El mismo día en el que se encendía otra vela para alumbrar (e invocar) la investidura de Pedro Sánchez y apartar la sombra de una repetición electoral, el 10 de noviembre, la Delegación del Gobierno de Canarias que ayer acudió al Ministerio de Fomento puso sobre la mesa “propuestas y respuestas políticas”. El presidente, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, salieron satisfechos de la reunión con José Luis Ábalos y su equipo. En materia de carreteras, han decidido dejar las polémicas en la cuneta. El faro alumbra “soluciones”. Al término de la cita, Torres y Franquis explicaron que el Ejecutivo regional y Fomento se sentarán a negociar en las próximas semanas “nuevas anualidades y cantidades” para cumplir el convenio de carreteras y desbloquear la forma de pago de unos 500 millones del pasado convenio que no se cobraron.
Torres trasladó al ministro Ábalos que el Gobierno canario “reclama todas las cantidades que tienen que ver con carreteras por los incumplimientos” del Partido Popular. “Todo es todo, hasta el último euro”, remachó ante los medios de comunicación. Al respecto, el mandatario canario celebró la “voluntad política” que observó en Ábalos, dispuesto a llegar a un acuerdo. “Este es el camino, sentarnos a negociar y que podamos tener resuelta una situación que no ha sido buena para nuestra tierra”, aplaudió Torres. El jefe del Ejecutivo canario reconoció que la condición del Gobierno actual, que se encuentra “en funciones”, enfatizó, es “un lastre” para Canarias: “Hay una posibilidad de investidura en las próximas semanas. Si eso se consigue, el acuerdo para el nuevo convenio será mucho más rápido”.
El consejero espera que las carreteras pasen “a un segundo plano” y que se empiece a “hablar de soluciones” después de que “se haya hecho mucha política” en torno a este asunto. “El trabajo ahora es producir proyectos para que lo que tenemos garantizado lo podamos invertir en los plazos previstos”, manifestó Franquis.
La deuda de la Administración General del Estado por los convenios de carreteras supera los 900 millones de euros. De esa cantidad, 500 millones se computaron como superávit al no gastárselo la comunidad autónoma, de tal forma que no se podían emplear a pesar de que estaban disponibles desde diciembre de 2018. El resto se encuentra pendiente de un proceso judicial, una iniciativa que “se mantendrá viva” en tanto en cuanto no se formalice el acuerdo.
El lunes, la anterior consejera de Hacienda y hoy diputada autonómica de CC, Rosa Dávila, se defendió de los reproches del actual Gobierno: “Sí existe un informe de la Intervención General, de 21 de diciembre, que desaconsejaba la firma del acuerdo extrajudicial sobre el convenio de carreteras en el que, de una manera unilateral, se obligaba a Canarias a renunciar a más de 400 millones de euros”. En ese documento, “la intervención alertaba de la modificación en dos puntos sustanciales”. Por un lado, “se cambian las cuantías adeudadas, de 947 millones de euros a 500 millones y, por otro, se eliminaba la cláusula por la que los 500 millones se podían utilizar sin que fueran a superávit”. En mayo, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), acusó al Ejecutivo central de “sembrar una cortina de humo” en relación al cumplimiento de la sentencia extrajudicial del convenio de carreteras”.
En diciembre de 2018, quien era delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, negó que se adeudara al Archipiélago 480 millones de euros por convenios y transferencias, tal y como aseguraba el Ejecutivo de CC, al que afeó que generara “un clima de crispación totalmente injustificado”. Por aquellas fechas, Ábalos presenció la firma del nuevo convenio de carreteras, dotado con 1.200 millones de euros para la construcción de vías. Tras destacar que era un ejemplo de colaboración entre administraciones, que abría a Canarias un horizonte para realizar infraestructuras, el ministro se detuvo en el precedente del convenio suscrito en 2006, y que tuvo dos adendas (2009 y 2017), por el cual la Administración General del Estado se comprometía a financiar determinadas infraestructuras viarias en Canarias, hasta un importe máximo de 2.437 millones.
En su condición de secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció que apoyaría al Gobierno de la comunidad autónoma en la demanda de los más de 300 millones que se corresponden con dinero del convenio de atrás y que no fueron abonados: “Estamos de enhorabuena, es una magnífica noticia que el Consejo de Ministros haya aprobado (el 21 de diciembre) 1.800 millones para las carreteras de las Islas”. Recordó que 1.200 millones de ellos son del nuevo convenio hasta el 31 de diciembre 2025 y 600 millones “son parte del dinero que no aportó el PP en los años que gobernó Mariano Rajoy”.
En ese contexto, el PSOE replicó a las críticas de CC por el futurible recorte de las cifras pactadas para el convenio de carreteras responsabilizando a los nacionalistas de que “se pierdan cerca de 1.000 millones de euros” por su “ineficacia” al gestionar el presupuesto autonómico. La ejecutiva calificó de “inaceptable” que Rosa Dávila admitiera que no se iba a ejecutar cerca del 15% del presupuesto autonómico de 2018.
Ryanair, ‘brexit’…
El encuentro entre Torres y Ábalos también sirvió para tratar el aumento de los precios de los billetes de avión. “Se nos ha trasladado la inmediatez de un estudio en las próximas semanas para ver qué medidas poder tomar para que se puedan limitar los aumentos en los precios” resumió el presidente.
Además, se analizó el cierre de las bases de Ryanair en Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote. “Vamos a convocar una reunión de la Fecai (Federación de cabildos)”, comunicó Torres, con la intención de aunar una estrategia con el conflicto actual” de la aerolínea irlandesa.
Acerca de las consecuencias del brexit en Canarias, especialmente en lo relativo a las exportaciones y a las importaciones, Ángel Víctor Torres resaltó que “productos como el pepino y el tomate dependen de la relación con el Reino Unido”. Por ese motivo, su Gobierno se pondrá en contacto con el resto de las regiones ultraperiféricas de la UE con el objetivo de “paliar los daños”. Anteayer, la patronal de los exportadores hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) expuso a las consejeras Alicia Vanoostende (Agricultura) y Carolina Darias (Economía) la idea de que se aplique una excepción que permita a los agricultores isleños continuar recibiendo ayudas para el transporte de sus productos al Reino Unido.
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