanos de segunda clase. El Gobierno de Puerto Rico tampoco estuvo a la altura. Tanto Rosselló como Trump minimizaron las bajas de la tormenta, inicialmente celebrando que solo fueron unas pocas docenas, lo que resultó ser falso. Investigaciones posteriores determinaron que entre 3.000 y 4.000 personas murieron como resultado de la catástrofe.
En lugar de reconocer las muertes, Trump se ha mostrado ofendido porque los puertorriqueños lo han criticado, y nunca pierde la oportunidad de dejarles saber que no se los perdona.
Además, a pesar de lo que Trump ha declarado vía tuit, Estados Unidos no ha otorgado 92.000 millones de dólares en ayuda por huracanes a Puerto Rico.

El impacto en las elecciones presidenciales de 2020

Absolutamente. El millón de personas que marcharon para echar a Rosselló son ciudadanos estadounidenses. Es posible que no puedan votar en las elecciones generales, pero ciertamente tendrán algo que decir en la carrera por las primarias.
Las recientes protestas muestran que los jóvenes puertorriqueños están comprometidos políticamente, y probablemente prestarán mucha atención a qué candidatos presidenciales de 2020 aborden sus preocupaciones.
Durante los primeros debates primarios presidenciales demócratas a principios de este mes, los moderadores y demócratas en el escenario básicamente ignoraron a Puerto Rico.
Desde una perspectiva puramente política, ignorar a Puerto Rico es un gran error. No solo millones de puertorriqueños que viven en la isla pueden votar en las primarias, sino que también hay millones que viven en la parte continental de los EE.UU. que pueden votar durante las elecciones generales. Y sin nada que perder, seguro que lo harán.

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