Regreso a la barbarie

La involución política en España es un hecho. España, “ese bello y trágico país” (S. Zweig), se fue haciendo a sí misma al tiempo que dejaba su impronta en toda la América hispana. Y esa huella quedó impresa con todas las de la ley. Pliegues hermosos, pliegues patéticos, pliegues de violencia fratricida…

Parece que inexorablemente volvemos a las andadas. Con el agravante de que ese retorno no va a tener como contrapeso, aunque fuera endeble contrapeso, un escenario de democracias occidentales vigorosas. Digo occidentales porque la democracia siempre y solo fue una realidad en unos pocos y privilegiados países desarrollados, cuya prosperidad se asentó en la explotación de la mayor parte del resto de la Humanidad. Y, por cierto, durante períodos efímeros en términos históricos.

Pero hoy las democracias están en decadencia. Me refiero a los sistemas de convivencia y de gobierno en los que el poder se legitima en la voluntad del pueblo expresada con garantías, los conflictos económicos y sociales se resuelven pacífica y regladamente (lo que no es factible en sociedades desgarradas por desigualdades abismales, como llegó a señalar Aristóteles hace más de dos milenios), donde el poder del Estado se distribuye entre los departamentos legislativo, ejecutivo y una justicia razonablemente independiente.

El triunfo del capitalismo occidental y de la democracia de matriz liberal frente a las economías estatalizadas y las dictaduras de partido único pareció augurar una etapa de asentamiento de la democracia a escala planetaria.

Transcurridas apenas tres décadas desde el derrumbe del telón de acero, liberado el capitalismo de la amenaza que supuso la expansión de la Unión Soviética durante algunas décadas, la democracia ha entrado en una profunda crisis. Los sistemas autoritarios de todo pelaje, los rescoldos del estalinismo, las monarquías despóticas petroleras, las ensoñaciones neo imperialistas turcas, la degeneración trumpista, el neofascismo orbanista o bolsonarista, el esperpento autocrático del chavismo, la dictadura comunista/capitalista de la potencia hegemónica ante la que nadie se atreve a rechistar… conforman un inicio de milenio de paisaje siniestro y desmoralizador, en el que los crímenes de Estado, el exterminio de la disidencia y la aceptación de que el gobernante “está libre de perseguir sus propios fines sin sentirse obligado a tener en cuenta los preceptos morales a los que está obligado el individuo en relación a los otros” (N. Bobbio) vuelven a ser vistos con resignación y naturalidad.

Y en eso llegó Fidel, digo este PP. Liderado por un insolvente que viene negando la legitimidad del Gobierno desde el mismísimo debate de investidura o puede pasar en pocos días de llamar al estado de alarma “dictadura constitucional” (asesorado por la ex fiscal general y por algún constitucionalista) y exigir su derogación inmediata, a acusar al Gobierno de falta de liderazgo y parapetarse tras las autonomías. Que denuncia enfáticamente como “la mayor crisis institucional de la democracia” el episodio de la ausencia del Rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de la Escuela Judicial (cuyos entresijos vamos conociendo estos días, con la Sentencia del caso Torra por en medio), desde un partido abrumado por indicios de haber abusado delictivamente el poder del Estado para destruir las pruebas de su corrupción cronificada y que, de la mano de un presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace dos años, pretende efectuar (Trump es un aprendiz de la derecha española, y no al revés) nombramientos judiciales de gran relevancia para, entre otros fines controlar directamente (o desde atrás, que diría Cosidó) la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgará a los aforados.

Porque la justicia se administra en nombre del Rey, lo que no deja de ser una expresión tributaria de la tradición, pero “emana del pueblo” (117.1 CE). Y emana del pueblo en los términos establecidos por Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa Ley Orgánica, avalada en su día por el Tribunal Constitucional, que el PP prometió cambiar para que el gobierno de los jueces se convirtiera en autogobierno de una judicatura mayoritariamente conservadora (pero no lo hizo, sino que la aprovechó a fondo), que Lemes y el PP están defraudando manteniendo una cúpula del poder judicial que refleja la composición del Congreso y del Senado, que representan al pueblo del que emana la justicia, de hace tres legislaturas, cuando tenía mayoría absoluta el partido que hoy tiene 89 diputados. Mantenerla para que tome las decisiones relevantes que convienen a un PP en apuros.

Y hoy, lo que nos faltaba: un Aznar que no votó la Constitución y que tiene cada día una expresión más ferina, se escandaliza de que “Illa, un catalán y socialista pueda confinar Madrid”. Si esa es la calidad del maestro, imagínense la de sus acólitos de la actual dirección nacional del PP.

Porque alguien como Aznar, que no sea socialista ni catalán, sí puede embarcar a esta España nuestra en una guerra de agresión violando el Derecho Internacional y sustentada en las mentiras de la existencia de armas de destrucción masiva en el Iraq de Saddam Husseim; pero un gobierno “social-comunista” que representa a la anti-España, no puede ejercer sus competencias constitucionales y legales ante una situación descontrolada como la de Madrid, que con el 14 % de la población española acumula el 40% de los contagios.
Mal asunto, volvemos a la peor versión de este querido y atormentado país.

Todos los días pienso que el verdadero trasfondo de todo esto, el que explica cómo en España y en otros tantos países empiezan a aflorar partidos que acompañan la consabida letanía de patrioterismo huero y la adulación militarista, con una implacable oposición a toda medida que tenga que ver con la defensa del Estado Social. Y se ofrecen, sin complejos, al más despiadado capitalismo como fuerzas de choque.

Lo que está detrás de todo, una vez más, es la disyuntiva democracia/autoritarismo. En España y fuera de España. Y, en el trasfondo de todo, la cuestión de quién va a pagar esta crisis. Si va a hacer a los pobres más pobres, como ocurrió a lo largo de toda la última década, o vamos a intentar, como viene comprometiendo el Gobierno social-comunista, “que nadie quede atrás”. Esta es la clave. Por eso la ultraderecha y los poderosos sectores que la alientan pretenden destruirlo. Al precio que sea.

Por eso me parece completamente fuera de lugar tratar de convertir la disyuntiva monarquía/república en tema preferente de la agenda política, al socaire de los escándalos protagonizados por quien tenía como deber primordial la guarda de la Constitución del 78 y el sistema de convivencia pactado en La Transición, probablemente el más ajustado a la piel de este país que habría podido imaginarse. Es la coartada que necesitaba la ultraderecha. Tanto que la habría inventado, si no se la estuvieran regalando algunos sectores de izquierdas.

La verdad, no pude imaginar cuando con tantos jóvenes de los primeros 70 propugnábamos el retorno a la democracia y, más tarde, votamos decididamente una Constitución que propugnaba democracia parlamentaria, encomendaba la dirección del Estado a un Gobierno surgido de las urnas, garantizaba derechos y libertades , aseguraba la unidad de España -pero también el reconocimiento de la pluralidad, autonomía y solidaridad de sus territorios-, restablecía la Monarquía como símbolo de la unidad y permanencia del Estado y, sobre todo, proclamaba el Estado Social para remover injusticias seculares, quienes no la votaron pretendan secuestrar un espíritu constitucional reducido a la invocación hueca de la unidad de España y pretendan poner en pie el “bloque monárquico” (E. Juliana). Es decir, mera reproducción de la versión ultraconservadora de la España eterna. Pobre España.