Política

El Parlamento canario apoya el decreto de simplificación administrativa

La intención es que los distintos grupos parlamentarios puedan introducir ciertos cambios mediante enmiendas parciales

Pleno en el Parlamento de Canarias. Fran Pallero
Pleno en el Parlamento de Canarias. Fran Pallero

El pleno del Parlamento de Canarias ha apoyado este miércoles por unanimidad la convalidación del decreto ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias como proyecto de ley.

La intención es que los distintos grupos parlamentarios puedan introducir ciertos cambios mediante enmiendas parciales.

El decreto ley 15/2020, de 10 septiembre, se aplicará así con carácter urgente para simplificar trámites administrativos y burocráticos, con modificaciones en cuatro disposiciones finales recogidas hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y tras críticas de los grupos de la oposición durante el debate plenario pese a la unanimidad final en la votación.

La portavoz del Partido Popular Luz Reverón ha reprochado al Gobierno de Canarias que utilice los decretos leyes de manera ordinaria, “no extraordinaria”, como demuestra, a su juicio, que hayan tramitado 17 decretos leyes en 15 meses de mandato, lo que le parece un afán del Ejecutivo por usurpar funciones al poder legislativo.

Reverón ha recordado asimismo la aprobación de la ley del suelo en julio del 2017, que también pretendía, en su opinión, simplificar la administración, y a la que se opusieron entonces el PSOE, Sí Podemos Canarias y Nueva Canarias.

Tanto Reverón como la portavoz nacionalista Socorro Beato han recordado que los grupos que hoy forman el Gobierno canario los calificaron en aquel momento de “depredadores del suelo” y de “amigos del cemento”.

“Bienvenidos a las políticas liberales del PP, quién lo iba a decir”, ha ironizado la portavoz popular, quien ha destacado la modificación del artículo 72 del decreto por la cual no se discrimina ningún suelo rústico de protección agraria para implantar instalaciones fotovoltaicas.

Socorro Beato ha dicho que su grupo comparte los objetivos del decreto ley, pero no su fondo, que el Ejecutivo se ha llevado un “severo varapalo” del Consejo Consultivo tras declarar que no ha habido participación ciudadana ni institucional en su elaboración, y que la reunión de hoy con esas administraciones se produce cuando el decreto lleva semanas en vigor y pertenece al “ámbito del Parlamento”.

“Este decreto va a generar inseguridad y vacíos legales, como un efecto placebo que no mejora nada, y no cumple con los objetivos de la simplificación, pero votaremos a favor porque se puede tramitar como proyecto de ley y en el trámite de enmiendas contribuiremos a mejorar la regulación en el trámite de enmiendas”, ha concluido Beato.

Para el portavoz del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos), este decreto es un “reflejo” de otros decretos y leyes presentadas en otras comunidades autónomas donde gobierna Ciudadanos, como Castilla–La Mancha, y que también tienen por objeto la reconstrucción social y económica de sus territorios.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha asegurado por su parte que el decreto es “imprescindible” e “inaplazable”, y que busca “desburocratizar”, modernizar y agilizar la administración pública ante unas trabas administrativas “ineficaces” para responder con prontitud a las demandas de la ciudadanía.

Marrero ha hecho hincapié, eso sí, en que el decreto no provocará una pérdida de garantías jurídicas en los procedimientos, controles en la legalidad y un uso adecuado de los recursos públicos.

“Este es un decreto reactivo porque afronta a esta crisis socioeconómica, y preventivo, porque pretende anticiparse a posibles retrocesos como confinamientos parciales o totales. Hay razones más que suficientes para justificar las circunstancias urgentes”, ha insistido Marrero.

En esa línea se ha mostrado el diputado socialista Manuel Martínez, quien ha citado a los 83.500 trabajadores en ERTE y 257.400 trabajadores en el paro y una caída del 60 % del negocio del sector turístico, y la disminución del PIB entre un 20 y un 30 por ciento como razones para aplicar el decreto.

Esther González (Nueva Canarias) ha subrayado que el decreto ley cumple con los objetivos establecidos en el pacto de reactivación social y económica suscrito el pasado 30 de mayo tras “un amplio consenso” económico, social y político, que ya recogía la agilización administrativa como un asunto estratégico.

González ha destacado que el decreto simplifica, pero no desregula, y ha propuesto reorganizar los recursos humanos en cada administración y colocarlos en los departamentos donde sean más necesarios para agilizar los trámites.

Y ha reprochado al consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que una de las modificaciones de las disposiciones finales sea “de fondo”.