El primer dueño de la concesionaria de las grúas municipales laguneras, José Padilla, se reafirmó hoy jueves en sus anteriores declaraciones sobre el caso Grúas y en las que sostuvo que el exalcalde y hoy senador autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), presuntamente le presionó para que vendiera la empresa a una serie de trabajadores a los que, también presuntamente, le obligó a contratar y que tenían relación anterior con el también expresidente autonómico.
Padilla realizó dichas declaraciones, que concuerdan con las que realizó en su día ante la Guardia Civil y años después ante la comisión municipal que indagó sobre este asunto, en su comparecencia de ayer como testigo ante el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, que investiga el llamado caso Grúas y por el cual están imputados el propio Clavijo, el también exalcalde lagunero José Alberto Díaz, el también exconcejal de CC Antonio Pérez Godiño y la exdirectora municipal de Seguridad Rosario García.
Durante su testimonio, Padilla llegó a decir que los amigos de Clavijo le explicaron que, cuando intentaba hablar con el exalcalde, dos de estas personas a las que luego terminó vendiendo la empresa [Carmelo García y Santiago Casanova] “me dijeron que no hacía falta hacer nada porque ellos estaban autorizados por Clavijo”, y que “delante de mí hablaban con él por teléfono; Clavijo era el jefe del tema”.
Sobre las prácticas de enchufismo que describe Padilla, fue a preguntas de la fiscal anticorrupción cuando el empresario sostuvo que, “cuando me dieron la concesión, no tenía ningún trabajador, y fue el Ayuntamientyo el que me eligió a los trabajadores, que eran amigos de Clavijo. Era el propio Clavijo el que me telefoneaba y me decía que iba a ir una persona para que la contratase”.
Entrando en detalle, Padilla añadió que “cuando empezamos a funcionar había cuatro trabajadores, de los que yo solo contraté a uno, Emilio, y Clavijo me dijo que no volviera a hacer, contratar a un trabajador sin sus indicaciones, y que el resto fueron impuestos por Clavijo”. Avanzado el interrogatorio, el empresario describió que, cuando el coalicionero se enteró de que había contratado a un trabajador sin su permiso “casi me come por teléfono”.
Respecto a los que, según Padilla, contrató por orden del exalcalde, manifestó que “Carmelo fue contratado por sugerencia de Clavijo. Aunque ninguno tenía experiencia, tenía que contratar a los trabajadores porque en caso contrario no me pagarían o me quitarían la concesión. Eran Clavijo y Estanislao González [jefe de área de Hacienda y Servicios Económicos de La Laguna entre septiembre de 2009 y junio de 2017, conocido hombre de confianza de Clavijo, al que acompañó en su etapa gubernamental] quienes me amenazaban”.
Respecto a otros contratados por esta vía, Padilla citó a “Begoña [Fernández], que la contraté porque era amiga de la mujer de Clavijo; a otro lo contraté porque era compañero de kárate de Clavijo; y a Santiago Casanova, que le hacía trabajos a Clavijo con una empresa que tenía de mantenimiento”.
Tras ahondar en tal sentido cuando respondía a las acusaciones particulares (impulsadas desde Unidas se puede y Avante La Laguna), Padilla añadió durante el interrogatorio del abogado de Pérez Godiño que “no denuncié estos hechos; siempre estaba amenazado, me tiraban los papeles al suelo y me decían que me iban a quitar la concesión. Incluso, el jefe de la Policía Local, Luis Jara, me hizo comentarios sobre lo mal que me trataban… pero él tampoco denunció”. Eso sí, “solo fue Clavijo quien me impuso la contratación de seis o siete trabajadores, ningún otro concejal me impuso la contratación de trabajadores”.
Respecto a por qué vendió la concesionaria a esos trabajadores, Padilla respondió bajo juramento que “vendí la empresa porque no me pagaban, me vi obligado porque, cuando vendí, me debían en factura doscientos y pico mil euros y 60.000 euros de IPC [sic]”. Para poder cobrar esta deuda del Ayuntamiento, el empresario dijo ayer que “le pedí a Begoña que llamara a Clavijo para que me pagaran y para que me recibiera y así poder hablar con él, pero este le contestó a Begoña que no quería hablar conmigo”, si bien finalmente “logré hablar con él de forma informal, y me dijo que dejara la concesión”.
También sostuvo Padilla que “Pérez Godiño y Juan Antonio Alonso [otro concejal lagunero de CC] me dijeron que dejara la concesión, que había otra gente que quería cogerla”, así como que “Clavijo le dijo a Begoña y a Loly [María Dolores Delgado, otra trabajadora] que iban a coger a siete trabajadores y que me fuera”. Fue entonces cuando Carmelo García y Santiago Casanova “me dijeron que no hacía falta hacer nada porque ellos estaban autorizados por Clavijo”, y que “delante de mí hablaban con él por teléfono; Clavijo era el jefe del tema”.
Respecto al dinero que le debía el Ayuntamiento, Padilla recordó que “lo cobraron los nuevos propietarios, que me pagaron inmediatamente”. A preguntas de la letrada de Avante La Laguna. Sandra Rodríguez, el empresario añadió que “les dije [a quienes terminaron por comprarle la empresa] que no compraran, que era una ruina [ayer aseguró haber perdido unos 700.000 euros en este negocio] pero ellos estaban dominados por Clavijo. Incluso les propuse hacernos socios, porque sabía que tenían amistad con Clavijo y supuse que cobraría mucho más fácil, pero me dijeron que Clavijo no quería, que lo que quería es que yo desapareciera”.
Sobre cómo funcionaban las cosas, Padilla dejó varias frases igualmente reseñables. Por ejemplo, recordó que ya en la comisión municipal dijo que “fui obligado a hacer algún que otro pago porun concepto distinto al servicio de grúas; todo fue a través de Begoña, y una de las veces era para ir a una comida de Clavijo con los jueces”.
En otra ocasión “creo que era para la hípica”. También sostuvo este empresario que “cuando les vendí la empresa, ninguna de las personas que la cmpraron tenían capacitación personal, lo que finalmente denuncié porque usaron mi títutlo de capacitación personal, aunque tardé en hacerlo para darles un margen para que lo obtuvieran”.
Resta añadir que el caso Grúas versa sobre la comisión de tres delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, malversación y tráfico de influencias), así como que está pendiente de que el Supremo decida si se hace cargo de todo el caso al estar aforado Clavijo, o solo en lo que respecta al hoy senador.
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