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Óscar Izquierdo: “Parar la construcción significa dejar a 130.000 canarios en casa”

El presidente de Fepeco habla de una “crisis sin paragón” y advierte al Gobierno de que “sin liquidez, las empresas no pueden pagar los salarios de los trabajadores”
Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco califica las consecuencias de la crisis del coronavirus de “devastadoras” / DA

Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña (Fepeco), calcula que el decreto publicado el domingo por el Gobierno del Estado en que paraliza las actividades no esenciales significará dejar en sus casas a “130.000 canarios” que trabajan en el sector de la construcción, exactamente 52.301 puestos de trabajo directos, según la Seguridad Social, que habría que multiplicar, según Izquierdo, por 2,5 de trabajos inducidos por el sector, totalizando esos 130.000 trabajadores que ahora deben “quedarse en casa hasta el 9 de abril”.

Para Izquierdo la medida ha sido un ejemplo más de que “el Gobierno está desbordado”, porque no se puede paralizar el país un lunes con un decreto que se publica a las “doce menos diez de la noche del domingo”. Aunque se dejó la moratoria de un día, por lo apresurado de la publicación en el BOE, Izquierdo afirmó que “no es tan fácil hacer el cerramiento de una obra y de toda la maquinaria en un día, lo que demuestra la improvisación de este Gobierno”, entendiendo que una decisión de este tipo “no se toma en cinco minutos y pudo haberse reunido con la patronal y los sindicatos antes para perfilarla, porque todos entendemos que la salud es lo primero, pero hay que hacer las cosas de una manera ordenada”, comentó ayer Óscar Izquierdo en el programa La Carretera del Sur, de Onda Tenerife.

El presidente de Fepeco lamenta, igualmente, las consecuencias “catastróficas” que acarrea para la economía el parón de la construcción, “la auténtica locomotora de nuestra economía”, porque “sin obras no habrá certificaciones y sin liquidez no se puede pagar a los trabajadores esos días que estarán sin trabajar,. Si el Gobierno es el que mandó a parar debe ser quien pague esos salarios”, comentó Izquierdo, para quien las consecuencias del coronavirus “van a ser devastadoras”, calificando la crisis que ya está aquí “muy superior a la que vivimos en 2008, esta es una crisis sin parangón. Va a ser difícil recuperarnos de esta situación, pero para ellos necesitamos un esfuerzo colectivo, empezando por los políticos”.

En este apartado, Izquierdo valoró el trabajo del Gobierno de Canarias y lamentó que “ahora que estábamos haciendo las obras públicas tan necesarias suframos este parón que puede ir mucho más allá del 9 de abril anunciado, por ahora”.

 

Ayer tuvo que intervenir la Policía en Santa Lucía (Güímar) en la polémica sobre las obras de emergencia, entre trabajadores de las mismas y vecinos / DA

Solo las obras de emergencia

Hasta cuatro coches de policías locales de Güímar se dieron cita ayer por la mañana en el pequeño núcleo costero de Santa Lucía, tras ser llamados primero por los vecinos y después por los obreros de la constructora que realiza las obras de seguridad en el talud norte de ese barrio sujeto a un decreto de desalojo por riesgo de desprendimientos.

Los vecinos entendían que no se podían estar haciendo obras tras el último decreto del Gobierno del Estado, mientras que los obreros insistían que tenían que trabajar. Al final, con la visita incluso del consejero y del director insular de Carreteras, Enrique Arriaga y Tomás García, respectivamente, se aclaró que en ese decreto de paralización de obras de construcción, quedaban exentas aquellas de emergencia, como esa cita obra, o por ejemplo, los trabajos que se realizan en la TF-1 sobre Bajo la Cuesta, para asegurar el muro de contención de la autopista.

345 millones diarios

Las grandes constructoras españolas estiman una pérdida de 345 millones de euros por cada día de paralización de las obras de construcción decretada por el Gobierno para suspender las actividades no consideradas esenciales en el marco de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma.

Así lo asegura la patronal del sector Seopan, quien extrae este cálculo del hecho de la construcción representa el 10% de la economía nacional y genera una producción anual de 124.000 millones de euros.

En el plano laboral, el parón afectará a los 1,77 millones de trabajadores que emplea el sector, el segundo sector productivo en intensidad de mano de obra del país, solo superado por la agricultura.

A pesar de ello, Seopan, al contrario que otras asociaciones patronales, aseguran no plantear “discusión alguna” a la decisión del Gobierno de parar las actividades económicas no esenciales en el marco de la lucha contra el coronavirus. No obstante, la patronal constructora realiza algunas puntualizaciones.

La primera de ellas pasa por considerar escaso el margen de tiempo de un día, de este lunes, que el Gobierno ha dado para proceder a parar las actividades.

En el ámbito de la construcción, Seopan indica que es “insuficiente” para implementar “cuantas medidas de seguridad son necesarias antes del inicio del período de inactividad”, tanto para las empresas contratistas como para las direcciones facultativas de los clientes, públicos y privados, “que necesariamente deberán supervisar y dar instrucciones a este fin”, según detalla la organización en un comunicado.
En segundo término, las constructoras estiman necesario permitir ciertos “retenes” de personal y una serie de medidas para garantizar la integridad de las obras durante el período de inactividad.

En este punto, señala a modo de ejemplo a la custodia de polvorines y pozos de achique en obras de túneles, el mantenimiento de desvíos provisionales en carreteras con tráfico, el acodalamiento de pantallas y encofrados o el apuntalamiento y entibación de excavaciones y zanjas. Se trata en todos los casos de instalaciones y dotaciones que, según Seopan, “requerirán una supervisión y mantenimiento durante el período de inactividad”.

 

 

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