Una nueva ola de pobreza que acude a administraciones y ONG

La vocación evangélica de muchos voluntarios alivia la miseria de algunos cuando el Estado aún no ha llegado. Y si no, que se lo pregunten a las más de 700 personas -y sus familias- que han solicitado ayuda urgente a Cáritas desde que se decretó el estado de alarma y comenzó el shock económico del coronavirus. Desde el 23 de marzo, para que no se desbordara la centralita general, la ONG de la Iglesia Católica tiene un teléfono específico para gestionar estas solicitudes de ayuda de nueve de la mañana a tres de la tarde: 662 865326. Muchos lo hacen desesperados mientras esperan las ayudas de los ayuntamientos que, en algunos casos, han tenido que afrontar auténticos tsunamis de peticiones en unas pocas semanas.

“Las demandas se concentran en ayudas a la alimentación”, explica Jesús Alberto González Concepción, coordinador del Departamento de Promoción y Animación al Territorio de Cáritas Tenerife. “A veces se cubren también otras demandas que las personas no consiguen por otro lado, como medicinas, transporte, algún tema de alquiler”, explica. “Pero nuestra labor no es suplir a las administraciones, cuyo deber es garantizar los derechos de los ciudadanos a la alimentación, la vivienda o la salud. Nosotros estamos donde ellos no llegan. O mientras ellos llegan”.

El perfil de los nuevos demandantes de ayuda es diverso. Hay muchos migrantes, una parte importante en situación irregular. Hay gente que tenía un contrato temporal y se ha ido a la calle. Y otros con un ERTE que aún no han cobrado la prestación. Hay gente que nunca pensó en terminar en Cáritas y otros que trabajaban ‘en negro’ y no tienen posibilidad de subsidio. Pero, sobre todo, hay una amplia red de precariedad que se ha sedimentado durante años, en esa supuesta recuperación económica que no llegó del todo y forjó unas clases acostumbradas a tirar día a día, que ahora no tiene recursos suficientes para aguantar el vendaval. Si el 36% de la población canaria estaba en riesgo de exclusión antes de esta nueva crisis, imaginen ahora. El Gobierno regional ha tenido que sacar un ingreso mínimo de emergencia -entre 367 euros y 468, según el número de miembros de la familia- a la espera de establecer una renta de ciudadanía.

“Nos organizamos zonalmente, en parroquias, y hemos detectado bastantes peticiones en municipios del sur, como Granadilla, Arona o San Miguel. También en barrios del área metropolitana, como Taco, Ofra, Salud, La Cuesta, y otras zonas como el Norte de La Orotava”, cuenta González Concepción. “El problema es que nuestras ayudas son muy modestas. En el mejor de los casos damos cincuenta euros a una familia. Intentamos que sea a través de tarjetas o vales de supermercado, porque estigmatizan menos. Aunque también tenemos kits de productos. Pero, a veces, alguien viene dos semanas después de recibir la ayuda y no podemos darle más”, cuenta. “Lo primero que hacemos cuando nos llaman es comprobar si, los que pueden solicitar ayuda, han ido a los servicios sociales del municipio, y estamos detectando algunos problemas en el área metropolitana, probablemente por un desbordamiento. Pero hay solicitantes que dicen que no les han dado cita hasta mayo, y a nosotros nos cuesta a veces contactar con las Unidades de Trabajo Social para coordinar o derivar algunos casos”.

Rubens Ascanio, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, encargado del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida reconoce que la situación es absolutamente brutal, pero destaca que han hecho grandes esfuerzos en muy poco tiempo. “En 30 días hemos atendido a 7.500 personas, cuando normalmente son unas 8.000 al año. A día de hoy, estamos recibiendo entre 250 y 300 llamadas diarias. Hay 60 trabajadores sociales currando a tope. Y desde la solicitud hasta la tramitación de la ayuda hemos pasado de un plazo de 20 días a unos 7 actualmente. Dada la emergencia, se ha dado la orden de priorizar la atención sobre los trámites burocráticos. Lo importantes es ayudar ahora y ya comprobaremos más adelante”, explica. “Primero, hemos identificado 500 familias con mayor nivel de vulnerabilidad, y les estamos dando un servicio de alimentos a domicilio. Y luego tenemos novecientas tarjetas para alimentos que van de los 61 a los 121 euros. Y estamos tramitando mil tarjetas nuevas”.

Desde Santa Cruz, la concejala de Atención Social, Vivienda y Nuevas Tecnologías, Marta Arocha, afirma que la línea 900 que tiene el Ayuntamiento para atender estas solicitudes atiende 2500 llamadas por semana, pero hay otras 3.000 que no pueden contestar. “Eso no significa 3000 personas, porque uno puede llamar varias veces”, aclara. Y afirma: “Estamos intentando atender a las personas dentro de la semana que llaman, lo estamos intentando”. Arocha calcula que a los 20.000 solicitantes de ayuda que tiene el Instituto Municipal de Atención Social se sumarán unos 5.000 más derivados de la crisis. “Nos hemos preparado a lo largo de todo este mes. En las líneas de atención, que hemos reforzado, hay trabajadores sociales atendiendo las llamadas, lo cual nos permite detectar los casos más graves. La prioridad son las emergencias alimentarias. Hemos dado 2.600 tarjetas, acaban de entrar mil mas y la alcaldesa anunciará en breve otra reserva más”.  En breve veremos si son suficientes con la que está cayendo.