Contrariamente a lo que cabía suponer tras el aforamiento del expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, como consecuencia directa de su elección como senador autonómico, el caso Grúas seguirá investigándose en el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna hasta que se decida si, finalmente, se eleva o no al Tribunal Supremo. Ello se debe a que la doctrina del Alto Tribunal estatal fija que no basta la mera presencia de un aforado en una causa para que asuma la competencia sobre el mismo, como pretendía la representación legal de Clavijo desde que se consumó su nombramiento como senador, sino que la instrucción debe estar en un estado muy avanzado para que justificar tal decisión.
Así lo recordó la Fiscalía Anticorrupción provincial en un informe fechado el pasado día 10 y en el que se aboga por continuar con la toma de declaraciones prevista por dicho juzgado, una postura que, vista la providencia dictada el pasado lunes por el propio Juzgado (sobre la que DIARIO DE AVISOS informó detalladamente en su edición de ayer) es compartida por la jueza instructora.
No en balde, tanto el citado informe de Anticorrupción como en tal providencia, se coincide en la necesidad de citar a testigos, como el anterior propietario de la concesionaria, José Padilla, así como a varios extrabajadores de la empresa y a su actual dueño, José Luis Tacoronte, antes de redactar la exposición motivada que, como es preceptivo, debe entregarse en el Supremo para que pase a entender sobre este asunto. Todo ello explica por qué Padilla y Tacoronte ya han sido citados para el próximo 14 de noviembre por el juzgado lagunero, mientras que cuatro de los extrabajadores tendrán que personarse en el mismo al día siguiente.
Además del contenido de ambos documentos judiciales se deduce que estas no serán las únicas diligencias que practique el juzgado lagunero sobre el caso Grúas antes de elevarlo al Supremo, sino que también se tomará declaración como testigos a tres extrabajadores más de la concesionaria y se citará de nuevo a Alejandro Cordero, uno de los dos funcionarios municipales que administró temporalmente Autogrúas Poli para evitar su quiebra definitiva.
Tal y como se explica en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la existencia de indicios contra Clavijo no justifican por sí solo la elevación del caso al Supremo, sino que la investigación debe continuar hasta que los mismos adquieran la condición de “sólidos, cualificados, graves, consistentes o fundados”, según la doctrina del Alto Tribunal estatal. Para ello, continúa la fiscal, es menester tomar declaración a los dos empresarios citados y a los extrabajadores, como ya ordenó en su día la Audiencia Provincial al entender que “la toma de declaración de los testigos (…) es útil para determinar si las resoluciones administrativas en las que se dicen han participado los investigados, por su condición de autoridad o funcionario público, son graves, manifiestamente injustas y arbitrarias, contrarias a derecho y fundadas en el solo interés de quien las dicta o propicia”.
Cabe apuntar que tanto el testimonio de Padilla como el de algunos extrabajadores son considerados de especial interés para profundizar en la investigación, habida cuenta de lo que ya manifestaron ante la Guardia Civil y durante la comisión municipal que abordó este asunto.
En el informe de Anticorrupción se detallan, además, que “de todo lo actuado se desprende la clara participación, activa y fundamental, que ha tenido Fernando Clavijo en los hechos investigados”, para, a continuación, realizar un recordatorio de los mismos. En concreto, la Fiscalía recuerda que los indicios que señalan hacia el entonces alcalde lagunero pasan por “la posible caducidad de la concesión que, según los pliegos de la misma, le correspondía instar al alcalde, en aquel momento Fernando Clavijo; el posible rescate de la concesión, que también era responsabilidad de este; el levantamiento de los reparos (en mayúscula en el original) interpuestos por el Interventor General del Ayuntamiento; y la vía a la que se acudió para poder levantarlos, motivando con ello que posteriormente se dictaran por los otros dos investigados (en referencia a José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño), concediendo así el préstamo y prorrogando la concesión administrativa a Autogrúas Poli”.
Llegados a este punto, es menester recordar que en el caso Grúas se investiga si se cometieron o no los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la gestión del servicio municipal de grúas durante la etapa de Clavijo como alcalde y de Díaz como concejal de Seguridad Ciudadana. Presuntamente, desde el Ayuntamiento de La Laguna se habría dado un trato de favor a siete empresarios, la mayoría con vínculos de distinto nivel con el propio Clavijo, que se hicieron cargo de la concesionaria y prácticamente la llevaron a la ruina. Para evitarlo, desde la Corporación se les concedió un préstamo de 120.000 euros y se le prorrogó la concesión, a pesar de que las irregularidades cometidas eran de tal calibre que jurídicamente estaba justificado el rescate de la misma.
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