El Gobierno ha afirmado que “respeta y acata” la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que este jueves ha avalado las devoluciones sumarias -conocidas como devoluciones ‘en caliente’- de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos al considerar que son legales y que no vulneran los derechos humanos.
Fuentes del Ministerio del Interior han expresado a Europa Press que el Ejecutivo respecta y acata, “como no puede ser de otra manera”, la resolución de la Gran Sala, que ahora ha cambiado de criterio y revoca una sentencia inicial emitida por este mismo tribunal en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014 al considerar que vulneró el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Al llegar a La Moncloa en 2018, el ministro Fernando Grande-Marlaska defendió la necesidad de esperar al pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de suprimir esta práctica que, tal y como admitió, sigue ejecutándose en la frontera “en cumplimiento a la legislación vigente”.
En 2015 los socialistas presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza– y, entre los preceptos de la ley impugnados por el PSOE está la disposición final primera que regulariza las devoluciones sumarias a través de la figura del ‘rechazo frontera’.
Precisamente este jueves el ministro de Interior ha afirmado que las devoluciones ‘en caliente’ de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos se realizan en el marco de la normativa española y con “garantías máximas”.
El ministro se ha pronunciado así poco antes de que se conociera el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Canarias, donde se ha reunido con el presidente canario, Ángel Víctor Torres.
“Las devoluciones se realizan en el marco de la normativa española, que es trasunto de la normativa internacional en materia de derechos de los refugiados, en materia de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y con un control judicial efectivo ante de la devolución. Todos los procedimientos tienen su control judicial (…) Todas las devoluciones se hacen con garantías máximas”, ha explicado.