El empresario José Padilla, que finalmente será llamado a declarar como testigo por el llamado caso Grúas a pesar de los intentos de uno de los imputados (Fernando Clavijo) para evitarlo, denunció, tanto ante la comisión municipal que investigó lo sucedido como ante la Guardia Civil, que sufrió presiones para que en 2011 vendiera la concesionaria a un grupo de trabajadores cuya mayoría son afines al propio Clavijo. “Me obligaron a venderla desde el Ayuntamiento”, resumía Padilla cuando, en 2017, fue llamado a declarar por la citada comisión, que, por cierto, se cerró en falso gracias al voto de calidad de otro de los imputados, el también exalcalde lagunero José Alberto Díaz, correligionario de Clavijo.
Al ser cuestionado sobre quiénes ejercitaron tales presiones, volvió a citar (como hiciera ante la Guardia Civil años antes) a Juan Antonio Alonso, entonces edil de Hacienda y luego consejero delegado de Gestión del Medio Rural, una empresa del Gobierno de Canarias cuando estaba presidido por Clavijo.
Además, Padilla también hizo referencia al hoy senador Fernando Clavijo, de quien aseguró que anunció confidencialmente a uno de sus trabajadores que la venta a los siete empresarios iba a producirse con total seguridad. En este contexto, el anterior dueño de la concesionaria recordó que el Ayuntamiento retrasó sus pagos a la empresa, acumulándose un total superior a los 200.000 euros, lo que definitivamente le forzó a ceder la propiedad.
Durante la referida comisión, el empresario reiteró que “seis de los siete a los que luego tuve que vender la empresa me los puso Fernando Clavijo”. Cabe recordar que cinco de esas siete personas ya reconocieron en sede judicial sus vínculos personales con el expresidente del Gobierno de Canarias, que fue concejal de Seguridad y luego alcalde de la Ciudad de los Adelantados cuando sucedieron los hechos que ahora se investigan en el llamado caso Grúas.
En concreto, fue a una pregunta del portavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio, cuando Padilla sostuvo que contrató como trabajadores a seis de los que luego le sucedieron al frente de la firma por imposición de Clavijo, que entonces era concejal. “Va a ir un chico por allí para que lo contrates”, asegura Padilla que le dijo en alguna ocasión Clavijo.
También apuntó sobre este asunto que tales contrataciones se realizaban aunque estos trabajadores, luego empresarios, carecían de la titulación adecuada para desempeñar su labor en la empresa. “Cuando Clavijo ya era el alcalde, no había ningún problema con eso, y además él lo sabía”, declaró Padilla ante la comisión.
Pero en tal comisión municipal no fue la primera vez que Padilla habló sobre lo sucedido respecto a la empresa de grúas, ya que también lo hizo el 4 de septiembre de 2013 ante especialistas del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como se recoge en un atestado con número 2013-004850-000152. Cuando se le preguntó sobre si sabía de alguna irregularidad cometida por parte de alguien del Ayuntamiento durante la prestación de servicios con su empresa, el empresario sostuvo que, siendo Clavijo concejal de Seguridad, le indicó que “tenía que comprar un programa de contabilidad y de gestión de las grúas que costaba 20.000 euros, pudiendo comprarlo en Barcelona él por 900, teniendo que discutir en varias ocasiones por este motivo, no adquiriéndolo finalmente, además de otras obras que le obligaron a contratar a través de ellos, pasándole las facturas, como el cercamiento y asfaltado de la calle Espinero, la puerta de la entrada, cámaras de vigilancia del depósito de La Villa, dos oficinas juntas que hicieron en la parte de logística del Ayuntamiento de La Laguna para la gerente y la administrativa de la empresa, donde los conductores de las grúas entregaban los partes diarios, sabiendo que una de estas oficinas está ocupada por otra empresa, no recibiendo ningún dinero por ella (…)”, para a continuación hacer una vaga alusión a supuestos sobreprecios apuntando que “los cargos que tuve que pagar me parecieron de un coste económico muy superior al que realmente debían costar”.
Es entonces cuando Padilla describe cómo percibía su relación con Fernando Clavijo, manifestando que afrontaba tales pagos “sin protestar por miedo a que le quitasen la concesión, que era una de las amenazas que recibía por parte de Fernando Clavijo, cuando no estaba de acuerdo con algo relacionado con la empresa, haciéndolo con gritos y amenazas. Durante todo el tiempo que tuvo la empresa todo fueron amenazas, no dejándole hablar en las reuniones que tenían”.
Así las cosas, no es de extrañar que Clavijo haya intentado hasta en dos ocasiones intentar que Padilla no fuera llamado a declarar en el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, que investiga el caso Grúas. La primera vez fue con un recurso y la segunda planteando un incidente de nulidad que, como se recoge en esta edición del periódico, no fue admitido a trámite por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante una providencia ante la que no cabe recurso, por lo que finalmente el testimonio de Padilla sí constará en las diligencias.
Resta recordar que este caso Grúas versa sobre tres delitos relacionados con la corrupción, como son la prevaricación, la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias.
Además de Fernando Clavijo, están imputados por esta causa sus compañeros de Coalición Canaria José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, si bien este exedil lagunero solo firmó uno de los decretos bajo sospecha porque Díaz se encontraba de vacaciones.
En la actualidad, Clavijo pretende acogerse a su privilegio como senador (aforamiento) para no ser juzgado como un canario más ante los tribunales de las Islas, y que sea el Supremo quien decida sobre si cometió o no algún tipo de irregularidad.
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