Tribuna

Inmigración: plan contra Canarias

La respuesta del Gobierno central ante la grave situación migratoria que vive Canarias es completamente decepcionante. Lejos de asumir que se trata de un problema compartido, con España y con la Unión Europea, dejan sola a Canarias y se inventan una frontera entre las Islas y el resto del Estado para que nuestra Comunidad se […]

La respuesta del Gobierno central ante la grave situación migratoria que vive Canarias es completamente decepcionante. Lejos de asumir que se trata de un problema compartido, con España y con la Unión Europea, dejan sola a Canarias y se inventan una frontera entre las Islas y el resto del Estado para que nuestra Comunidad se convierta en lugar de retención, en muro de la vergüenza, en cárcel atlántica de las personas migrantes procedentes de África. Decisiones equivocadas e injustas que dañan a los migrantes, vulneran los derechos humanos y ponen en riesgo la convivencia, que no estamos dispuestos a aceptar. El Plan Canarias para la acogida de migrantes no apunta a una solución compartida y solidaria. Ha sido elaborado sin Canarias y contra Canarias. El Gobierno español tiene capacidad y respaldo legal para realizar derivaciones a otras comunidades del Estado. Puede y no quiere hacerlas.
Los graves hechos del pasado martes 17 de noviembre suponen una vuelta de tuerca en una trayectoria de improvisación, errores y ausencia de política migratoria por parte del Gobierno central; y de escasa implicación, también, de la Unión Europea. La sorprendente puesta en la calle de más de 200 personas del campamento de Arguineguín, sin avisar a las instituciones canarias, y su traslado a Las Palmas de Gran Canaria, dejándolos a la intemperie sin recursos de acogida, causó un enorme impacto en la ciudadanía de las Islas, extensible al resto del Estado y a escala internacional.
La solución humanitaria a su inaceptable hacinamiento no era abandonarlas a su suerte, sin recursos, sin agua ni comida, sin lugar dónde alojarse. Sino buscarles unas instalaciones adecuadas mientras permanezcan en esta tierra, desde el trato digno y el respeto a los derechos humanos, y facilitar las derivaciones hacia otras comunidades. Impedir esas derivaciones inventando una frontera artificial entre Canarias y el resto del Estado es inadmisible. Los fenómenos migratorios hacia nuestro Archipiélago se han intensificado significativamente en este 2020. Situado aún lejos de las cifras de 2006 (año en el que llegaron más de 31.000 personas), hasta ahora ya han arribado a nuestras costas en torno a 19.000 a bordo de barquillas y cayucos. Con récord en octubre y en lo que va de este mes: en sus primeros 15 días arribaron 5.400, un tercio del global del conjunto del año. Del total, un 55% son marroquíes y un 45% subsaharianos. Lejos de remitir, las cifras aumentan mes a mes. De mantenerse el actual ritmo, a final de diciembre podríamos estar en datos similares a los del año 2006.
Un incremento que se ha agravado con la pandemia de la COVID-19 y las limitaciones a la movilidad, empobreciendo aún más al cercano continente. En estados donde su gente, la mayoría con trabajos en la economía sumergida, se ha quedado sin ingresos al no existir cobertura social alguna. Esto empuja a miles de hombres y mujeres a jugársela en arriesgados traslados; muchas de ellas se han dejado la vida en el mar en su intento de llegar a un mundo que les posibilite mejorar sus condiciones de vida. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. El pueblo canario sabe bastante de eso. Muchos de sus habitantes, en distintas etapas, la más reciente a mitad del siglo XX, salieron de las islas hacia Argentina, Cuba, Venezuela, Uruguay, el Sáhara o Mauritania. Los fenómenos migratorios están siendo, también, una de las señas de identidad del siglo XXI. Todo indica que se van a intensificar en el futuro a consecuencia de la crisis climática, que empeorará gravemente las condiciones de vida en muchos lugares del planeta, y de las crecientes desigualdades entre países.
En nuestro caso, Canarias, por su cercanía al continente africano y su inserción política y económica en el Estado español y en la UE, es percibida por muchos hombres y mujeres del continente africano como lugar de paso, como puente para poder acercarse al continente europeo, donde tienen establecidas sus esperanzas y en donde cuentan en muchos casos con relaciones amistosas o familiares. No vienen con la intención de quedarse, sino para llegar al lugar de sus sueños, en Francia, Bélgica u otros estados de la Unión.
Esa condición, agravada por el cierre de flujos en las costas mediterráneas, hace que Canarias esté viviendo una situación muy complicada. Sin que haya habido una respuesta coordinada del Gobierno central, habilitando centros de acogida en instalaciones civiles o militares y, al tiempo, procediendo a la derivación a otras comunidades autónomas a partir de determinadas cifras que superen nuestra capacidad de acogida, para lo que debe haber solidaridad y cooperación con Canarias. En ese sentido, agradezco la voluntad de colaborar en esta materia expresada por los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, País Vasco o Extremadura. Más grave es, aun, el tema de los menores. Su tutela corresponde a las comunidades autónomas. Canarias atiende a unos 2.000 migrantes menores de edad, cifra que, con toda probabilidad, seguirá aumentando, que excede ampliamente nuestra capacidad para garantizar el adecuado acogimiento de estos menores y sus expectativas más inmediatas, pues muchos de ellos tendrán la mayoría de edad en un plazo de uno o dos años. Por ello, el Gobierno de Canarias plantea al Estado suscribir un convenio de colaboración sobre la atención a menores extranjeros no acompañados, que incluya la derivación hacia otras comunidades y un fondo específico estatal para atender adecuadamente a esos menores. Solicitando, igualmente, que el Estado requiera partidas diferenciadas para este fin en el marco de los fondos de emergencia de la Comisión Europea, para utilizarlos ante de final del año; y que el presupuesto estatal garantice la financiación de su atención.
Considero que en el fenómeno migratorio hay que actuar desde la colaboración al desarrollo de los países emisores para permitirles tener oportunidades de vida en sus tierras de origen. Desde el estricto cumplimiento de la legislación sobre el derecho de asilo. Y, asimismo, desde el establecimiento de cuotas migratorias regladas, que eviten el sufrimiento, las cuantiosas pérdidas de vidas humanas y el enriquecimiento de las mafias que trafican con personas, y que incorporen trabajadores y trabajadoras a muchos estados europeos que, por razones demográficas, precisan mano de obra para el funcionamiento de sus economías y el mantenimiento del Estado Social.
Y en lo más inmediato, hay que atender a las personas inmigrantes en condiciones dignas y con respeto a los derechos humanos; y, cuando se supere la capacidad de atención en las Islas, proceder a su traslado a otras comunidades. Como reclaman el conjunto de las instituciones canarias, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las formaciones políticas, las ONG y los dos obispados de las Islas. Desde el mayor nivel de unidad de la sociedad canaria, tenemos que hacer frente a esta situación ante la falta de compromiso del Estado.
El Plan Canarias para la acogida de migrantes presentado por el ministro Escrivá ha sido elaborado al margen y en contra de nuestra Comunidad. La respuesta de acogida no puede ser solo en Canarias, sino en el conjunto del Estado. El cupo planteado para los campamentos en el Archipiélago, 7.000, es inaceptable y, por experiencia, tememos que sea, además, incumplido. Las contradicciones y diferencias entre los ministros continúan y sus visitas y declaraciones solo añaden más incertidumbre y mayor malestar social e institucional; con un trato cuasicolonial a esta tierra y a su gente. No podemos tolerar la tesis de que se quedan donde llegan. Pretender convertirnos en un nuevo muro de la vergüenza del siglo XXI es insostenible. Considerar que la solución pasa por el incremento de la presencia policial es no entender nada. Si el Estado no se implica, desde el Gobierno canario exploraremos las derivaciones mediante relación bilateral con distintas comunidades. Y también todas las vías institucionales, judiciales y sociales. Canarias no puede ni debe ser una gran cárcel de inmigrantes en el Atlántico, por más que se empecinen desde Madrid.

*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias