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Un decreto ley para proteger la economía y reducir la burocracia

El Gobierno autonómico aprueba un paquete de medidas extraordinarias, de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo, destinadas a paliar los efectos del Covid-19
El Consejo de Gobierno de Canarias, adaptado a las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus. DA
El Consejo de Gobierno de Canarias, adaptado a las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus. DA
El Consejo de Gobierno de Canarias, adaptado a las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus. DA

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto ley con medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas dirigidas a la protección del tejido productivo afectado por la pandemia del coronavirus.

El portavoz Julio Pérez expuso en la rueda de prensa que el gran objetivo es que todo el mundo recupere su empleo, sea el que tenía u otro nuevo.

Elaborado por la Consejería de Hacienda, el decreto ley contiene decenas de medidas, entre ellas, la creación de una línea de ayudas por un importe inicial de 11 millones de euros para cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el Régimen de la Seguridad Social de los autónomos y trabajadores del mar.

Complementaria a la aprobada para el conjunto de España, garantiza el abono de la totalidad de la prestación extraordinaria por el cese de la actividad.

Los trámites administrativos para la gestión de ayudas o subvenciones se reducirán y se agilizará la gestión presupuestaria para atender con mayor inmediatez los gastos asociados a esta crisis. La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos será la encargada de la tramitación de emergencia de las modificaciones de contratos ya suscritos para hacer efectivas estas acciones. Al equipo del vicepresidente, Román Rodríguez, le corresponde igualmente la tramitación de urgencia de los expedientes de contratación que se hubieran iniciado antes del estado de alarma o, una vez en vigor, dar celeridad a las subvenciones directas, la mejora de las ayudas y los incentivos extraordinarios de carácter presupuestario. Asimismo, se autoriza al consejero de Hacienda a modificar los plazos de presentaciones de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes en materia fiscal.

En lo que respecta a la Consejería de Administraciones Públicas, la Dirección General de Función Pública ofertará entre los empleados la movilidad voluntaria hacia las consejerías que hayan efectuado el requerimiento para ofrecer cobertura a las necesidades de servicio que puedan plantear con ocasión de la situación generada por el Covid-19. Adoptará medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral de la Administración General, con la finalidad de cubrir las demandas del servicio que se puedan plantear. Quedan suspendidos los procedimientos de contratación pública en curso salvo aquellos que estén estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma, que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Julio Pérez elogió la labor de los empleados públicos y resaltó que más de la mitad de los 12.000 empleados de “cuello blanco” (los que no son docentes ni sanitarios) han practicado el teletrabajo.
De momento, no se plantea una rebaja del salario (“No es competencia autonómica”). Se mantendrá la subida del 2% aplicada este año en virtud de un acuerdo pendiente de 2018 entre el Gobierno central y los sindicatos. “Se me caería la cara de vergüenza” si tuviera que regatear un incremento del 2% a un colectivo que “se está partiendo a trabajar en una situación como esta”, declaró Julio Pérez.

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