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Un canario a la cabeza del ‘procés’ más complejo de la democracia

El tiempo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos darán o no la razón a la sentencia de la Sala presidida por Marchena, juez etiquetado de conservador que llegó a Madrid de la mano del socialista Eligio Hernández

La realidad y el relato son son dos planos distintos que a veces convergen y otras veces se repelen. Pero discernir una cosa y la otra se está convirtiendo en una tarea titánica, con tanto juicio de intenciones de por medio. Es real que Manuel Marchena nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, de madre canaria y maestra y padre capitán de la Legión. Que cursó el Bachillerato en El Aiún hasta los 16 años, que volvió a Las Palmas y siguió estudiando en el Colegio San Ignacio de Loyola de los Jesuitas, y eso le abrió el camino a la Universidad de Deusto, donde conoció a su futura mujer, Sofía Perea.

Es real que Marchena regresó a Las Palmas, se convirtió en fiscal y presentó en 1990 una tesis doctoral en la Universidad de La Laguna que dejó boquiabierto al juez Eligio Hernández, que se lo llevó a Madrid a la Secretaría General Técnica cuando fue nombrado fiscal general del Estado por el Gobierno de Felipe González. “Es uno de los grandes juristas españoles de los últimos cincuenta años”, afirma Hernández.

Después de dos años como fiscal del Tribunal Suoerior de Justicia de Madrid, volvió al Secretaría General Técnica de la Fiscalía con la llegada del PP de José María Aznar, en 1996, puesto en el que se mantuvo hasta 2003, cuando era fiscal el ultraconservador Jesús Cardenal. En 2004, fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, y en 2007 fue designado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal preside desde 2014.

Y ahí es donde entra la tensión entre la realidad y el valor interpretativo que siempre tiene el relato: una parte de la izquierda considera a Marchena un juez de tendencias derechistas por haber trabajado junto a Cardenal, un confesado opusdeíno. El periodista José Yoldi, durante años experto en tribunales de ‘El País’, lo acusó de arrastrar “la honorabilidad de Garzón por el fango” durante la instrucción de un presunto delito de cohecho y otro de prevaricación que se le imputaron al exjuez por el patrocinio de unos cursos celebrados en el centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, un caso finalmente archivado.

Durante su etapa como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo se ha producido el archivo de la causa contra la senadora Pilar Barreiro, relacionada con el Caso Púnica. Tampoco se llamó a declarar al presidente del PP , Pablo Casado, tras las sospechas de irregularidades en su expediente académico. Pero Marchena ha dado muestras de independencia judicial, como cuando renunció a presidir el el Tribunal Supremo, tras un pacto entre el PSOE y el PP, después de que se filtrara un guasap del exsenador popular Ignacio Cosidó, que afirmaba que, con Marchena de presidente, controlarían la Sala de lo Penal, encargada de juzgar el ‘procés, “desde atrás”.

En el juicio contra los líderes independentistas, Marchena ha combinado templanza y buenas formas -permitiendo el lazo amarillo en las solapas- con un control total del juicio, que nunca se le fue de las manos. Pero queda lo más delicado: que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a donde ya dirigen sus miradas los independentistas, no le tumbe una sentencia que los independentistas califican de “venganza”.

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