El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, ha confirmado que la formación naranja solicitará al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), que cese de sus responsabilidades sobre las áreas municipales de Seguridad, Movilidad, Accesibilidad y Promoción Económica a la concejala no adscrita Evelyn Alonso. Una petición que se formula tras conocerse ayer un fallo del Tribunal Supremo, a raíz del caso de un edil valenciano, en el que se especifica que quien pueda ser considerado tránsfuga no podrá asumir cargos o percibir “retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.
De este modo, aumenta la presión sobre Alonso para que renuncie a formar parte del grupo de Gobierno de la capital tinerfeña, algo que ya ha sido reclamado por los partidos de la oposición. Aún así, el número tres de Inés Arrimadas señala que irán más allá, y sostienen que el “deber” de Alonso es que “renuncie al acta”, puesto que tras su toma de posesión suscribió un acuerdo con Coalición Canaria y Partido Popular para presentar una moción de censura contra la entonces regidora, la socialista Patricia Hernández Gutiérrez, en detrimento de las directrices de Cs, que abogaba por aportar “estabilidad” a las instituciones, especialmente en un contexto de crisis sanitaria como el actual.
Cuadrado concreta, además, sobre de la comunicación que dirigirán a Bermúdez, que ya han sido debidamente informados de la postura oficial del partido tanto el coordinador autonómico de Ciudadanos en Canarias, el también vicepresidente del Cabildo de Tenerife Enrique Arriaga, como la concejala naranja de la ciudad, Matilde Zambudio.
“La justicia ha dado la razón una vez más a Ciudadanos”, destaca Carlos Cuadrado, en referencia a su planteamiento sobre el transfuguismo; una condición que, consideran, “no deja de ser un tipo de corrupción”. En este sentido, adelanta que apostarán “por que se renueve el Pacto Antitransfuguismo” a nivel nacional, con el objetivo de que este tipo de escenarios dejen de tener lugar en las administraciones públicas españolas.
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