Política

1.000 euros, el precio de una traición

La indisciplina de Ana Oramas en la investidura de Pedro Sánchez es resuelta en el Comité Permanente de CC con una simple sanción económica que agrava la crisis dentro del partido nacionalista

Ana Oramas y Fernando Clavijo. DA
Ana Oramas y Fernando Clavijo. DA

Coalición Canaria en Tenerife, que antaño conformara la insularista Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), logró ayer imponer su tesis en el Comité Permanente de CC para que la sanción a su diputada, Ana Oramas, por la indisciplina que cometió durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez, se limite a una multa de 1.000 euros y a que la exalcaldesa lagunera se comprometa a respetar en el futuro las órdenes emanadas de los órganos de dirección de esta formación política.

Dicha decisión fue adoptada durante la reunión que dicho Comité Permanente celebró ayer en Santa Cruz de Tenerife, si bien alguno de los participantes en la misma lo hicieron por videoconferencia, siendo el secretario general de CC, José Miguel Barragán, quien comunicó la referida decisión durante una rueda de prensa celebrada al término de tal cónclave.

Como se esperaba, la cita en cuestión no transcurrió sin sobresaltos, habida cuenta las discrepancias existentes entre quienes consideran que Oramas debe ser sancionada con dureza dada la gravedad de la traición a los suyos y los que abogan, como el expresidente del Cabildo tinerfeño Carlos Alonso, por que el asunto se solvente con la multa en cuestión.

Como quiera que el Comité Permanente no es el órgano que tomará la decisión final, sino que eleva la referida propuesta al Consejo Político Nacional, ayer no se votó a este respecto, por lo que las diferencias entre los coalicioneros no tuvieron un reflejo numérico.

Sin embargo, y tal y como advirtió anoche a DIARIO DE AVISOS el diputado autonómico de CC por Lanzarote Jesús Machín “esa propuesta que se eleva debe ser votada, y según el resultado será o no la sanción”, en clara alusión a que las diferencias descritas sí que podrán manifestarse en el Consejo Político Nacional de CC, cuya próxima reunión está prevista para antes de que finalice el mes en curso.

Para hacerse una idea de la correlación de fuerzas en el seno de CC sobre este asunto, las organizaciones insulares de Fuerteventura y Lanzarote son las más críticas con Oramas, para quien no solicitan su expulsión (como se contempla en los estatutos del partido), pero sí otras medidas que pasan por la conveniencia de su dimisión como diputada o algún tipo de suspensión cautelar en su condición como militante.

Esta postura es compartida por parte de CC en Gran Canaria, que se muestra dividida entre ambos bandos, mientras que en Tenerife abundan los afines a Oramas, a quien consideran un referente del partido en esta Isla. En cuanto al resto de las organizaciones con peso en CC, desde La Palma se guarda un prudente silencio para no enturbiar las buenas relaciones con sus compañeros tinerfeños, mientras los herreños se esfuerzan en marcar distancias con el asunto, hasta tal punto que ayer no acudieron a la cita con el Comité Permanente.

Resulta inevitable hacer mención del silencio que sigue manteniendo sobre este caso el hoy senador Fernando Clavijo, a quien se considera prácticamente copartícipe de lo acaecido por su relación directa con Oramas, con quien se reunió en Madrid el día antes de la sesión de investidura. Todo apunta a que tal indefinición pública por parte del expresidente regional está relacionada con el próximo congreso de CC, previsto para el próximo mayo, y en el que Clavijo, debilitado políticamente por sus problemas con la Justicia (caso Grúas, caso Reparos), puede aspirar a suceder a Barragán al frente del partido.

Respecto a la propuesta de la multa de 1.000 euros, Barragán explicó ayer que era una de las tres que incluyó en el informe elaborado por la Secretaría General que él mismo comanda sobre la indisciplina de Oramas, y que fue la preferida en detrimento de las otras dos, que no desveló públicamente pero que consistían en la apertura de un expediente sancionador y en la entrega del acta.

Sí reconoció Barragán que en la decisión para preferir la multa a otras sanciones de mayor calado han pesado “consideraciones políticas”, a la par que detalló cómo se fundamenta orgánicamente la misma. El ardid consiste en aplicar, analógicamente, lo que contempla el reglamento del grupo parlamentario autonómico de CC para casos de indisciplina a la hora de votar, que es donde se recoge la multa de 1.000 euros.

El acuerdo también incluye que Oramas, que según Barragán ya expuso su versión de los hechos a los miembros de la Permanente, tiene que comprometerse a no desobedecer en el futuro las órdenes que emanen de los órganos del partido y dar explicaciones ante el Consejo Político Nacional.

Barragán también dijo ayer que a la espera de lo que decida la Ejecutiva de Coalición Canaria, desde la Permanente “se da por zanjado” el problema, resaltando que se trata de un “asunto interno” y que no se van a aceptar “injerencias” desde otras formaciones políticas ni incluso de otros cargos del partido. Pero no todos piensan lo mismo en CC.