¿Qué hacemos con la Justicia?

Tengo que reconocer que, aunque sobredimensionado, no me disgusta el Gobierno que ha nombrado Pedro Sánchez. Lo contrario que el que ha nombrado Pablo Iglesias. El problema es que no son dos, sino uno, al menos en teoría, y que los ministros de Sánchez van a tener un difícil diálogo y una complicada convivencia con los de Iglesias. Contraponer las biografías de unos y de otros, los orígenes, los credos políticos y la experiencia de gestión es como comparar al Barcelona o el Real Madrid con la Balompédica Linense, dicho sea con todo el respeto a sus jugadores y directivos. También tengo que reconocer que hice el elogio del anterior Gobierno de Sánchez por el historial y la aparente capacidad de sus miembros y el balance ha sido, por ser suave, manifiestamente mejorable. ¿Problemas de dirección, de objetivos, de gestión? Lo que sea, pero un fracaso personal de muchos de sus miembros y colectivo del conjunto. Veremos lo que pasa ahora.

El último de la lista, por su designación, ha sido el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, un veterano con experiencia en la judicatura, en el Consejo del Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia, en el Parlamento y en el PSOE, en el poder y en la oposición. Tiene por delante muchos conflictos y algunas cosas a favor: es sereno, conoce el problema, ha hecho muchas veces el diagnóstico de lo que pasa, tiene capacidad de diálogo con los operadores jurídicos, que le respetan, y, sobre todo, haga lo que haga, va a mejorar la labor de su antecesora, Dolores Delgado. Como le tocó a Rafael Catalá al suceder a Alberto Ruiz Gallardón, Campo va a tener que recuperar el diálogo y la confianza de todos los operadores jurídicos y a sumar fuerzas -todas son indispensables- para ver si, de una vez, somos capaces de hacer la imprescindible reforma de la Justicia que necesita España desde hace décadas.

Pero como ministro se va a enfrentar también a problemas aún más difíciles. Su presidente y el otro presidente, aunque con categoría de vice, junto con sus socios de investidura, ERC, quieren “desjudicializar la política”, que no está nada claro lo que significa o si significa lo mismo para cada uno. Y ahí juegan los primeros movimientos: sustituir o no a la fiscal general y definir la independencia de la Fiscalía; redefinir el papel de la Abogacía del Estado; “acomodar” o no la formación los jueces; acordar con el PP, si se dejan, el nuevo Consejo General del Poder Judicial y su sistema de elección y el próximo Tribunal Constitucional; y, sobre todo, afrontar el problema catalán desde el frente judicial, con el imperativo de alguno de los socios de “poner a los jueces en su sitio” y el deseo de otros de que la política “marque el camino” de la justicia. Y otros más. No es fácil.

Al ministro de Justicia, a su presidente y al vice hay que pedirles un indiscriminado apoyo al Estado de Derecho, la sumisión de todos los poderes a la Constitución, el máximo respeto a los órganos judiciales y a sus sentencias, porque sin todo eso no hay libertad ni igualdad para todos los ciudadanos. Fuera del marco constitucional es un engaño que se ejerza la democracia y no parece siquiera sostenible que los representantes del Estado se planten contra el Estado para destruirlo. Decía Camus que “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. No podemos permitírnoslo.