Se enteraron la semana pasada cuando entraron las palas y los camiones “a saco” pero aseguran que el proyecto del Cabildo de Tenerife para otorgar la autorización de construcción de una nueva gasolinera en una zona residencial de Tacoronte data de 2019 y la licencia de obra fue dada por el Ayuntamiento el pasado 30 de abril, en pleno estado de alarma.
La construcción de una estación de servicios con edificación destinada a cafetería, aseos y tienda, entre las urbanizaciones Los Naranjeros y El Torreón, a cien metros del colegio Ernesto Castro Fariña, pilló completamente desprevenidos a los vecinos de la zona, quienes ayer se reunieron frente al lugar donde se levantará para manifestarse en contra de la misma.
Cerca de 30 afectados decidieron constituirse en asociación vecinal y en plataforma -su nombre está todavía por decidir- y acordaron quedar todos los viernes en ese mismo punto para reivindicar “un Tacoronte más sostenible”.
Aseguraron que sabían que la calle Graciano Álvarez Dorta, ubicada entre las dos urbanizaciones y al lado del barranco San Jerónimo, se iba a abrir, pero desconocían por completo el proyecto que afecta a los propietarios que tienen sus viviendas en los márgenes de la Carretera general, la calle Nivaria, El Torreón, del Mato y Pedro Felipe. “En dos días aplanaron todo el terreno, arrancaron árboles, invadieron el cauce del barranco, ni siquiera pusieron un cartel informando de la obra y qué administración la realiza”, comentó una de las afectadas.
El cartel lo colocaron el jueves, después de que varios de ellos se dirigieran al Consistorio a protestar y a poner quejas sin éxito “ya que todas las administraciones se pasan la pelota”.
Se trata de dos proyectos diferentes, una gasolinera y tres túneles de lavado, pero solo está aprobado el primero de ellos. Han pedido las ordenanzas municipales que regulan estas instalaciones y a cuántos metros tienen que estar los tanques de combustible de las viviendas, pero todavía no han conseguido la información ya que “en todos los ayuntamientos de España se pueden ver, pero aquí hay que pedirla vía sede electrónica que funciona cuando le da la gana”, se quejaron.
Según lo que han podido averiguar, hasta 2007 el suelo estaba calificado como suelo urbano consolidado. De ser así, “¿Quién recalificó eso a propiedad industrial? ¿Cuándo se hizo?”, se preguntaban.
Las familias que viven en la zona ven peligrar su calidad de vida porque además el proyecto afectará al tráfico, dado que las entradas y salidas a la estación de servicio tendrían que hacerse a través de las urbanizaciones. “¿Sabes lo que es levantarte todos los días con el olor a gasolina?”, repetía una vecina.
El solar sobre el que se levantará la nueva edificación era propiedad de cuatro herederos y allí hay una casa de 1890 que según indicaron “está catalogada como patrimonio cultural”.
Consultado sobre este asunto, el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, confesó que el grupo de gobierno, conformado por Nueva Canarias, PSOE y Sí se puede, tampoco está de acuerdo con este proyecto porque es un “planteamiento obsoleto hacia dónde va la movilidad, sobre todo la que se quiere plantear para el municipio”. Pero estaba en trámite y “no le ha quedado más remedio que aprobarlo por una cuestión de preceptos legal, so pena de cometer una infracción penal”.
El mandatario aseguró que el Ayuntamiento ha estudiado el expediente “por arriba y por abajo” y el Plan General de Ordenación (PGO) de Tacoronte, que data de los años 90 “y tiene muchas lagunas”, permite este tipo de usos en espacios de lugares residenciales.
Vivienda con valor patrimonial
Respecto a la vivienda con valor patrimonial, recuerda que estuvo registrada en un catálogo de elementos arquitectónicos que él como concejal de Urbanismo impulsó en el mandato 2007-2011 “pero que desafortunadamente quedó en la fase de aprobación inicial y no se continuó con la tramitación, por lo tanto cayó parte de la protección de la vivienda”. Y aunque no entra en la fase del proyecto para la que se solicitó la licencia, se “está estudiando la Ley de Patrimonio para ver si existe algún tipo de protección”.
Sobre las posibles soluciones para esta realidad y la posibiliadad de aprobar un nuevo PGO, el mandatario indicó que “se está pensando en hacer una corrección de la normativa en la parte que concreta los usos, tanto principales como secundarios, de las diferentes tipologías de suelo, porque entendemos que con una modificación resolveríamos una parte de los problemas que tenemos en el actual documento”.
Díaz lamentó esta situación porque precisamente con el documento urbanístico que se planteó en 2009 y que fue rechazado por los vecinos, “esta instalación no sería posible”.
A los afectados les ha pedido que si en algún punto entienden que el proyecto no es congruente con la legalidad, “que le faciliten los dato, ya que estará encantado de evitar esta infraestructura en un lugar que no es el idóneo, sobre todo cuando en el municipio hay una vía de servicio que tiene unos usos industriales que sí están definidos y donde deberían ubicarse instalaciones como las gasolineras”.
