Avisos políticos

El virus va a clase

La portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación de jueces de orientación izquierdista, ha afirmado que los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos al colegio porque la educación, al igual que otros derechos, también es un deber. La magistrada responde así a un grupo de padres de la […]

La portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación de jueces de orientación izquierdista, ha afirmado que los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos al colegio porque la educación, al igual que otros derechos, también es un deber. La magistrada responde así a un grupo de padres de la Región de Murcia, en donde está destinada, que anunciaron su negativa a enviar al colegio a sus hijos hasta que haya una vacuna. En este sentido, afirma que el caso sería similar a cuando alguien prohíbe que a su hijo le hagan una transfusión de sangre y un juez la ordena porque corre peligro la vida del menor. De esta manera, concluye, los padres que promuevan el absentismo escolar se enfrentan a penas de cárcel, multas y, en casos extremos, a la pérdida de la patria potestad. Todo ello en base a que el Código Penal castiga “al que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar”.

Establece el Código que el incumplimiento de tales deberes acarrea una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
Por su parte, la Fiscalía de Menores ha anunciado que actuará contra el absentismo escolar que no tenga “una justificación clara y terminante”. El Ministerio Público resalta que persiste la escolarización obligatoria, si bien es “comprensible y compartida” la preocupación por un posible contagio, por lo que tendrá en cuenta “el singular escenario de riesgo sanitario” y tomará en consideración “el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar”.

El poder político, sobre todo la izquierda y los nacionalistas, siempre ha intentado controlar la enseñanza y desplazar a los padres o tutores, para así influir en los valores y las creencias de las nuevas generaciones y los nuevos votantes. Pero son los padres o tutores los que tienen el derecho y el deber originarios de educar a los niños a su cargo, y, en todo caso, en una democracia genuina la intervención del Estado en la enseñanza siempre ha de estar subordinada, en calidad de mero delegado, a ese derecho y deber originarios. Así lo reconoce, por ejemplo, la Constitución española, cuando establece que: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

En virtud de estas consideraciones, la posición de la magistrada de Murcia, que llega a amenazar a los padres o tutores con penas de cárcel y la pérdida de la patria potestad, es inadmisible –y preocupante-. Y su ejemplo de las transfusiones es muy desafortunado, porque, precisamente, si un padre o tutor impide que el niño a su cargo asista a un centro escolar que no reúne las necesarias garantías sanitarias está velando por su salud, como es su obligación. Exactamente igual al juez que ordena una transfusión en interés del menor.

Por fortuna, las sensatas manifestaciones de la Fiscalía de Menores están en la línea correcta, aunque todavía se quedan cortas. En este delicado asunto son los padres o tutores los que han de marcar los límites y el camino a seguir, y los políticos han de gestionar esa voluntad. Las clases presenciales comenzaron en Canarias el martes. Ojalá sea para bien.