Caso Grúas

La jueza lagunera se ratifica en apreciar indicios delictivos contra Clavijo

La exposición razonada, trámite imprescindible para que el Supremo se haga cargo de la causa, incluye sus sospechas de que el hoy senador cometió los delitos de prevaricación y malversación

Clavijo a su salida de los juzgados de La Laguna tras declarar como imputado por el caso Grúas. | FOTO: Fran Pallero
Clavijo a su salida de los juzgados de La Laguna tras declarar como imputado por el caso Grúas. | FOTO: Fran Pallero

La titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, Celia Blanco, se ha reafirmado contundentemente en su apreciación de que existen indicios delictivos en la actuación de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en relación con el caso Grúas.

Dichas sospechas se centran en la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por parte del entonces alcalde lagunero y expresidente autonómico, y se recogen en la exposición razonada que dicha jueza ha elevado al Tribunal Supremo, tal y como adelantó ayer Canarias 7.

Esta exposición razonada de los hechos es un requisito imprescindible para que dicho Alto Tribunal se haga cargo del control de esta investigación judicial, tal como solicitó Clavijo para así beneficiarse de sus privilegios como aforado, lo que intentó, sin éxito, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y para lo cual se autoimpuso en su partido para convertirse en senador autonómico.

Es menester advertir igualmente que, en esta exposición razonada, el juzgado lagunero no contempla si, a su entender, el Supremo debe hacerse cargo de todo el caso o solo Grúas o solo en lo referente a Clavijo.

Como adelantó DIARIO DE AVISOS en su día, la doctrina del Supremo es entender solo lo relacionado con el aforado, pero la causa no puede dividirse si la actuación del mismo es imprescindible para investigar y, en su caso, juzgar al resto de imputados, que son los también coalicioneros José Alberto Díaz (exalcalde de La Laguna) y Antonio Pérez Godiño (exedil lagunero), además de la exdirectora de Seguridad municipal en la Ciudad de Los Adelantados, Rosario García.

Entrando ya en materia, la principal novedad es esta ratificación de la jueza a la hora de advertir indicios delictivos contra Clavijo. Aunque ya hiciera algo parecido en la exposición razonada que envió al TSJC, en esta ocasión se expresa en términos mucho más contundentes y, con este escrito, la magistrada se suma a las líneas principales de la tesis defendida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pero también a la de la Fiscalía Anticorrupción y a la de las dos acusaciones populares, impulsadas desde los grupos municipales Avante La Laguna y Unidas Podemos.

Como no podía ser de otra manera, la jueza se centra en los dos hechos controvertidos, como son el préstamo de 120.000 euros y la prórroga de la concesión a una empresa, entonces controlada por varias personas con vínculos de distinto nivel con el entonces alcalde Clavijo. Estas dos actuaciones, tan cuestionables, se llevaron a cabo a pesar de las advertencias de ilegalidad elevadas desde la Intervención municipal lagunera, y se autorizaron en tres decretos, dos de los cuales llevan la firma de Clavijo, mientras que el restante fue rubricado por Antonio Pérez Godiño, aunque en honor a la verdad lo hizo porque sustituía a José Alberto Díaz, a quien correspondía tal atribución, pero que se encontraba de vacaciones en el momento en el que se aprobó tal decreto.

Así, y a modo de resumen, en la exposición motivada se detalla que: “El Decreto controvertido resuelve ‘conceder a la entidad Autogrúas Polo SL’ un préstamo en dinero por importe de 120.000 euros”, y que ello se hace “sin fijar plazo de devolución” y “sin determinar garantía de su devolución, ni tampoco intereses”.

“No se estableció en el Decreto -continúa la jueza- qué puntos de esa entrega de dinero (120.000 euros) y su falta de plazo de devolución se podían considerar como ‘incumplimientos’ para ejecutar la fianza primigenia del año 2003 y las facturaciones futuras”.

“Así, se constatan los indicios de la resolución arbitraria e injusta que exige el Código Penal y el conocimiento de que esos requisitos esenciales para entregar los 120.000 euros eran sabidos y conocidos por Fernando Clavijo, pues así lo había hecho constar el Interventor”. Concluye en relación a la presunta prevaricación.

Respecto a la malversación, la jueza explica que “a pesar de que, finalmente, el mencionado préstamo fue objeto de devolución por Autogrúas Poli, se aprecian indicios de un delito de malversación de caudales públicos, toda vez que, dicho delito, tutela no solo el patrimonio público, sino, sobre todo, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Ayuntamiento. En este caso, la actuación de Fernando Clavijo se ha producido con una total ausencia de tutela del patrimonio público, en concreto del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, al consentir, en el Decreto referido, la autorización de un préstamo por valor de 120.000 euros, sin regulación legal (dato muy negativo para el futuro procesal de Clavijo), plazo y fianza para garantizar su devolución, produciéndose con ello una violación del deber de fidelidad que él mismo debía tener acerca de la protección de los bienes puestos a su disposición, que, por otro lado, al tener el carácter de públicos gozan de una superior protección jurídica con respecto a los privados, ya que están destinados a la satisfacción de los intereses generales”.

Esta recapitulación, elaborada por la jueza, continúa explicando que “Fernando Clavijo, en su condición de Alcalde Presidente de La Laguna, tenía la detentación material de los caudales y una facultad de decisión jurídica sobre los mismos y siendo totalmente conocedor de ello, dispuso de los mismos, apartándolos de su destino público y beneficiándose única y exclusivamente a un particular, permitiendo con ello la sustracción de los mismos, sin que sea necesario que ello se lleva a cabo con el ánimo de obtener un beneficio personal, ya que tal como establece la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la conducta se realiza con ‘ánimo de lucro’ cuando se pretende cualquier propósito de provecho o ventaja propio o ajeno, y siendo también indiferente el móvil o causa última, ya sea esta la liberalidad, la pura beneficencia o el ánimo contemplativo, ya que, para este delito, no hay diferencia entre el ánimo de lucro y el animus rem sibi habendi, toda vez que constituye una apropiación de bienes que han sido confiados al autor”.

“En este caso, se aprecia un animus rem sibi habendi, ya que era evidente que la concesión del préstamo en las condiciones en las que se llevó a cabo (sin plazo y sin fianza para garantizar la devolución del mismo) forzosamente alojaba la posibilidad de que el mismo no fuera restituido”.

Tampoco faltan las sorpresas en la exposición razonada. Por ejemplo, cuando se afirma que “los expertos externos (Catedráticos de la ULL) informaron que cabía la prórroga de la intervención”, cuando en su declaración como testigos negaron haber valorado la prórroga, así como el reconocimiento de que no ha logrado averiguar quién contrató a dichos expertos para contrarrestar los argumentos de la Intervención, cuando incluso cobraron por ello.

Nada sobre el tráfico de influencias contra Clavijo

En la exposición razonada, elevada por el juzgado lagunero al Supremo sobre el caso Grúas, solo se advierten indicios de que Clavijo pudo cometer prevaricación y malversación, pero nada se dice sobre el tráfico de influencias. A este respecto, es imprescindible recordar que aún no han declarado ante el juzgado lagunero ni el antiguo dueño de la concesionaria, José Padilla, ni los extrabajadores que, por contra, sí lo han hecho ante la Guardia Civil y la comisión municipal. Están citados para dentro de dos semanas.

Enésimo intento de Clavijo para que no declare un testigo considerado clave

Una vez más, la representación legal del hoy senador autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria), pretende evitar que declare en el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna el expropietario de la empresa concesionaria de las grúas laguneras, José Padilla, así como varios extrabajadores de la misma.

Cabe recordar que tanto el testimonio de Padilla como el de estos trabajadores son considerados como claves para profundizar en la investigación del llamado caso Grúas, habida cuenta de lo que dijeron cuando fueron interrogados por la Guardia Civil y en la comisión municipal que investigó este asunto.

Ello se debe a que, estando bajo juramento, acusaron a Clavijo de, presuntamente, presionar a Padilla para que vendiera la concesionaria a una serie de empresarios (la mayoría de ellos relacionados de alguna manera con Clavijo) que, posteriormente, arruinaron el negocio hasta tal punto que el Ayuntamiento lagunero prestó a la empresa 120.000 euros y prorrogó la concesión, cuando por ley tenía que haber retirado la concesión a los mismos dado los graves incumplimientos del pliego de conclusiones en que habían incurrido.

Más allá de la suerte que pueda tener este nuevo recurso de Clavijo (a priori será desestimado como ya pasó con sus predecesores), lo cierto es que, según los especialistas consultados por este periódico, tanto José Padilla como José Luis Tacoronte (el empresario que finalmente se hizo cargo de la concesionaria) prestarán declaración como testigos el próximo 14 de noviembre, para lo cual ya han sido citados.

Igualmente, para el día siguiente, el viernes 15 de noviembre, están citados como testigos cuatro de los extrabajadores de dicha concesionaria: Begoña Fernández, María Dolores Delgado, Alejandro Díaz y Evelio García.

Hay que tener en cuenta que, según ya decidió la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el envío de la exposición razonada al Supremo no tiene efectos suspensivos de la instrucción en curso, y más cuando esta, como es el caso, se encuentra en la fase de prórroga respecto al tiempo máximo que, por ley, puede durar.

Además, el Tribunal Supremo debe aún enviar un suplicatorio al Supremo y este responderlo.