Tribunales

La jueza recaba más documentación sobre los reparos que implican a Clavijo

El Ayuntamiento de La Laguna tiene hasta el día 10 para entregar todos los decretos, dictados entre 2013 y 2014, y sumarlos a una pieza separada sobre la actuación del hoy senador autonómico

Fachada de la sede principal del Ayuntamiento de La Laguna. DA

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha solicitado al Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados para que le remita más documentación relacionada con el caso Reparos de la etapa en que era alcalde Fernando Clavijo, hoy senador autonómico por Coalición Canaria.

Se trata de una de las diligencias solicitadas desde la Fiscalía Anticorrupción al objeto de conformar la pieza separada correspondiente a la última ampliación de la denuncia presentada originalmente por el concejal de Urbanismo lagunero, Santiago Pérez (Avante La Laguna), en enero de 2018, y que se centra en los años 2013 y 2014.

Básicamente, son los decretos firmados por el entonces alcalde que, al estar ahora aforado (tal y como ocurrió en el llamado caso Grúas), a buen seguro acabará en el Tribunal Supremo desde que Clavijo solicite beneficiarse de sus privilegios como aforado, un anacronismo ya eliminado en el Estatuto de Autonomía de Canarias pero que subsiste a nivel estatal.

La Corporación local tiene de plazo hasta el próximo día 10 para entregar al juzgado dicha documentación que, en palabras recogidas en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, suponen “el testimonio íntegro de los Decretos”, para a continuación añadir una relación exhaustiva de los mismos que abarca desde el 12 de julio de 2013 hasta el 29 de mayo de 2014. En total son 43 decretos rubricados por Fernando Clavijo, a los que la jueza, como señala en una providencia, pretende añadir tres más que llevan la firma del también expresidente del Gobierno de Canarias y que fueron ya denunciados con anterioridad por Santiago Pérez.

Curiosamente, uno de los decretos solicitados en esta lista está firmado por la exconcejala del PSOE María José Castañeda, quien no figura en la lista de los nueve ya citados a declarar como investigados por esta causa y que acudirán al juzgado en distintos días de los próximos meses de septiembre y octubre.

En concreto, se trata del también exalcalde lagunero de Coalición Canaria José Alberto Díaz, así como de otros tres exediles coalicioneros, Aymara Calero Tavío, Atteneri Falero Alonso y Agustín Fernando Hernández; además de Asier Amador Robayna, que fue gerente del Organismo Autónomo de Deportes; Rosa Ana García Gaviño, jefa del Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida, y Carlos A. Gómez, técnico de la Unidad de Educación. En la relación de encausados también figuran dos exconcejales del PSOE: Javier Abreu (que ya no está en dicho partido político) y Mónica Martín.

Otra de las solicitudes realizadas desde Anticorrupción con vistas a esta pieza separada será de especial interés para la instrucción del caso, por cuanto se requiere “al Interventor Municipal para que aporte el informe en el que cuantifica las consecuencias económicas y presupuestarias producidas como consecuencia de las prórrogas otorgadas y correspondientes a los contratos mencionados anteriormente, relativas a las prórrogas extemporáneas o de los actos de autorización de continuidad de los contratos o de las adjudicaciones anteriores, en especial las obligaciones que se han reconocido y pagos que se han realizado, con distinción del importe del contrato original y el importe de las prórrogas de dichos contratos”.

Sobre dichas repercusiones económicas, las cifras estimadas apuntaron en un principio a unos 60 millones de euros, mientras que los decretos en los que se levantan reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención General suman un total de 148, la gran mayoría firmados por Díaz y Clavijo. El resto se debe a su condición puntual como alcaldes accidentales o presidentes de organismos autónomos, como el de Deportes.

En lo esencial, el caso Reparos consiste en que tanto en la etapa de Clavijo como en la de Díaz se levantaron dichos reparos de legalidad, que ponía la Intervención General a la hora de prorrogar -sin que se sacaran a concurso público- los contratos para la prestación de importantes servicios municipales.

Lo que viene a decir el interventor en la mayoría de los casos es que, autorizando la continuidad de la prestación del servicio sin procedimiento administrativo de ningún tipo, se consigue una prórroga contraria al ordenamiento jurídico. Considera estas autorizaciones “nulas”, ya que debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación para respetar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.

El denunciante, incluso, considera que estamos ante un modus operandi para eludir las reglas de contratación pública en beneficio de las mismas empresas, dado que el mismo que presuntamente deja extinguirse los plazos previstos en los pliegos es quien luego alega urgencia para no respetar las normas previstas para la contratación pública vigente.

Clavijo estuvo citado como imputado un día por error

Sin mayor valor que lo meramente anecdótico (pero llamativo para los anales donde quede constancia de este nuevo caso), Clavijo ya fue citado como imputado en la misma providencia que los otros nueve implicados, pero en menos de 24 horas se dictó otra providencia aclaratoria de la primera, donde se aclaró que se trataba de un error, por cuanto era menester recabar primero la documentación pertinente antes de, como es más que previsible, elevar la pieza separada al Supremo.