justicia y tribunales

Miguel Concepción, condenado a 23 meses de prisión

Y al pago de una multa de casi 4 millones de euros
Imagen de Miguel Concepción a la entrada del Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife. Fran Pallero
Imagen de Miguel Concepción a la entrada del Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife. Fran Pallero
Imagen de Miguel Concepción a la entrada del Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife. Fran Pallero

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 23 meses de prisión al presidente de Islas Airways Miguel Concepción Cáceres, como culpable de un delito continuado de estafa agravada. Sus hijas Verónica y Eloisa Concepción Rodríguez han sido condenadas a ocho meses de prisión como cómplices de ese mismo delito .

La sentencia de conformidad -durante la vista oral del juicio, el también presidente del Club Deportivo Tenerife admitió su culpa y aceptó su condena, al igual que sus hijas- declara probado que los acusados, entre 2008 y 2011, en su calidad de responsables de la citada compañía aérea, hicieron una interpretación fraudulenta del Real Decreto que regula el procedimiento para que los ciudadanos canarios disfruten de un descuento en los vuelos, y remitieron a sabiendas al Ministerio de Fomento ficheros de vuelos y certificaciones “que aparentaban ser correctos y contar con respaldo documental”, lo que les permitió “superar los controles rutinarios, cuando en realidad carecían de sustento o no respondían a la realidad, logrando de esta manera obtener bonificaciones superiores a las realmente debidas en los términos exigidos por el Real Decreto y la Ley de Subvenciones, por un importe de 8.399.180,32 euros”.

Además de la condena penal, el fallo impone a Concepción y a sus hijas la inhabilitación especial para el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el tiempo de duración de las condenas principales, y establece que deberán indemnizar a Fomento en la cantidad de 3.987.769 euros.

El fallo es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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