A mediados de 2018, Izquierda Unida, junto al PCE y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas, presentó una querella contra el rey emérito, Juan Carlos de Borbón y Borbón; su examiga Corinna Sayn-Wittgenstein; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán; el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo; los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, y un abogado suizo llamado Dante Canónica, a cuenta de las grabaciones realizadas por Villarejo a Corinna en la que se desvela, entre otros asuntos, la presunta actividad como comisionista del rey emérito, que habría cobrado unos 100 millones de dólares por un contrato ferroviario en Arabia Saudí. En total se les acusaba por la presunta comisión de numerosos delitos (cohecho contra la Hacienda Pública, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, administración desleal, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal, amenazas de muerte, etc). Dicha querella fue finalmente archivada por el Tribunal Supremo un año después, pero las investigaciones en curso por parte de otros países y el reciente repudio del actual rey, Felipe VI, a su padre, invitan a conocer de primera mano las impresiones de uno de los abogados firmantes de dicha querella, Vicente López Olano, afincado en Tenerife desde 2011. Ayer mismo, Podemos y ERC buscaban aliados en el Congreso para constituir una comisión de investigación sobre el tema.
-¿Cómo acaba uno presentando una querella contra Juan Carlos de Borbón?
“(Sonríe) Fue una decisión del partido, consensuada con el PCE y el Foro. Lo que siempre tuve claro es mi opinión personal de que el artículo 56 de la Constitución [su apartado tercero dispone que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad] es un abuso”.
-¿En qué sentido?
“Porque se puede garantizar la inmunidad de una persona respecto a sus actuaciones políticas como jefe del Estado, un cargo que, sin duda, durante su desempeño puede dar lugar a equivocaciones, negligencias e incluso actuaciones dolosas, pero siempre referidas a esas actuaciones políticas”.
-Lo que, evidentemente, no es el caso ante una actividad como la del comisionista.
“Exactamente. Pero, claro, que aquí se haya sostenido durante tanto años, y se sigue sosteniendo como se ha hecho por parte del fiscal y los jueces que existe un derecho a delinquir me parece aberrante. Por eso, he participado en esta querella y también por el clamor ante las posibles actuaciones del rey emérito como presunto comisionista, actuando de espaldas a la ley y buscando un lucro personal que se está transformando en un patrimonio enorme según diversas fuentes [la lista Forbes publicó en su día que Juan Carlos de Borbón tiene una fortuna de 1.790 millones de dólares]. Patrimonio del que no sabemos nada cierto por una falta de transparencia que incluso es justificada por varias fuerzas políticas a capa y espada, como por ejemplo ha hecho el PSOE”.
-¿Por qué solo cita al PSOE?
“Porque se les oye hablar de que son republicanos de corazón, pero luego, ante la presunta comisión de acciones delictivas, han mirado hacia otro lado, como se ha visto en repetidas ocasiones cuando se ha solicitado investigar en el Congreso”.
-¿Qué opinión le merece la actuación de la administración de Justicia?
“Que sea la administración de Justicia de Suiza la que esté investigando estas actuaciones del rey emérito me parece una vergüenza absoluta para la administración de Justicia española. No me parece nada serio que sea un país extranjero el que esté averiguando sobre la conducta del que fue nuestro jefe del Estado. Sobre su honradez. Me parece vergonzoso”.
-La querella que ustedes presentaron fue admitida a trámite, pero finalmente archivada por el Tribunal Supremo, que basó su decisión, en buena parte, en una decisión anterior de la Audiencia Nacional que, en parte, había tratado el asunto. ¿Hasta qué punto se basó en esa inmunidad constitucional?
“Es cierto que en la decisión de la Audiencia Nacional se planteó el artículo 56, como también hace luego el Tribunal Supremo, aunque de pasada”.
-Sin embargo, en la querella (de 66 páginas) ya se posicionan al respecto…
“Así es. Los querellantes recordábamos que dicha inmunidad del ahora rey emérito acabó en 2014 con su abdicación en favor del actual rey, y que las conductas delictivas, incluso si se habían producido antes de dicha abdicación, trascendían hasta después de la misma”.
-¿Cómo podían trascender, entiendo que desde la perspectiva jurídica, esas actuaciones anteriores?
“Muy sencillo. Pueden trascender ante la acumulación del patrimonio y la gestión posterior del mismo. Le pongo un ejemplo, cualquier movimiento en la cuenta donde se ingresa la posible comisión de 100 millones de dólares tendente a blanquear esos capitales serían delitos fiscales, porque estás ocultando al Fisco, a todos los españoles, tanto dicho patrimonio como, además, el origen del mismo”.
-Y, en ese caso, la inmunidad constitucional ya no tendría efecto.
“Una inmunidad, no lo olvidemos, que hay que entender en relación con el ejercicio del cargo en cuestión. Aún en el caso de que nos tengamos que tragar, por decirlo claramente, la inmunidad del artículo 56 porque hay quien sostiene que la Constitución garantiza el derecho a delinquir, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo en que eso sea así porque es una aberración jurídica, se tiene que investigar si, después de la abdicación, habría continuado o no la actividad delictiva”.
-Ahora le pido una opinión más personal que como jurista. ¿Por qué cree que la administración de Justicia española ha preferido correr el riesgo de quedar en evidencia ante los propios españoles y la comunidad internacional antes que abrir una investigación sobre este asunto?
“Por el pacto de silencio sobre la monarquía española a partir de la transición. Hay que entender que Juan Carlos de Borbón es un continuador del franquismo, fue nombrado por el dictador para que lo sucediera al frente del Estado”.
-Pero los españoles votaron la Constitución en la que se le consagró como jefe del Estado…
“Por mucho que se quiera justificar la bondad o procedencia de que aquí tengamos una monarquía borbónica en el hecho de que la Constitución fue aprobada en referéndum, lo cierto es que la voluntad de los españoles estuvo viciada desde un principio. Durante la transición hubo cientos de muertos, fue un tiempo de pistolerismo de extrema derecha, de violencia política por parte de la policía franquista que aún estaba imbuida por la idea de perpetuar el régimen. La transición estuvo viciada por el miedo que tenía mucha gente que acabó votando la Constitución pensando que no existía otra alternativa. Se vendió el tránsito a la democracia incluyendo en el paquete a la monarquía con esa espada de Damocles encima de la cabeza”.
-¿Qué le parece la reacción del actual rey, que ha renunciado a su herencia familiar y prácticamente repudiado a su padre?
“El comunicado que el ciudadano Felipe de Borbón publicó el domingo no hace más que demostrar que la investigación que está llevando a cabo la Administración de justicia helvética va por buen camino, y que las mordidas que su padre percibió por la construcción del AVE a la Meca por parte de una dictadura sangrienta son demostrables. El hecho de que se haya conocido también que a través de oscuras operaciones de ingeniería financiera parte del dinero recaudado ilícitamente por Juan Carlos tuviera como beneficiarios a otros miembros de la familia del rey, como su hijo Felipe, salpica a este de lleno. Cabe recordar que las Fundaciones (al parecer la fórmula elegida por Juan Carlos para blanquear dinero) carecen por definición de ánimo de lucro, y lo que parece fuera de toda duda es que este ánimo de lucro no le falta a la familia Borbón. El comunicado que acaba de publicar el actual rey, tratando de exculparse, de eludir su responsabilidad y tratando de tomar distancia con la conducta de su padre, al que pone a los pies de los caballos, retirándole la paga, como a los niños malos, no puede ser más inapropiado, por mucho que sus palmeros traten de decir que es un gesto que le honra”.
-¿Qué debería haber hecho, a su juicio?
“En realidad, a lo que debería renunciar el ciudadano Felipe es a la corona y al trono que le dejó en herencia su padre, porque eso es lo que en este momento, demandan los ciudadanos españoles honrados”.
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