T. F. / EP
Política de hechos consumados. Lejos de recular en sus planes expansionistas (como ya ocurrió en un incidente similar con Argelia), el Gobierno de Marruecos pretende marcar el paso al de España a la hora de fijar la siempre aplazada mediana marítima entre Canarias y el país vecino, para lo cual tiene previsto aprobar dos leyes internas que agregan a su territorio las aguas oceánicas que en realidad corresponden al Sahara Occidental y que, en la práctica, invaden las del Archipiélago hasta prácticamente El Hierro. Y, por supuesto, esto provocó ayer una nueva reacción de protesta del Gobierno canario.
El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, sostuvo ayer que, por una parte, ha dejado bien claro que, a su juicio, su país está en su “derecho soberano” de delimitar sus aguas, como han hecho otros países, pero, por otra parte, sostiene que el Gobierno de Rabat quiere dialogar con España.”No hay malentendido, Marruecos está en su derecho soberano, pero no quiere ir más allá de sus derechos. Los otros países han delimitado sus espacios marítimos sin pedir autorización”, dijo Burita en declaraciones al digital Medias24. En su juego a dos barajas, Burita asegura que Marruecos no quiere “imponer hechos consumados”, sino que “está abierto al diálogo, especialmente con España”, pero, en realidad, están haciendo lo contrario.La Comisión de Exteriores del Parlamento marroquí aprobó el pasado día 16 dos leyes, una para delimitar las aguas territoriales marroquíes (un ancho de 12 millas) y otra para declarar la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas, prevista por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Tanto el Gobierno español como el canario reaccionaron entonces afirmando que no conocían el contenido de las leyes, a la par que recordaban que “debe regir, como siempre, el mutuo acuerdo en el marco del respeto a la Convención del Mar de Naciones Unidas”. Especialmente contundente se mostró el presidente canario, Ángel Víctor Torres, quien sostuvo que “no se toca ni un milímetro de las aguas canarias”. Lo cierto es que, como informó puntualmente DIARIO DE AVISOS, las leyes marroquíes que nos ocupan iban a pasar al pleno de la Cámara de Representantes el pasado lunes 23, pero finalmente se retiraron del orden del día.
El Gobierno de Canarias y el PSOE valoraron ese frenazo y la ministra de Exteriores, Margarita Robles, anunció que se aplazaba sine die, pero fuentes diplomáticas marroquíes sostienen ahora que las leyes siguen adelante y que su voto solo se aplazó porque el resto de los asuntos de ese pleno eran convenios internacionales. Según Medias24, ambas normas irán al pleno a principios de 2020, para luego pasar por la Cámara Alta marroquí.
La Convención de Derecho del Mar, ratificada por Marruecos en 2007, también prevé que, en caso de solapamiento entre las ZEE, los países afectados establezcan el límite de mutuo acuerdo. Burita dijo ante la Comisión parlamentaria que la aprobación de las leyes es un paso previo al diálogo o, en su caso, al arbitraje, y no a la inversa. Es decir, que Marruecos se está rearmando normativamente para dar la batalla jurídica sobre las aguas de Canarias.
Para conocer mejor la visión de Rabat, cabe resaltar que el citado medio marroquí comparaba la situación con la de su vecino del este. Entre las zonas económicas de Marruecos y Argelia se “impone naturalmente” la línea mediana, pero el asunto es “técnicamente más complejo” con España, dado que una ZEE de 200 millas englobaría a Canarias y al estrecho de Gibraltar, al no haber siquiera 24 millas de anchura. En días anteriores, Burita sostuvo que el principio de la línea mediana -frontera intermedia que han respetado Marruecos y España sin ningún acuerdo formal- “no vale cuando se tiene enfrente a una isla”, refiriéndose que en este caso debería aplicarse “el principio de equidad”. Medias24 explica igualmente que la primera de las leyes, la relativa a las aguas territoriales, sustituye a una anterior, de 1973, porque “no tenía en cuenta la recuperación del Sahara en 1975”.
Lo mismo sucede con la declaración de la ZEE, puesto que Marruecos considera el Sahara Occidental como sus “provincias del sur”, lo que contraviene el Derecho Internacional, que no reconoce ese dominio marroquí sobre la antigua colonia española. Estos proyectos de ley comenzaron su andadura en 2017, el mismo año en que una comisión presentó un informe sobre el asunto a Naciones Unidas, pero todo el asunto se detuvo por una sentencia adversa del Tribunal de Justicia de la UE.
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