Fue en noviembre de 2016 cuando cuatro familias de la calle Pelinor, en el barrio portuense de Punta Brava, tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas por riesgo de derrumbe, según un informe geotécnico encargado por el Ayuntamiento norteño.
El documento confirmaba que en el lugar existen dos cuevas de grandes dimensiones -unos 150 metros cuadrados- que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos de los inmuebles número 29, 31, 32, 34, 36 y 38 de la citada vía. Cuatro años después, éstos no han podido regresar a sus casas y no se sabe si finalmente podrán hacerlo, confirma el concejal de Ciudad Sostenible, Urbanismo y Planificación, David Hernández.
El próximo mes será clave dado que el grupo de gobierno tiene prevista una reunión con ellos para comunicarles si finalmente podrán o no volver a sus casas. Para ello será determinante confirmar si el Ayuntamiento puede invertir, tanto desde la perspectiva legal como urbanística, en un proyecto que a priori es bastante difícil y complejo y que a día de hoy no existe.
“La principal dificultad reside que a día de hoy no hay un proyecto de ejecución de la calle y sin éste no se puede mover nada. Cuando este grupo de gobierno llegó al Consistorio solo había un estudio básico sobre cómo se podría hacer para ‘salvar’ estos inmuebles y que los vecinos pudieran volver, pero no existe un proyecto técnico”, explica el concejal.
En este sentido, añade que hasta el momento, las empresas y arquitectos que han visto el anteproyecto “no son muy favorables y ven muy compleja su viabilidad, pero queremos tener datos más fiables, por eso nos hemos dado plazo hasta el próximo mes”, indica Hernández. Una de las limitaciones es que solo se puede trabajar en el lugar determinados meses al año y en caso de acometer cualquier actuación, se quiere tener un “compromiso firme”.
A ello se le suma que “también hay que aclarar la parte jurídico-administrativa de este asunto dado que no está claro que el Ayuntamiento pueda trabajar o destinar recursos a propiedades privadas”, añade.
A pesar de que son seis inmuebles, los vecinos señalaron que uno de ellos está deshabitado y el otro no es la residencia habitual de una familia.
“Los vecinos saben que existe la posibilidad de que no puedan volver. Desde el minuto uno les planteé la realidad y fui totalmente transparente”, insiste el edil, quien asegura, en cualquier caso, que el grupo de gobierno “no los dejará botados, siempre habrá una alternativa”.
Quejas por el retraso en las ayudas de este año, que se cobraron la pasada semana
La pandemia de Covid-19 agravó la situación de los vecinos afectados que recién cobraron la semana pasada las ayudas del Ayuntamiento, aunque según David Hernández el Estado de Alarma no fue el único motivo del retraso.
El edil de Ciudad Sostenible admite la demora, motivada fundamentalmente, porque “había una serie de deficiencias de forma en cuanto a la justificación de años anteriores”. En concreto, explica que desde el año 2016 la Administración no cumplió el procedimiento interno para justificar los pagos pese a que los vecinos sí habían cumplido entregando toda la documentación de sus alquileres actuales, “pero eso requiere meter todos los datos en un programa específico y no se había hecho”.
Así, David Hernández subraya que necesario cumplir todo ese procedimiento administrativo que no estaba hecho y que quisimos cumplir para que de ahora en adelante se haga lo mejor posible y se puedan sacar las ayudas con más rigurosidad”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas