El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó ayer a los representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de la Federación Canarias de Islas (Fecai) de las últimas medidas adoptadas sobre la crisis del coronavirus. Durante la videoconferencia, el mandatario trasladó a los representantes insulares y municipales lo tratado el domingo en la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Los cabildos y los ayuntamientos reclamaron que se les autorice a utilizar sus superávit presupuestarios para luchar contra los efectos económicos y sociales de la pandemia de coronavirus, así como que sean gestionados por estas administraciones.
Presidida por el gomero Casimiro Curbelo, la Asamblea General de la Fecai reiteró la necesidad de que se les autorice la utilización del superávit para articular medidas extraordinarias en el ámbito social y económico, dentro de una planificación conjunta entre las administraciones que evite duplicidades. La Fecai considera que cada administración debe gestionar su propio superávit dentro de una planificación conjunta con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos. “Con la actual legislación solo nos permiten disponer de un 20% de estos recursos”, recordó Curbelo.
Los dirigentes insulares también entienden que debe haber “una planificación mancomunada de endeudamiento”. En esta convocatoria, una por semana desde la entrada en vigor del estado de alarma, los cabildos ilustraron las dificultades que aún padecen algunas islas para disponer de material de protección sanitaria, como mascarillas y geles, además de respiradores. Tal demanda va acompañada del agradecimiento a los más de 40.000 profesionales de la sanidad canaria que están al frente de la atención y la lucha controlar la Covid-19.
El comité ejecutivo de la Fecam mostró la preocupación de los consistorios por contar con liquidez para atender las necesidades de la población. Los municipios quieren “disponer y gestionar” el remanente de tesorería y el superávit, resumió la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la federación, María Concepción Brito. “La medida establecida por la Administración General del Estado de permitir a los ayuntamientos liberar el 20% del superávit para gasto social es insuficiente”, apostilló.
La Fecam reclama “desbloquear el total del superávit”, unos 4.500 millones de euros en la liquidación de 2019, y flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “Conviene ir pensando en el medio y largo plazo para recuperar el tejido productivo y la inversión pública”, apuntó Brito. “Por ello, hemos puesto sobre la mesa la propuesta de establecer planes de recuperación económica”.
Los ayuntamientos apelan a la “solidaridad” de las instancias de la Unión Europea y esperan que los acuerdos alcanzados entre los estados miembros permitan “disponer de estos fondos tan necesarios cuanto antes”.
Los regidores aprovecharon la ocasión para hacer un seguimiento a algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional y en las que colabora la Fecam, como las ayudas a los escolares de comedores de cuota cero y la reducción de la brecha digital. Se interesaron igualmente por los detalles de las ayudas al alquiler.
La orden ministerial publicada el sábado en el BOE desarrolla la iniciativa anunciada en marzo, por la que se dará hasta 900 euros al mes (sin superar el 100% de la renta) para pagar el arrendamiento durante medio año para aquellos inquilinos que no hayan podido hacer frente al pago de los microcréditos avalados por el Estado.
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