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Seguridad jurídica

Uno de los más preciados tesoros de las naciones que se precien es su seguridad jurídica. Es decir, que la justicia y, sobre todo, las leyes amparen a quienes las cumplen. En la playa de La Tejita (Sur de Tenerife) se construye un hotel con licencia y se paraliza, porque hay discrepancias entre la maraña de organismos que intervienen en cualquier permiso que se concede en este país. Organismos que en muchas ocasiones evacúan informes contradictorios y conceden autorizaciones antagónicas. Se suben dos jóvenes a una grúa, se monta el follón mediático -a los medios les encantan los llamados ecologistas, sean verdaderos o chimbos- y se paraliza la obra. ¿Y ahora? A mí no me gusta la ubicación del hotel, pero su construcción cuenta con licencia. Si se paraliza definitivamente la obra, la Administración -o sea, nosotros- deberá indemnizar al promotor con una cantidad actualizada al precio de las cosas. Y el proceso puede durar años y hasta los tribunales podrían darle la razón al promotor (que exigirá el lucro cesante); y entonces no valdrá lo de los tíos encaramados en la grúa, porque los bajaría la Guardia Civil. ¿Merece la pena invertir en España, y más concretamente en Canarias, donde en cada licencia marítimo terrestre intervienen ayuntamientos, Demarcación de Costas (como se llamaba antes), cabildos y Gobierno de Canarias. Y ahora, por lo que se ve, también el Estado. Los inversores huirán como almas que lleva el diablo y aquí no se levantará un muro. Ya ocurrió una vez, hace años: se puso de moda la protesta por todo. El temporal cesó, pero el nada que hacer del coronavirus ha renovado la moda de trepar a las grúas. Yo sé que decir esto no es políticamente correcto, pero si no lo digo yo, ¿quién lo dice? En Canarias siempre caminamos por el alambre.

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