economía

El Gobierno inicia los preparativos para implantar la renta ciudadana

La futura ley verá la luz el próximo año y estará dirigida tanto a personas con empleo, aunque con ingresos muy bajos, como a parados, con o sin prestaciones por desempleo
Los consejeros de Hacienda y Derechos Sociales durante la reunión para avanzar en la nueva norma. DA
Los consejeros de Hacienda y Derechos Sociales durante la reunión para avanzar en la nueva norma. DA
Los consejeros de Hacienda y Derechos Sociales durante la reunión para avanzar en la nueva norma. DA

El Gobierno de Canarias ha iniciado los pasos para poner en marcha la futura ley de renta ciudadana y avanzar tanto en su definición normativa como financiera. Así, tanto el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, como la representante de Derechos Sociales, Noemí Santana, se reunieron el miércoles para iniciar los preparativos de esta norma que el Gobierno está empeñado en poner en marcha el próximo año.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social aparece como medida estrella en el acuerdo de Gobierno de progreso y para el cambio de Canarias. Dar respuestas inmediatas a las enormes injusticias sociales que la herencia de la crisis ha dejado en el Archipiélago será la máxima prioridad del nuevo Ejecutivo y, en este sentido, la instauración de la renta de ciudadanía será clave. Se trata, sin más, de dar cumplimiento a lo que ya establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el pasado mes de noviembre.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias está a la cabeza de los peores indicadores de calidad de vida de sus habitantes. El Archipiélago tiene una tasa de riesgo de pobreza que alcanza al 30,5% de su población (nueve puntos más que la media estatal), según datos de 2017, y decenas de miles de familias a las que resulta imposible comprar o alquilar una casa. “Con esta renta básica se garantizarán unos ingresos a una parte importante de la población, de manera que dispongan de dinero para sufragar sus necesidades básicas, afirma Román Rodríguez.

Pero la renta básica no es nueva, existe en otras partes de Europa, y de España, como Navarra o País Vasco. Países como Finlandia, Holanda, Canadá, Escocia, y ahora también Francia, experimentan con este modelo para reducir la desigualdad. Según el propio Gobierno canario, esta renta está dirigida a personas con empleo, pero que con sus ingresos no cubren las necesidades básicas de su unidad de convivencia; y a desempleados, con o sin prestaciones, que se encuentran en una situación económica similar, pero con el horizonte del empleo como mejor fórmula de inclusión. Los receptores recibirían, de entrada, 563 euros mensuales en 12 pagas, 93 euros más que la PCI. Una cantidad que se amplía en función de los miembros de la unidad de convivencia para llegar hasta los 812 euros si está compuesta por cinco personas. Para acceder a la misma se exigirá, como mínimo, un año de empadronamiento en el municipio en el que se solicita, ser mayor de 25 años y disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía. Hasta aquí, no hay discusión. Ahora lo importante es saber el coste económico exacto de la implantación de esta medida, que es lo que se discutirá en los próximos meses. Según el proyecto inicial de Nueva Canarias (NC), partido que lidera el propio Román Rodríguez, este estaría cerca de los 300 millones de euros, que son perfectamente sustentables con los 57 millones de euros anuales de la actual PCI y rescatando las rebajas fiscales del Gobierno canario (unos 300 millones), así como con recursos del Servicio Canario de Empleo (SCE), los servicios sociales, desarrollando la dormida Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, y los presupuestos estatales. Según los cálculos que mantiene el Gobierno estatal, esta normativa, a nivel nacional, podría llegar a cubrir hasta 730.000 hogares en una situación de riesgo de pobreza severa, una cifra que podría rondar las 40.000 o 50.000 familias canarias.

TE PUEDE INTERESAR