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Veto al rey y refrendo

El Gobierno ha reconocido que vetó la asistencia del rey a un acto judicial en Barcelona porque entendió que las circunstancias lo desaconsejaban. Y el ministro de Justicia ha afirmado que la agenda del rey se decide colegiadamente entre la Casa Real y el Gobierno. La pregunta surge de inmediato: ¿El jefe del Estado necesita autorización del Gobierno para moverse por el Estado? ¿Su agenda está mediatizada por las decisiones –y la conveniencia política- del Gobierno? ¿El refrendo de los actos del rey que preceptúa la Constitución, sin el cual carecen de validez y que es consecuencia de su irresponsabilidad política, puede justificar ese control de la asistencia real a actos institucionales o de contenido privado? En otras palabras, ¿el Gobierno tiene que autorizarlo cuando se desplaza a Oviedo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, o cuando decide pasar unas vacaciones en Mallorca? ¿El Gobierno tiene que censurar el contenido de sus mensajes de Navidad o sus intervenciones extraordinarias, como la que protagonizó con motivo de los sucesos de Cataluña? Porque la respuesta a estos últimos interrogantes parece que debe ser negativa, y la asistencia al acto de Barcelona era totalmente equiparable a estos últimos supuestos.

Hemos de tener en cuenta, además, que la Constitución establece que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, lo que es todo lo contrario a que una institución como el Gobierno arbitre y modere el funcionamiento regular de la Corona. Y no olvidemos tampoco que el Rey puede presidir el Consejo de Ministros. Hemos de concluir entonces que el refrendo se refiere a la firma obligada de decisiones políticas, leyes y nombramientos, que son actos debidos que el rey no puede rehusar (no en vano la doctrina francesa llama al refrendo “doble firma”). Pero que el titular de la Corona no es una simple marioneta sin voluntad propia y cuyos hilos maneja el Gobierno de turno, ni tampoco es un muñeco en cuya boca el Gobierno ventrílocuo pone sus propias palabras.

En una monarquía parlamentaria como la española, el rey posee un poder, residual pero efectivo, fruto de su condición de símbolo de la unidad y permanencia del Estado; un poder moderador, relacional o neutro, como lo denomina Benjamín Constant, el gran estudioso de las transformaciones de las monarquías occidentales durante el siglo XIX y de los Ejecutivos dualistas que generan, consecuencia inmediata del triunfo del liberalismo y del movimiento constitucional que le está asociado. Y ninguna de esas Constituciones autoriza o permite el secuestro político del monarca por su Gobierno.

Pedro Sánchez debe tener claro entonces que la obediencia del rey a su veto a la asistencia al acto de Barcelona, al que a Felipe VI le hubiese gustado asistir –y cuya asistencia era políticamente tan oportuna-, se debió a la prudencia política y no a una obligación constitucional o legal. Y que exactamente lo mismo ocurre con esas decisiones sobre la agenda real colegiadas entre la Casa Real y el Gobierno. Sería muy conveniente, también, que esas decisiones colegiadas incluyeran el final de los ataques sistemáticos en contra de la Corona y el rey que protagonizan Pablo Iglesias y los ministros de Podemos. Sobre todo para no terminar de destruir la democracia en este país.

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