Canarias lleva desde 2012 sin un plan de vivienda de protección pública en vigor, y ya hay más de 17.000 personas demandantes. Para empezar a arreglar tremendo entuerto presentó ayer el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, un nuevo plan para el periodo 2020-2025 que pretende tener disponibles 5.900 nuevas viviendas de alquiler de protección pública de aquí a 2025. El Gobierno regional calcula que este plan supondrá un estímulo importante para el sector de la construcción y podría generar más de 28.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, algo esencial en un contexto de fortísima desacelaración económica en las islas.
El plan costará 664 millones de euros. De los presupuestos de la Comunidad Autónoma dependerá la construcción de 3.634 nuevas, el 63,70% en régimen de alquiler público (2.315 viviendas), a los sectores de rentas más bajas. Un 36,30% será en régimen de alquiler privado (1.319 viviendas), destinada a sectores en una situación menos precaria, pero que aun así necesitan ayuda para acceder a una vivienda. También habrá 2.337 viviendas obtenidas a través de diferentes programas: se construirán 894 nuevas viviendas gracias al Plan 20.000, de ámbito estatal; gracias al Programa al fomento de la promoción de viviendas de protección oficial de promoción privada en régimen de arrendamiento, se harán otras 450 nuevas viviendas. Y se pretende recuperar para el alquiler unas 600 viviendas que están vacías.
Ya está decididos gran parte de los emplazamiento de las nuevas viviendas. Por ahora, habrá 1.735 viviendas en Gran Canaria,1.440 en Tenerife, 622 en Lanzarote, 298 en Fuerteventura, 157 en La Palma, 68 en La Gomera y 58 en El Hierro. Hay también una bolsa de 150 viviendas más para municipios que aún no han concluido sus procesos internos para ceder el suelo al Gobierno canario. Un 44% de las nuevas viviendas se harán en las cuatro grandes ciudades del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde, que concentran el 51% de la demanda de nuevas vivienda. Otro 44% se distribuirán entre el resto de minicipios que van de los 20.000 a los 100.000 habitantes. Y un 12%, 614 viviendas, irán a municipios de menos de 20.000 habitantes. Una medida destinada a luchar contra la despoblación.
Entre las 5.900 viviendas del nuevo Plan, habrá 50 para ‘cohousing’, una práctica para compartir vivienda entre personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar y que, a menudo, involucra a personas de distintas generaciones. También habrá 343 viviendas para personas en situación de desahucio. Y 45 destinadas a la autoconstrucción. Finalmente, habrá 10.200 acciones en rehabilitación y ayudas al alquiler a cerca de 72.000 beneficiarios.
La presentación de ayer también sirvió para poner en evidencia que el nuevo Plan cubre un enorme hueco de los últimos años. Un plan destinado a combatir la “emergencia habitacional”, señaló el consejero Franquis, quien recordó que no apenas se ha proyectado vivienda pública en la última década. Aun así, Franquis agradeció el trabajo hecho antes de que él llegara al cargo, cuando se hizo un anteproyecto, poco antes de las elecciones de 2019, que recibió un dictamen crítico por parte del Consejo Económico y Social, lo cual obligó a una reorientación general una vez llegó el nuevo equipo de Gobierno surgido del Pacto de Progreso. Luego vino el Pacto por la Vivienda, impulsado por el Ejecutivo regional con el resto de partidos políticos y con los agentes sociales. Y ahora este plan, que cuando pase el trámite parlamentario volverá al Gobierno para que pueda echar a andar. Franquis destacó el consenso, la colaboración entre empresas y administración para construir algunas de estas nuevas viviendas. Y, sobre todo, la claridad: ya hay ficha financiera, ya se sabe dónde se va a construir, ya hay suelo público. No es un plan etéreo. Y afirmó que va ayudar algo en la dura reconstrucción económica que nos queda por delante. Hay que estimular la econonomía. Suspiros keynesianos en medio de la incertidumbre.
El reconocimiento de Franquis al trabajo que se hizo antes de que él llegara casi pareció emocionar a la diputada de CC Socorro Beato, que se lo agradeció en medio de un reproche casi generalizado del resto a la falta de política de vivienda durante el último Gobierno de CC. Fue la anterior crisis, culpó Beato, que dijo que sí la hubo, todo lo que se pudo, y que entre 2017 y 2018 se “activó la adjudicación” de más de 1.000 viviendas. Según datos solicitados por este periódico al Gobierno regional el pasado noviembre, en los últimos diez años, la Administración autonómica había entregado solo 870 viviendas públicas de alquiler y 68 de reposición para gente que vivía en casas con graves daños estructurales. Pero todo de proyectos anteriores a 2013.
Franquis dejó claro que es “el plan más ambicioso desde que fue presidente del Gobierno Román Rodríguez”, a quien agradeció el trabajo conjunto del departamento de Hacienda mientras afirmaba que se han hecho cálculos realistas de inversión pública en medio de la incertidumbre, con dos escenarios, uno más pesimista y el otro más optimista. También reveló que habrá una Oficina dedicada a impulsar el plan y solucionar con rapidez los trámites burocráticos que haya que hacer.
“Poco ambicioso”, dijo del plan la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, recordando que las viviendas proyectadas dejan a 11.000 demandantes sin atender y pidió intentar movilizar más vivienda vacía para alquilar. En Canarias hay 1.326 hogares deshabitados por cada 10.000 viviendas. Espino recordó que estas viviendas van a sectores muy precarios, jóvenes que se intentan emancipar, mayores con muchos problemas económicos, mujeres maltratadas. Pero sí valoró que el sistema de vivienda de protección pública se encamine hacia el alquiler y no hacia la propiedad, como hasta ahora. Una forma de que no pierda su función social, la de paliar una necesidad mientras el inquilino no tiene recursos para acceder a una vivienda del mercado libre. Un argumento que también que también defendió la portavoz de Nueva Canarias, Carmen Hernández, que afirmó que “hay pocos sectores que levanten tanto consenso como la necesidad de un plan de vivienda en Canarias”. Hernández también se refirió a la importancia de las rehabilitaciones, dado que muchas viviendas sociales están en zonas muy deterioradas.
“Con el fracaso del que partimos en la política de vivienda en Canarias, todo lo que se haga es bueno”, afirmó el diputado del PP, Manuel Domínguez, que pidió especial atención para los municipios rurales, donde una buena parte del suelo suele estar protegido, lo cual hace complicado a veces encontrar lugares donde edificar vivienda pública. Y destacó que el Plan pretenda construir las viviendas con el objetivo declarado de huir de los procesos de formación de guetos.
El portavoz de Podemos, Manuel Marrero, aseguró que este plan era una buena muestra de que había que sumarse a las iniciativas impulsadas por el Pacto de Progreso, por estar bien detalladas y con los recursos financieros ya especificados. Aun así, pidió que se trabajaran con más detenimiento las cuestiones relacionadas con la eficiencia energética para adoptar metodologías adaptadas a la realidad climática de Canarias y no mimetizar si más estrategias de eficiencia que son de otras latitudes.
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