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Investigado por colocar cepos-trampa con los que resultaron heridos tres perros en La Palma

La tenencia, utilización y comercialización de cepos-trampa se encuentran prohibidas según lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la Ley 7/1998 de Caza de Canarias
Investigado por colocar cepos-trampa en un terreno de su propiedad en La Palma

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la isla de La Palma han instruido diligencias en las que investigan a un varón de 55 años, vecino del municipio de la Villa de Mazo, por la colocación de cepos metálicos en una explotación agrícola de su propiedad.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, cuando dos cazadores se encontraban legalmente entrenando a sus perros de raza podenco canario por la zona de Barranco Hondo, perteneciente a la Villa de Mazo, y tres de ellos quedaron atrapados en sendos cepos, sufriendo heridas en las patas.

Tras conseguir liberar a los perros, los cazadores grabaron imágenes de las trampas y de los animales y presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.

Los agentes del Seprona se presentaron en el lugar para comprobar los hechos y realizar la correspondiente inspección ocular; sin embargo, la persona denunciada, propietaria del terreno donde se encontraban los cepos, se negó a facilitar la entrada a los agentes, por lo que la misma se llevó a cabo tras el correspondiente mandamiento judicial.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, los agentes instruyeron diligencias en las que investigan al propietario del terreno donde se encontraban los cepos por un presunto delito contra la fauna, debido al empleo de artes e instrumentos no selectivos ni autorizados, así como por un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad por negarse a facilitar la citada inspección.

Por su eficacia destructiva, la tenencia, utilización y comercialización de cepos-trampa se encuentran prohibidas según lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la Ley 7/1998 de Caza de Canarias.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma y las denuncias administrativas se han remitido a las distintas autoridades gubernativas con competencia sancionadora.

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