La cercanía de las elecciones previstas para el 10 de noviembre ha terminado por desatar un enfrentamiento de tal calibre que ya se puede hablar de guerra abierta entre el PSOE y los dos principales partidos de la oposición, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que han coincidido en boicotear, cada uno a su manera, la propuesta del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres (PSOE) para cambiar el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y el medio punto del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que, curiosamente, redujo CC durante la etapa de Fernando Clavijo a instancias del PP de Asier Antona. Tras su derrota electoral, ambos fueron relegados y ahora son los senadores autonómicos de sus respectivos partidos. Lo cierto es que de aquellos polvos vienen estos lados, por cuanto ya el vicepresidente autonómico actual, Román Rodríguez, acusó al anterior Gobierno de Canarias de un desequilibrio en las cuentas que ha impedido, según el nuevo equipo dirigente de esta Comunidad, aplicar la agenda social prevista y que, no hay que olvidarlo, fue refrendada por los isleños en las urnas regionales.
Ahora, el Ejecutivo de Torres pretende cambiar el reparto de los fondos procedentes de dicho medio punto del IGIC y del Fdcan, de tal modo que el Gobierno se quede con el 58% y cabildos y ayuntamientos con el 42%, justo al revés de lo ocurrido hasta ahora, a cambio de destinar esos dineros a lo social, lo que evidentemente repercute en las corporaciones locales. Como explicó anoche la vicesecretaria regional del PSOE, Elena Máñez, a la salida del Comité Ejecutivo de los socialistas canarios celebrado ayer, se trata de “una apuesta clara por las políticas sociales sin renunciar a la estabilidad presupuestaria”.
Sin embargo, tanto CC como PP no están por la labor. Mientras los populares abogan por un plante en las corporaciones locales que controlan, los nacionalistas han presentado mociones para impulsar un rechazo a la variación, ya explicada, que propone el nuevo Gobierno.
Este inicio de hostilidades ha derivado en una guerra abierta que, obviamente, tiene mucho que ver con las elecciones del 10 de noviembre próximo, y Máñez no ha dudado públicamente en responder a CC y PP: “Los partidos de la oposición van a tratar de utilizar los presupuestos de Canarias como arma arrojadiza contra el socialismo canario, con el objetivo de sacar rédito de cara a las elecciones del 10 de noviembre”, consideró la dirigente socialista, “con propuestas de bloqueo interesadas e insolidarias”, por lo que animó al socialismo canario, presente en la práctica totalidad de los ayuntamientos y cabildos isleños, a “defender el progresismo y el bienestar social frente a los ataques de quienes entienden la política como un mercadeo en el que todo vale”, en referencia a Coalición Canaria. La clave, según Máñez, tiene todavía mayor calado y, lo que es peor, resulta más preocupante para la ciudadanía: “El objetivo de estas mociones (y, en buena lógica, del anunciado plante del PP) es que el Gobierno de Canarias retire del presupuesto 100 millones correspondientes a 2019 y otros 80 millones para el año 2020, que permitirían, por un lado, que Canarias no entre en desequilibrio económico en el año 2019 y, por otro, que sea posible sacar los Presupuestos para 2020”, resumió. Además, Máñez ve “hipocresía” en la oposición porque “critican lo que ellos mismos propusieron en el año 2017 con los 101 millones de euros de Carreteras, y que llevaron a cabo con el apoyo solidario de cabildos y ayuntamientos”.
El PP propone un plante de la Fecai y la Fecam por el IGIC y el Fdcan
La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, anunció ayer que los alcaldes y presidentes de Cabildo de su partido (el de La Palma, concretamente) van a plantear en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai) el rechazo de las corporaciones locales a la subida, al nuevo reparto del IGIC y la reorientación del Fdcan. Acompañada por el presidente del PP de Tenerife y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, Navarro acusó a Ángel Víctor Torres de querer “volver a apropiarse” de los recursos de las corporaciones locales, como ya hizo el Gobierno CC-PSOE en 2012, pero con una situación económica “más crítica”. Al respecto, dijo que “la avaricia fiscal de Torres y sus socios no tiene límites”; pues, tras el “atraco” a los ciudadanos con la subida del IGIC, ahora quiere hacer una “mordida” a las corporaciones.
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