política

El juzgado desmonta las denuncias de Coalición contra Ángel Víctor Torres

La Justicia archiva el caso, impulsado en vano por los coalicioneros, en el afán de contrarrestar su creciente desprestigio por la imputación de Fernando Clavijo en el caso Grúas y sus previsibles efectos electorales
Imagen parcial del auto donde se dicta el sobreseimiento provisional de las denuncias de CC. DA
Imagen parcial del auto donde se dicta el sobreseimiento provisional de las denuncias de CC. DA
Imagen parcial del auto donde se dicta el sobreseimiento provisional de las denuncias de CC. DA

Como era previsible, el Juzgado de Instrucción Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el archivo de las diligencias previas practicadas, a raíz de dos denuncias presentadas desde Coalición Canaria contra el entonces candidato del PSOE a la Presidencia regional, Ángel Víctor Torres, quien luego ganaría las elecciones autonómicas y terminaría con 26 años de CC en el poder del Archipielágico. Dicho sobreseimiento (aún provisional por cuestiones meramente procesales) es debido a que el juez titular de dicho juzgado, Alberto Puebla, no encuentra indicio alguno de actividad delictiva de Torres durante su desempeño como consejero del Cabildo grancanario y, en concreto, como responsable del Instituto Insular de Deportes (IID) de dicha Isla.

Fueron dos las denuncias que presentó contra Torres el consejero insular grancanario de Coalición Canario, Fernando Bañolas, y las dos han sido desechadas por el referido juzgado en un auto al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.

En la primera de ellas, fechada el 23 de abril de 2019 y presentada en plena campaña de los medios de comunicación afines a CC para minimizar el impacto popular que tuvo la declaración como imputado de Fernando Clavijo por el caso Grúas y que tuvo lugar cinco días antes (18 de abril de 2019), el coalicionero acusa de malversación de caudales públicos a Torres, pero ha bastado al juez reclamar la oportuna documentación al citado Instituto Insular de Deportes para descartar de plano tal posibilidad. Básicamente, porque no hay ningún tipo de perjuicio económico, lo que hace imposible la comisión de tal delito.

Es más, el juez ha podido comprobar que las prácticas por las que Bañolas acusaba a Torres, no solo eran las mismas que practicaba el aliado electoral de CC Lucas Bravo de Laguna, antecesor del socialista al frente de dicho Instituto, sino que, además, este mejoró los controles sobre los cobros a entidades por la cesión del Gran Canaria Arena, meollo de la denuncia de Bañolas.

En este párrafo del auto, comunicado ayer jueves, se resume tal hecho: “En relación con el eventual perjuicio económico que se hubiera podido causar al IID, el director-gerente (de dicho Instituto Insular de Deportes) expone que no hay ninguna cantidad para cuya reclamación haya prescrito el derecho, y, desde que Ángel Víctor Torres Pérez tuvo conocimiento del debate público, en torno a la posibilidad de prescripción de derechos, impartió instrucciones expresas para impedir que pudieran prescribir. Finalmente, el director-gerente señaló que no se ha producido ningún perjuicio económico al IID”.

Respecto a la segunda denuncia, no es más que un nuevo escrito de Bañolas que se suma al anterior y en el que se acusa a Torres por prevaricación administrativa. También es importante la fecha en que se presenta (6 de junio de 2019), dado que las elecciones autonómicas se celebraron el 26 de mayo anterior y, en caso de que Torres estuviera imputado, el PSOE no podría pactar con partidos como Ciudadanos o Podemos.

Si en el primer caso desde CC se aseguraba (falsamente, como confirma ahora el juez) que por la gestión de Torres se habían dejado de cobrar cantidades en el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, en el segundo se sostenía (igualmente sin fundamento alguno) que el socialista había prevaricado al levantar determinados reparos elevados desde la Intervención.

De nuevo, el juez desmonta, sin mayores problemas, tal acusación, hasta tal punto que llega a recoger en su auto que “ la documentación aportada por el IID acredita que, junto con los decretos, se han ido tomando las medidas necesarias para evitar las irregularidades (prorrogar o celebrar contratos, comunicar al Pleno la existencia del expediente, etc.) todo lo cual descarta la comisión del delito de prevaricación que menciona el denunciante”.

Resta añadir que, contra este auto, cabe recurso, lo que no es descartable dado que el próximo día 10 hay otras elecciones.

Claro ejemplo (fracasado) de uso electoralista de la Justicia

Fernando Bañolas presentó las denuncias, ahora archivadas, menos de una semana después de que su líder en CC, Fernando Clavijo, declarase como imputado por el caso Grúas y cinco antes de unas elecciones generales, con las autonómicas mes y medio después. El resultado final es un varapalo jurídico y electoral para CC.

 

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