Caso Grúas

La jueza cita a un testigo clave pese a los intentos de Clavijo por evitarlo

Tanto José Padilla, anterior propietario de Grúas Poli, como José Luis Tacoronte, actual dueño, declararán como testigos el próximo 14 de noviembre; cuatro extrabajadores de la empresa lo harán al día siguiente

el empresario José Padilla cuando declaró en la comisión    municipal
el empresario José Padilla cuando declaró en la comisión municipal

La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, que investiga el llamado caso Grúas, ha dictado una providencia a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS por la que se cita a declarar el próximo 14 de noviembre como testigo a José Padilla, antiguo propietario de la empresa concesionaria y considerado como un testigo clave para la causa, hasta tal punto que uno de los imputados, el expresidente regional y actualmente senador autonómico, Fernando Clavijo, intentó evitar en dos ocasiones (ambas sin éxito) que dicho empresario declarase bajo juramento en el citado juzgado, como ya hizo en su día ante la Guardia Civil y una comisión municipal que intentó ayudar al esclarecimiento de lo sucedido.

En la referida providencia, la jueza también cita para el mismo día a José Luis Tacoronte, que es el actual propietario de dicha empresa, Grúas Poli, también como testigo. No serán los únicos testimonios que recabe ahora este juzgado sobre el caso Grúas, dado que para el día siguiente, el 15 de noviembre, están igualmente citados como testigos un total de cuatro extrabajadores de dicha concesionaria: Begoña Fernández, María Dolores Delgado, Alejandro Díaz y Evelio García.

Con esta providencia, la jueza lagunera da cumplimiento a lo dispuesto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que apreció los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las dos acusaciones populares (impulsadas por Unidas Podemos y Avante La Laguna) en tal sentido, desbaratando así la intención de Clavijo.

Esta postura reacia del expresidente ante una declaración de Padilla se entiende mejor si se recuerda, por ejemplo, lo que dicho empresario declaró bajo juramento el 4 de septiembre de 2013 ante especialistas del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con atestado número 2013-004850-000152.

Cuando entonces se le preguntó a Padilla sobre si sabía de alguna irregularidad cometida por parte de alguien del Ayuntamiento de La Laguna durante la prestación de servicios con su empresa, el empresario sostuvo que, siendo Clavijo concejal de Seguridad, le indicó que “tenía que comprar un programa de contabilidad y de gestión de las grúas que costaba 20.000 euros, pudiendo comprarlo en Barcelona él por 900, teniendo que discutir en varias ocasiones por este motivo, no comprándolo finalmente, además de otras obras que le obligaron a contratarlas a través de ellos, pasándole las facturas, como el cercamiento y asfaltado de la calle Espinero, la puerta de la entrada, cámaras de vigilancia del depósito de La Villa, dos oficinas juntas que hicieron en la parte de logística del Ayuntamiento de La Laguna para la gerente y la administrativa de la empresa, donde los conductores de las grúas entregaban los partes diarios, sabiendo que una de estas oficinas está ocupada por otra empresa, no recibiendo ningún dinero por ella (…)”, para a continuación hacer una vaga alusión a supuestos sobreprecios apuntando que “los cargos que tuve que pagar me parecieron de un coste económico muy superior al que realmente debían costar”. Es entonces cuando Padilla describe cómo percibía la relación con Clavijo, manifestando que afrontaba tales pagos “sin protestar por miedo a que le quitasen la concesión, que era una de las amenazas que recibía por parte de Fernando Clavijo, cuando no estaba de acuerdo con algo relacionado con la empresa, haciéndolo con gritos y amenazas. Durante todo el tiempo que tuvo la empresa todo fueron amenazas, no dejándole hablar en las reuniones que tenían”.

Respecto a la solicitud de Clavijo de beneficiarse de su privilegio como aforado (para eso se autoimpuso en su partido como senador autonómico) y, en consecuencia, que el caso Grúas pase a ser competencia del Tribunal Supremo, la jueza incluyó en la providencia hecha pública ayer una referencia al incluir este preámbulo antes de disponer sobre la citación de Padilla y Tacoronte: “Sin perjuicio de lo que se resuelva respecto a la exposición razonada a elevar al Tribunal Supremo y dado que aún de elevarse no es suspensiva de la instrucción”. Es decir, que la jueza, pese a lo argumentado por José Antonio Choclán (uno de los abogados más conocidos y caros de España, contratado por Clavijo y defensor entre otros de Cristiano Ronaldo y Francisco Correa, del caso Gürtell), entiende que, mientras se eleva la causa al Supremo, debe seguir investigando este caso Grúas, que versa sobre la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias).

Sirva como curiosidad que, en su providencia, la jueza explica que en el juzgado no constan las direcciones de los testigos que ahora llama a declarar, por lo que ha solicitado a Grúas Poli “a fin de que informe si disponen de esa información en su sistema informático (…), sin perjuicio de que las partes personadas informen si de ello tuvieran conocimiento”.