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Duelos y quebrantos

Durante las pasadas semanas, Pedro Sánchez y Esquerra nos han seguido contando la novela mala a la que nos referíamos hace varios jueves, una novela de argumento y final conocidos e irrelevantes.

Empeñados en considerar que a los ciudadanos se nos puede engañar impunemente, han amagado con una investidura antes de Año Nuevo, incluso con habilitación de días festivos en el Congreso, cuando estaba claro que Esquerra solo aceptaría enero como fecha más cercana, una vez conocida la posición de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras. ¿Qué se pretendía con un engaño tan burdo? Por cierto, que esta Abogacía está incardinada en el Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Justicia, y colabora con todos los ministerios, en especial con Justicia, Hacienda y la presidencia del Gobierno. Es decir, que, al igual que el Consejo de Estado y en contra de lo que se viene afirmando, no tiene nada que ver con la división de poderes.

Es indudable que el TJUE ha infligido un riguroso correctivo al Supremo español cuando ha contestado a la cuestión prejudicial planteada por el propio Supremo sobre el inicio y alcance de la inmunidad parlamentaria de Junqueras; y ha puesto en evidencia su politización y, en general, la intensa politización de la Justicia española, en particular en sus instancias más elevadas y órganos de Gobierno. A pesar de las proclamas de independencia, es indudable que estas instancias y órganos se nutren de jueces, magistrados y fiscales nombrados por el Gobierno y los partidos, en base a su afinidad ideológica. Y, por otra parte, también es indudable que, caso único en Europa, los jueces, magistrados y fiscales se agrupan en multitud de asociaciones ideológicas y hasta partidistas.

Los representantes de todos los poderes del Estado se han apresurado a opinar que la sentencia europea carece de relevancia porque se refiere a un momento procesal pasado, cuando se le denegó al líder independentista la excarcelación para cumplimentar los trámites pertinentes y recoger su acta de diputado europeo; y, en todo caso, el inicio de su proceso fue anterior a su elección. Todo eso es verdad, pero no es menos cierto que el Supremo, en su momento, no reconoció a Junqueras como eurodiputado y, en consecuencia, no solicitó al Parlamento Europeo, mediante el preceptivo suplicatorio, la suspensión de su inmunidad parlamentaria, por lo que su sentencia condenatoria de privación de libertad e inhabilitación, pronunciada cuando ya era eurodiputado, deviene contaminada por un vicio que para algunos la convierte en nula de pleno Derecho. Y, por si fuera poco, la Cámara Europea ha reconocido a Junqueras como uno de sus miembros y ha ordenado que se le permita desarrollar su actividad parlamentaria, es decir, que se le excarcele.

En la actual España, a los duelos que a la mayoría de los ciudadanos nos suscita la dependencia del Gobierno español del independentismo catalán y del nacionalismo vasco de pasado etarra, se unen los quebrantos que sufren repetidamente la Justicia española y su credibilidad a manos de los jueces europeos. Y no es precisamente un alimento de buen gusto para nuestra democracia.

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