tribuna

Interés general

Se suele decir que Moncloa interviene en la elaboración del discurso del rey, aunque solo sea en la introducción de algún matiz imperceptible o en la pertinencia de otros que contengan una significación expresa. En cualquier caso, es saludable personificar los textos pronunciados por la Jefatura del Estado, en tanto que son la manifestación de la autonomía limitada de un órgano de Gobierno. Yo prefiero ver al rey poniendo el énfasis en aquello que le está permitido decir y apreciar que es en eso justamente donde lo está haciendo en plena libertad. Sin embargo, como el habitual cazador de gazapos que me gusta ser, me divierte buscar aquellas coincidencias, aparentemente intencionadas, entre las declaraciones habituales de la presidencia del Gobierno y la Casa Real. El discurso de este año ha sido una cronificación del transcurrir de los últimos 40 años, haciendo hincapié de dónde proviene el esfuerzo común de los españoles que nos ha llevado a la situación actual. Es curioso que se insista en recordar a la Transición como garante de la convivencia que, mal que bien, nos ha traído hasta aquí, porque esa llamada de atención se debe inevitablemente a la sospecha de que existe una debilidad o una quiebra en los principios que la inspiraron. No tiene nada de extraño que sea así, pues algunas fuerzas políticas que hoy se presentan como futuros actuantes en las responsabilidades de Gobierno han declarado que ese periodo de nuestra historia no les representa en absoluto, y otras están en franca rebeldía ante el modelo territorial que pactamos entre todos. Digo esto porque hay una coincidencia entre quien pronuncia el discurso y quien se dice que se lo revisa, y es la utilización del término interés general. He leído con atención comentarios al artículo 99 de nuestra Constitución, y no he encontrado que ese sea un requisito indispensable para que el Congreso le otorgue la confianza a un nuevo presidente. Sin embargo, Felipe VI ha dicho textualmente: “Corresponde al Congreso, de acuerdo con nuestra Constitución, tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles”. Esto me recuerda a las palabras de la ministra Celaá, actuando como portavoz del Gobierno, cuando hace escasos días, y en referencia a que no se darían instrucciones a la Abogacía del Estado sobre su actuación ante el fallo del tribunal de la UE en el caso Junqueras, que ésta actuaría sobre el principio de legalidad y buscando el interés general.

El interés general, interés público o interés común es un concepto que se encuentra en permanente revisión dado su carácter relevante en el Derecho Administrativo. Ya no se entiende que represente un reflejo paritario de todos y cada uno de los ciudadanos, porque existen otras valoraciones que lo pueden determinar, y, además, porque esa medición matemática nos puede inducir, y con frecuencia lo hace, a cometer errores insalvables. En el fondo, ¿quiénes son los grupos diversos que se aglutinan para defender ese interés, en el caso de que sean las cámaras legislativas las que lo determinen? Con frecuencia no existe esa comunidad de intenciones representativas entre ellos. Es más, podría afirmar que, en ocasiones, se encuentran en las antípodas. Se puede incurrir en uno de los riesgos que se advierten en una concepción moderna de esta idea, que dice que “el interés público debe ser comprendido como el interés genuino de toda la comunidad y no como el interés simulado de una minoría movido por objetivos de utilidad propia”. En la vida administrativa la declaración de interés común o utilidad pública lleva apareada una justificación de excepcionalidad o de urgencia que previamente debe ser declarada por alguien. No niego que estemos ante una situación extraordinaria, aunque, por la frecuencia con la que se está presentando en los últimos tiempos, me temo que acabaremos acostumbrándonos a ella, pero esto no significa que entremos en un procedimiento infrecuente recurriendo a un concepto tan impreciso y relativo como es el del interés común. Esto es lo que verdaderamente me llama la atención del discurso del Rey. Una coincidencia que no es pequeña y que puede marcar nuestro futuro inmediato en nombre de un principio tan aparentemente democrático como el de la integración de voluntades que más tiende a dividir, por la escasez de su consistencia, que a unificar. Y lo peor de todo es que se rumorea que será un regalo de los Reyes Magos.

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