Los planes del Ejecutivo regional para cambiar el criterio en el reparto del IGIC y el Fdcan con ayuntamientos y cabildos para financiar la llamada “agenda social” se ha topado con el rechazo de Coalición Canaria. Ayer les tocó a los alcaldes de CC en La Palma y a la Agrupación Herreña Independiente -que forma parte del grupo nacionalista en el Parlamento-, un día después de que se pronunciara en contra CC en la isla de Tenerife. Mañana se pronunciará el PP, que reunirá a sus alcaldes y consejeros insulares. Pero la presidente regional, Australia Navarro, ya ha dicho que “el PP, de entrada, no comparte la decisión”.
Según la ley, corresponde a ayuntamientos y cabildos un 58% de la recaudación del IGIC y un 42% a la administración regional. Pero el Ejecutivo de Torres propone que los ingresos de la subida del IGIC de este año, que supondrán unos 150 millones de euros, se repartan siguiendo un criterio inverso: 58% para el Gobierno regional, 42% para corporaciones locales, 25 millones más para el Ejecutivo que siguiendo el criterio tradicional. Del Fdcan proponen que ayuntamientos y cabildos les cedan 100 millones este año y 80 el próximo.
Respecto a la cesión del IGIC, los alcaldes palmeros de CC afirmaron que “La Palma, con una actividad económica que no acaba de despegar, no puede permitirse perder ni un solo euro del dinero que legalmente le corresponde”, e instaron al Ejecutivo regional a sacar el dinero de los 900 millones que le debe el Estado a Canarias. El presidente de la Agrupación Herreña Independiente, Narvay Quintero, afirmó que “nos tendrán en frente si el Gobierno decide seguir adelante con sus planes de liquidar el FDCAN y, como han anunciado en los últimos días, revisar los criterios de reparto del Bloque de Financiación Canario y reducir el 58% de lo que corresponde a cabildos y ayuntamientos”.
Según fuentes del Gobierno, “solo un interés partidista” explica esta posición, y aseguran que van a intentar variarla “sin forzar, sino buscando el consenso”. Consideran que la cesión de una parte de la subida del IGIC supone una cantidad muy pequeña para las corporaciones locales, pero sumadas todas dan una cifra importante para financiar políticas sociales a escala regional. “Muchas de estas corporaciones, en general muy saneadas, ni siquiera gastan todo ese dinero, que por la regla de gasto va al superávit. Se trata de racionalizar los recursos”, afirman. “Si no lo conseguimos, habrá que ser más ambiciosos desde el punto de vista impositivo”.
Si resulta más factible la cesión del fondos del Fdcan, pues el Gobierno ha ofrecido a los corporaciones ampliar el plazo de ejecución de los proyectos, que a veces no gastan a tiempo. Además,en el Fdcan no rige una ley, sino un decreto aprobado por el anterior gobierno que es modificable. Y la izquierda tiene mayoría en las federaciones de municipios y cabildos, que podrían apoyar apoyar el cambio de criterio en la distribución de fondos. Ahora queda por ver cómo hace el PP, que gobierna con los socialistas en varios ayuntamientos y cabildos de La Palma y Lanzarote.
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