El Ejecutivo canario aprobará, la próxima semana, un decreto ley para compensar a los pensionistas por el copago farmacéutico hasta que el Gobierno central lo elimine. Tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de este año, informó la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval.
La intención es establecer un complemento para que los pensionistas, con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales, continúen teniendo gratis los medicamentos. Al disponer la comunidad autónoma de competencias, ello no generaría problemas jurídicos, aseveró Julio Pérez tras el Consejo. Hasta ahora, se había optado por la fórmula de la subvención, pero el Gobierno regional ha decidido no renovarla por considerar que “no es la más adecuada”. La vía de la subvención tiene efectos fiscales, explicó el portavoz; de manera que, si ha habido un incremento del patrimonio superior a los 1.000 euros, el beneficiario debe hacer la declaración del IRPF.
La consejera de Sanidad no descartó una campaña informativa dirigida a los pensionista para comunicarles estos efectos fiscales ante la posibilidad de que los desconozcan.
Una vez que el Gobierno de Canarias apruebe el decreto ley para compensar a los retirados por el pago de los medicamentos, este entrará en vigor de manera inmediata, a la espera de su convalidación parlamentaria en el plazo de 30 días, y serán las farmacias las encargadas de devolver el dinero adelantado.
Los pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales continuarán sin pagar nada por los medicamentos. Este copago farmacéutico afecta a unas 298.000 personas en toda Canarias. Julio Pérez recordó la intención de Pedro Sánchez de suprimir eliminar el copago en toda España, por lo que el decreto ley que prepara el Ejecutivo canario tendrá aplicación solo hasta que esa disposición se apruebe. El titular de Administraciones Públicas, la consejería que asesora jurídicamente al Gobierno, afirmó que la fórmula elegida es “jurídicamente defendible”, “inmediata” y “de tramitación y aplicación rápidas”. En su razonamiento, la consejera de Sanidad enumeró las anomalías e imperfecciones del decreto utilizado en 2019 para la convocatoria de una subvención, y defendió el modelo más seguro y apropiado que se empleará este año. Cruz Oval agradeció la colaboración de los colegios profesionales de farmacéuticos de Canarias, como entidades colaboradoras. El futuro decreto ley se ha concebido como una “medida social y sanitaria” para la atención a las “personas más vulnerables” y bajo el principio de que la salud de los ciudadanos “no puede estar condicionada a tener o no tener ingresos” propios. Teresa Cruz incidió en que la vía de la subvención “no es el procedimiento más adecuado” para eliminar el copago farmacéutico, como se hizo en 2019 vía decreto y sin entonces contar con los informes adecuados.
Si se hubiera optado por ese mismo método, arguyó, habría tenido que esperar a la aprobación y entrada en vigor de los Presupuestos Generales de Canarias para 2020.
Ordenamiento jurídico
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico establecerá un nuevo ordenamiento jurídico que, a diferencia del decreto 78/2019, de 6 de mayo, no tendrá rango de subvención, de manera que eximirá a sus beneficiarios de las obligaciones que emanan de recibir tal subvención, como es la de presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2019, siempre que el incremento patrimonial del pensionista beneficiario sea superior a los 1.000 euros, a lo que en algunos casos pudo contribuir el modelo aplicado por el Ejecutivo canario anterior, el que rigió desde mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre. El mantenimiento de la modalidad de subvención como vía para garantizar la gratuidad de los medicamentos este 2020 hubiera excluido a algunos pensionistas de la ayuda, debido a “cuestiones que poco o nada tienen que ver con una prescripción sanitaria de tratamiento o con el nivel de renta del perceptor, lo que podría ir en contra del acceso en condiciones de igualdad a los tratamientos sanitarios”.
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