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El Consejo de Ministros aprobará mañana los 8,5 millones para producir agua desalada en las Islas

La nueva convocatoria de estas ayudas públicas había experimentado un retraso debido a la prórroga de los Presupuestos nacionales de 2018 y a la reestructuración ministerial
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el martes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. DA
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el martes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. DA
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el martes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. DA

El Consejo de Ministros aprobará mañana la transferencia de 8,5 millones de euros, correspondientes al periodo 2018-2019, para la producción de agua desalada destinada al consumo doméstico en Canarias.

Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras reunirse el martes en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

“El Consejo de Ministros va a aprobar el Real Decreto que habilitará los 8,5 millones para el tratamiento del agua desalada”, comunicó Torres a los medios de comunicación de Lanzarote, donde ha asistido a la presentación de 20 coches eléctricos.

Torres recordó que se trata de una ayuda al consumo que tienen los canarios del agua. “Es una feliz noticia, porque llegarán esos fondos de manera inmediata a la Consejería de Transición Ecológica y, a su vez, eso aliviará el coste de la factura de todas las familias que reciben agua desalada”. El jefe del Ejecutivo regional hizo hincapié en que esta subvención es un derecho de los canarios, porque el agua en Canarias “es mucho más cara”. Explicó que esta situación afecta no solo a los ciudadanos, sino a la industria y al turismo de las Islas donde están ubicadas esas plantas desaladoras, como son Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. La nueva convocatoria de estos apoyos públicos había experimentado un retraso debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y a la reestructuración ministerial, lo que obligó a traspasar la competencia en tal materia desde el Ministerio de Industria hasta el de Transición Ecológica.

Las ayudas a la producción del agua desalada en potabilizadoras de Canarias es un derecho que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Si hubiera que repercutir en el precio final del agua potable, el coste de la desalación, este sería significativamente mayor, por lo que los ciudadanos de las Islas tendrían que pagar mucho más por ese servicio básico que lo que hace un ciudadano en la Península.

El artículo 14 bis del REF, en vigor desde noviembre del año pasado, recoge textualmente: “Se establecerá reglamentariamente un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para el riego agrícola”.

El Consejo de Ministros ya aprobó el 29 de marzo el Real Decreto que regula la concesión de ayudas al riego agrícola en Canarias, por un importe total de ocho millones de euros. Esa partida estaba incluida en los Presupuestos de 2018 con ese mismo destino, pero no llegó a ser transferida, lo que generó protestas de varios colectivos de agricultores, además del propio Gobierno de la comunidad autónoma y partidos políticos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguró entonces que estaba entre sus objetivos prioritarios garantizar “la suficiencia y calidad de los recursos hídricos”, un objetivo que “cobra especial relevancia en las zonas más áridas del territorio español, que se concentran en el sureste peninsular y en el Archipiélago canario”. Por su situación geográfica, ultraperiférica, Canarias “ve agravada su situación por la escasez de aguas superficiales y la imposibilidad de obtención de recursos hídricos mediante sistemas convencionales, como los que pueden emplearse en el resto de las cuencas hidrográficas en el territorio peninsular”.

Esa circunstancia justifica que se impulsen sistemas de reutilización de aguas y sistemas alternativos a los convencionales para incrementar la garantía de suministro, en particular para riego agrícola. El riego es el principal consumidor de agua en la mayoría de las Islas, con una superficie regada de 28.990 hectáreas: el 69,85% del terreno cultivado. Las aguas de regadío proceden principalmente de dos fuentes: subterráneas (galería y pozos) y de producción industrial (desaladas y depuradas).

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