En tiempos de crisis, presupuestos expansivos y anticíclicos para intentar estimular la economía. No sería una mala máxima para definir los presupuestos que el Ejecutivo canario aprobará hoy en Consejo de Gobierno y que se acercan a los 8.500 millones de euros, un 5% más que el presupuesto del año 2020. Si se cumplen las previsiones en este contexto tan volátil, la economía crecerá en 2021 un 17,3%, después de la caída del 21,6% con la que podría terminar este año.
Fuentes asistentes a la reunión del Consejo Asesor del Presidente, donde se presentaron ayer las líneas fundamentales del Presupuesto, aseguran que el Gobierno contempla estas cuentas como una cifra base, pero espera que se vayan incorporando más recursos estatales y europeos. Por lo pronto, el Ejecutivo avanza un aumento del gasto en educación, sanidad y derechos sociales de 304 millones de euros, que son los tres grandes pilares del Estado del bienestar. Los servicios públicos, incluido la vivienda, se llevan el 75% del presupuesto, 6.356 millones.
El Gobierno prevé un aumento del 17,5% en la inversión pública para reactivar a los sectores productivos. De los 1.008 millones del presupuesto vigente a 1.178 el año que viene. Eso significa dinero para turismo, transición ecológica, carreteras, escuelas, obras de saneamiento, viviendas públicas, etc. Solo en este último capítulo va a haber 127 millones de euros, a los que previsiblemente se sumarán 60 millones de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, el Ejecutivo autónomo intenta estimular, vía obra pública, la economía que, en cifras reales, pasará de 47.200.000 millones de euros de PIB en 2019 a 36.600.000 millones este 2020. En 2021 se prevé que el PIB canario remonte hasta los 42.800.000 millones. El paro alcanzará el 23% de la población activa a finales de este año, y el que viene subirá hasta el 25%.
Para financiar el presupuesto, el Ejecutivo ha renunciado a aumentar los impuestos, a pesar de que se prevé recaudar 1.345 millones en impuestos indirectos, unos 400 millones menos que el año anterior, fundamentalmente a causa de la caída de la actividad económica. El Ejecutivo tampoco prevé acudir al endeudamiento, como informó hace poco en el Parlamento el propio vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Eso a pesar de que el Estado suspendió la regla de gasto, una laxitud fiscal que ha sido posible gracias a la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, que ha inundado el mercado con 1,3 billones de euros. Alguien que hubiera muerto en 2010 y resucitara ahora no podría creerse que las instituciones europeas hayan actuado de dos maneras tan diferentes en la crisis de 2008 y esta.
El grueso del presupuesto se obtiene de las transferencias corrientes y de capital que provienen del Estado y, en mucha menor cuantía, de la U.E. Y otra parte ya asegurada son los convenios, como el de carreteras, que supondrá 200 millones de euros el año que viene. El Ejecutivo también tirará de 200 millones de euros en remanentes y ahorros, entre ellos, 100 de los 500 famosos millones del convenio de carreteras que terminaron en el superávit de 2018 porque el Ejecutivo del entonces presidente, Fernando Clavijo, se negó a aceptarlos al considerar que eran una cantidad menor de la que correspondía legalmente al archipiélago. Hace unas semanas, el presidente, Ángel Víctor Torres, aseguró que esos 500 millones de euros de superávit llegarían en tandas. Y para el Ejecutivo no es malo, pues no le conviene disparar todas las balas antes de que llegue el previsible ajuste fiscal cuando la economía empiece a remontar.
“Ahora hay que ver la letra pequeña, pero el presupuesto suena muy bien”, afirmaba ayer una de las personas que participó en la reunión del Consejo Asesor. Hay algunos fondos adicionales que podrían llegar en los próximos meses si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. Como el agua de riego agrícola, el POSEI adicional o el Plan de Empleo, entre otros. Pero eso dependerá de la capacidad de negociación presupuestaria en Madrid, una cuestión que tenía ayer contrariada a CC, que afirmaba que el presupuesto no cumplía ni con el REF ni con el Estatuto canario. En NC, su diputado, Pedro Quevedo, afirmaba que el presupuesto iba en la buena dirección aunque hay flecos que cerrar.
Aunque no está dentro del presupuesto canario sino lo gestiona el Estado, una de las cosas que destacan en el Ejecutivo canario es el esfuerzo estatal en el Ingreso Mínimo Vital. Entre 180 y 200 millones de euros para llegar a unas 60.000 familias, frente a las 8.500 que cubre la actual Prestación Canaria de Inserción. Un salto brutal siempre y cuando de verdad llegue a todos los que tienen derecho al Ingreso.
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