La mayoría de los ayuntamientos del Norte de Tenerife lo tienen claro: no cederán al Estado el remanente de tesorería, un dinero que, consideran, “es de los vecinos y vecinas del municipio”.
El Congreso de los Diputados vota mañana el Real Decreto Ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales con la incertidumbre de que pueda salir adelante puesto que cuenta con el rechazo unánime de la oposición.
El mismo que trasladan la mayoría de los alcaldes del Norte de Tenerife debido a que esos fondos, en la coyuntura actual, son más necesarios que nunca y reclaman, en todo caso, que puedan hacer una entrega “parcial” de los mismos, nunca total, como propuso la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de La Orotava, que acordó por unanimidad no ceder al Estado los 17 millones de euros de remanente.
El puntapié inicial lo dio el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, quien grabó un vídeo explicando las consecuencias de la medida y advirtió de que “no iba a permitir esa requisa” e incluso, si era necesario acudiría al Tribunal Supremo o al Constitucional “porque va en contra del principio de autonomía local que rige la ley 137 de la Constitución Española”, para la gestión de sus intereses a municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Así, dijo que los 37 millones de euros de remanente que tiene el Consistorio que preside darían para hacer muchas cosas en materia de vivienda, apoyo a las pymes de la localidad y ayudas sociales, entre otras.
Aunque hay mandatarios que no se han manifestado públicamente, al ser consultados mostraron la misma postura. Es el caso de Manuel Domínguez (PP) en Los Realejos; Román Martín (PSOE), El Tanque; Francis González, (CC), de Icod de los Vinos; Antonio Hernández (PP) de La Guancha; y Mariano Pérez (CC) El Sauzal. De los 15, solo dos han apostado por entregar el dinero al Gobierno central, Juan Antonio García Abreu, de La Victoria de Acentejo, e Ignacio Rodríguez, del municipio vecino de La Matanza y ambos del PSOE, mientras que la alcaldesa accidental de Buenavista del Norte no ha podido ser localizada.
Otros no lo tienen claro porque se encuentran a la espera de los informes técnicos de Intervención a reunirse con la oposición o a la Comisión Insular de la FECAM para tomar una decisión definitiva, como es el caso de Fidela Velázquez, del PSOE que gobierna en San Juan de la Rambla junto con AUPG-Sí se puede y AIS-CC; Marco González, del mismo partido que lo hace con la Asamblea Ciudadana Portuense, José Heriberto González (CC), en Garachico; o Juan Acosta, en Santa Úrsula (AISU) aunque en estos dos últimos casos, todo apunta a que tampoco lo entregarán, e Ignacio Rodríguez, que sí lo haría.
En el caso de Los Silos es el único Ayuntamiento que todavía está cumpliendo el Plan de Ajuste de 2012 y no cuenta con remanente pero su alcaldesa, Macarena Fuentes, apoya a quienes no lo entregarán porque defiende que ese dinero es de los ciudadanos.
Pese a que es voluntaria, Antonio Hernández define la medida del Gobierno central como “un atraco a las administraciones locales, un robo sin precedentes” que no se puede consentir porque les obligará a endeudarse a medio plazo por falta de liquidez. Su remanente es de 7,7 millones de los cuales 3,3 ya están comprometidos con inversiones.
Su compañero de partido, Manuel Domínguez, se expresa en términos similares, al calificar la medida como “un robo” y considera que para activar la economía “lo que deben hacer es dejarnos invertir los remanentes, especialmente en obras”.
Francis González también se decanta por el ‘no’ sobre todo porque “ya se han hecho una serie de actuaciones, modificado y amortización de deuda para utilizar parte de ese remanente”.
En el caso de El Tanque, un Ayuntamiento pequeño para una población que no llega a los 3.000 habitantes, su alcalde “descarta” rotundamente, ceder sus ahorros, ya que pondría en riesgo la prestación de servicios básicos.
Juan Antonio Abreu, a favor del ‘si’ argumenta que a día de hoy es la única forma legal para hacer frente a la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP y “que complicó la vida a las administraciones locales”.
En la misma línea se pronuncia Ignacio Rodríguez porque además, “liberaría a los ayuntamientos de tener que pagar a los bancos por el dinero depositado”.
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