tribuna

El caso Grúas, marca Coalición Canaria (I)

Que el caso Grúas no es, ni de lejos, el caso más grave de corrupción de los últimos años es evidente

Caso Grúas. DA
Caso Grúas. DA

Que el caso Grúas no es, ni de lejos, el caso más grave de corrupción de los últimos años es evidente. En muchas ocasiones lo he dicho públicamente, al tiempo que he reafirmado que tiene sobrada entidad delictiva. Su valor añadido proviene porque es toda una radiografía de cómo la desviación de poder se ha convertido en marca de la casa. De la casa de Coalición Canaria. Y, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de esos ejemplos que podrían derruir la fe que muchos necesitamos tener en la existencia de una justicia imparcial, independiente y plenamente sometida al Derecho, como garantía primordial de una convivencia civilizada.

Empiezo por contarles que el origen del caso Grúas no tiene nada que ver con las pugnas entre partidos. Fueron las reiteradas y desatendidas reclamaciones de salarios atrasados presentadas por varios trabajadores del Servicio Municipal de Grúas de La Laguna, entre finales del 14 y principios del 15, las que nos hicieron a todos los grupos de la oposición: PP, Sí Se puede y Por Tenerife (I.U., Socialistas X Tenerife y Los Verdes de Canarias) interesarnos por la situación.

Más adelante, con retraso de más de un año desde que el Pleno decidió crearla, la Comisión Especial para el estudio del Servicio Municipal de Grúas fue recabando una serie de documentos que acreditaban todas las infracciones legales que habían ido perpetrando Clavijo y sus lugartenientes al poner todo el poder municipal al servicio de una empresa concesionaria que, miren por dónde, estaba en quiebra.

Hacía tres años que había sido adquirida por una serie de trabajadores contratados en su día por el concesionario original (el que de verdad ganó un concurso) bajo intensas presiones del propio Fernando Clavijo. Este tenía una antigua y acreditada amistad con alguno de ellos. Uno de estos llegó a declarar judicialmente que se arriesgaron a comprar la empresa, y a hipotecar sus propias viviendas, porque Clavijo les dijo que sería “un bonito negocio”. Más de una vez me he preguntado: ¿bonito, para quién? Más adelante, Clavijo y sus adláteres acudieron al rescate de la empresa mediante su intervención temporal por el Ayuntamiento, adoptada sin límite de tiempo y luego prorrogada ilegalmente bajo los auspicios de un dictamen de Fran Villar que, con toda seguridad, no pasará a los anales de la doctrina jurídica. Venía a decir el renombrado catedrático que los plazos, en Derecho Administrativo no son determinantes. A según y cómo, que diría el mago: la duración de la intervención temporal por parte de la Administración de una empresa que gestiona un servicio público tiene una duración muy estricta porque la ley, claro, entiende que en esa intervención se produce un conflicto entre el interés público -por el que debe velar la Administración- y los legítimos intereses del concesionario privado en continuar gestionando con normalidad el servicio que se le ha adjudicado previo concurso (¿previo concurso?) y cobrar el precio pactado.

Pero dicho conflicto de intereses no existía porque Clavijo no acordó, y prorrogó ilegalmente la intervención temporal de Auto grúas Poli para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, sino los de sus amigos, antes trabajadores/ahora empresarios, y evitar que tuvieran que responder con sus patrimonios de la quiebra a la que habían conducido a la empresa. Y a partir de la intervención temporal ilegalmente prorrogada, se desencadenó todo el happening del Caso.

Uno. La concesión de un préstamo con dinero público sin base legal alguna, según la Intervención General, con el único objetivo de maquillar las cuentas de una empresa en quiebra, que tendría -con la legislación mercantil en la mano- que haber promovido concurso de acreedores e iniciar el procedimiento de disolución, tal y como hicieron saber a la Alcaldía los funcionarios que analizaron la situación de Auto Grúas tras su intervención.

Dos. La prevaricación por omisión, según la Fiscalía, consistente en la no resolución el contrato con una empresa que había incurrido en faltas muy graves por incumplir sus obligaciones legales y contractuales, lo que llevaba aparejada esa resolución como sanción. Tal y como concluyeron los informes de los funcionarios destacados por el Ayuntamiento para administrar la empresa durante su intervención (Informe de 8 de abril de 2014) y el interventor General.

Y tres. La concesión de una prórroga por 5 años, comprometiendo más de 3 millones de euros, lo que implicaría potencialmente otras sucesivas prórrogas por hasta 10 años más (2015-2029) de un contrato que debió ser resuelto por mandato legal. Y, de nuevo, en contra de las advertencias de ilegalidad (reparos) formuladas por la Intervención General.

La oposición, comprobados documentalmente todos estos hechos y reforzadas las evidencias documentales con declaraciones testificales ante la Comisión Especial, y ante la constatación de que se estaban boicoteando los trabajos de la Comisión, decidió poner en conocimiento todos estos hechos del Juzgado, en cumplimiento del deber legal que impone a los cargos públicos la ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 262).

A partir de aquí empezó para los denunciantes el calvario judicial. Una jueza de instrucción que, apenas transcurrido un mes desde su presentación y sin realizar la más mínima diligencia de investigación, dicta un Auto de antología decretando el archivo de una denuncia avalada por 35 documentos oficiales. Y, como díría Pepe Monagas, venga recursos ante la Audiencia Provincial, ante la indiferencia o la oposición de la fiscalía: contra el Auto de archivo; contra la negativa a citar como imputado a José Alberto Díaz, co-star, de esta película; contra la citación como ‘peritos’ de los ilustres catedráticos contratados por Clavijo para avalar sus maniobras frente a las objeciones de Intervención, cuando al interventor General se le había citado como ‘testigo’; contra la negativa a practicar pruebas tan pertinentes como la declaración del primer concesionario del Servicio, José Padilla, que había relatado ante la Comisión Especial y ante la Guardia Civil cómo Clavijo (‘el jefe’) le había impuesto a casi toda la plantilla de su empresa, cómo le habían obligado, bajo amenaza de quitarle la concesión, a pagar obras que no le correspondían y hasta almuerzos con asistencia de personajes del poder judicial. Y, sobre todo, cómo le habían ahogado económicamente a base de retrasarle los pagos desde el Ayuntamiento para forzarle a vender la empresa a los amigos de Clavijo.

Todos estos recursos fueron estimados por la Audiencia y aceptados a regañadientes por la jueza. Hasta que llevó a cabo su maniobra definitiva: enviar al Tribunal Supremo, donde previamente había ido a refugiarse Clavijo, una exposición razonada en la que omite aspectos esenciales de la investigación llevada a cabo malgré elle, que diría Molière, y -tatatachán- antes de practicar las declaraciones testificales a las que la obligó la Audiencia, para las que la jueza refunfuñando había ya señalado día y fecha.